Rebeca Madrigal Q.. 17 agosto
Las autoridades de Hacienda hicieron los cambios en pluses que introdujo la reforma fiscal. En la imagen de izquierda a derecha, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta; la directora de TIC, Alicia Avendaño; la ministra, Rocío Aguilar; y el viceministro Rodolfo Cordero. Fotografía Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo
Las autoridades de Hacienda hicieron los cambios en pluses que introdujo la reforma fiscal. En la imagen de izquierda a derecha, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta; la directora de TIC, Alicia Avendaño; la ministra, Rocío Aguilar; y el viceministro Rodolfo Cordero. Fotografía Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo

El Ministerio de Hacienda logró ajustar en julio el pago de 95 pluses salariales que reciben 127.000 empleados del Gobierno central, con el objetivo de detener el crecimiento de su peso en el gasto público.

Antes, estos incentivos se pagaban como porcentajes del salario. Ahora, fueron convertidos a montos nominales, es decir, a montos fijos.

Este cambio, ordenado por la reforma fiscal, evita que el gasto en pluses crezca cada vez que crecen los salarios base. Los 127.000 representan el 45% de todos los funcionarios del Estado, que son cerca de 277.000.

Alicia Avendaño, directora de Tecnologías de Información de Hacienda, confirmó que el cambio tecnológico se concretó la segunda quincena de julio para todos los empleados de los ministerios, incluidos los de Educación Pública (MEP), entidad que tiene la planilla más grande del Estado, con más de 80.000 personeros.

El ajuste también se extendió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a la Defensoría de los Habitantes. No cubre al segundo empleador del país, la Caja Costarricense de Seguro de Seguro Social (CCSS), que cuenta con 57.000 empleados, tampoco a la Asamblea Legislativa.

Se convirtieron en montos nominales, por ejemplo, el pago extra de hasta un 95% del salario base por zonaje, en varias instituciones, así como el 40% de desarraigo que desembolsa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el 30% por doble jornada del Ministerio de Educación (MEP).

También, se transformaron a montos fijos el 25% por conocimientos en computación en varias entidades, el 25% de discrecionalidad en Presidencia, el 25% por competitividad en el TSE y el 10,33% de incentivo especial de la Defensoría.

La Nación consultó a Hacienda si también se convirtieron los incentivos médicos de los profesionales de ciencias de salud que trabajan para el Gobierno Central en los consultorios de la mayoría de las instituciones. La respuesta de Avendaño es que no hubo excepción.

Estos médicos no son contratados por la CCSS.

Para hacer el cambio, Hacienda se apegó a lo que indican la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el reglamento sobre el capítulo de Empleo Público y dos reformas posteriores que aclararon algunos puntos sobre el cálculo de las anualidades, informó Hacienda.

Avendaño aseguró que no hubo limitaciones tecnológicas en la aplicación de ley, aunque sí fue necesario hacer consultas a las autoridades rectoras como el Ministerio de Planificación (Mideplán) y la Dirección General de Servicio Civil acerca el cálculo de los pluses.

Por ejemplo, existían dudas sobre cuál salario base se debía utilizar para calcular las anualidades de las personas que habían sido ascendidas.

Esa duda la solventó un decreto del pasado 31 de julio, el cual aclaró que se deben calcular sobre la base del nuevo puesto, aunque hayan sido acumuladas en un puesto con menor salario.

Para la segunda quincena de agosto, el Ministerio de Hacienda también procederá a pagar, como montos fijos, las nuevas anualidades que fija la reforma fiscal: el equivalente a un 1,94% del salario base para profesionales y un 2,54% para no profesionales.

Las instituciones que pagaban anualidades mayores ahora no podrán pasarse de estos parámetros.

Además, el monto nominal permanecerá invariable en adelante. Por ejemplo, si un funcionario tiene un salario de ¢1 millón, la nueva anualidad equivaldrá a ¢19.400. Entonces, por cada nuevo año laborado, se sumarán otros ¢19.400.

Antes, con la modalidad porcentual, por cada nuevo año laborado, se sumaba otro 1,94% por cada anualidad. Entonces, si el salario base subía en cierto tiempo a ¢1,1 millones, cada anualidad subía a ¢21.340.

Las nuevas anualidades, que entraron a regir con la reforma fiscal desde el 4 de diciembre de 2018, se debían reconocer en junio. Sin embargo, Hacienda las pagará este mes de forma retroactiva. El gobierno optó por pagarlas hasta que se aclararan todas las dudas.

Aunque la conversión de los pluses se debió hacer desde diciembre, los funcionarios no tendrán que devolver dinero alguno porque el Ministerio de Hacienda postergó el aumento salarial de enero para junio, por lo que los pluses porcentuales no subieron. Ahora, el gobierno pagará en retroactivo.

Con este ajuste, alrededor del 45% de los funcionarios estaría en regla con las reformas a empleo público.

Sin cambios

Otras entidades, en su autonomía, deben aplicar los cambios. Sin embargo, algunas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Junta de Protección Social (JPS) se han resistido.

El argumento de la CCSS es que existe una imposibilidad material y tecnológica para variar 17 pluses a sus 57.000 funcionarios, dada la complejidad de su planilla y la obsolescencia de su programa informático para hacerlo.

A su vez, los sindicatos reclaman el cumplimiento de un acuerdo firmado el 20 de febrero por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, en el que se comprometió a seguir pagando montos porcentuales pese a lo que estableció la ley.

Dicha disputa se resolvería en tribunales, según el acuerdo del pasado lunes, avalado por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Hasta entonces, la CCSS seguirá pagando los pluses tal como se hacía antes de la reforma fiscal. Solo esta entidad paga ¢541.000 al año en sobresueldos a sus 57.000 empleados.

Por su parte, la JPS está a la espera de un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR, abogado del Estado) que aclare si se deben aplicar los cambios, pese a que algunos de los pluses, como anualidades, están establecidos en la convención colectiva que vence en diciembre.

En otros criterios, la PGR ha insistido que las convenciones colectivas no están por encima de la ley.

En la Asamblea Legislativa, la conversión de pluses a montos nominales también se ha retrasado por asuntos técnicos y falta de pautas claras para el cálculo de anualidades, según el departamento de Recursos Humanos.

A la fecha, el Congreso no ha ajustado pluses como los quinquenios (4,65%), peligrosidad (18%) y el grado profesional (10%). Tampoco los incentivos médicos que recibe el personal de salud del consultorio que atiende a los empleados legislativos.

Sin embargo, los 940 funcionarios del Congreso mantienen la base salarial de julio de 2018, por lo que los pluses, aunque se mantienen en términos porcentuales, no aumentan el gasto.

Las nuevas anualidades, bajo el nuevo cálculo y porcentajes, tampoco han sido reconocidas; tendrán que pagarlas retroactivas cuando se ajusten los sistemas informáticos, lo cual se prevé para las próximas semanas.

Cálculo

De acuerdo con la ley fiscal, cualquier plus que estuviera vigente a diciembre de 2018, tendría que convertirse a valores nominales, para lo que se utilizaría la escala salarial de julio de 2018.

La fijación nominal de la anualidad se encuentra en el artículo 50 de la ley, mientras que la misma regla para los demás incentivos y complementos quedó establecida en el artículo 54.

La única excepción que establece la ley es para los pluses de dedicación exclusiva y prohibición que se fijaron en términos porcentuales.