Rebeca Madrigal Q., Josué Bravo. 5 agosto
Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto: Rafael Pacheco
Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto: Rafael Pacheco

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tardará 20 meses en aplicar las medidas que ordenó la reforma fiscal para contener el gasto en los pluses salariales de los funcionarios públicos.

A causa de una imposibilidad tecnológica, la CCSS se tomará hasta marzo del 2021 para ajustar las fórmulas de cálculos de los incentivos que reciben sus 57.000 empleados.

No obstante, los sindicatos de la Caja se fueron a huelga este lunes para oponerse a la aplicación de estas medidas y se levantaron de una mesa de negociación con el gobierno a las 3 a. m. de este mismo 5 de agosto.

Los ajustes no implican ningún rebajo salarial, sino un freno al crecimiento exponencial en pluses como las anualidades.

Según Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, solo cuatro funcionarios de la entidad, próximos a jubilarse, dominan el lenguaje de programación sobre el que está sustentado el sistema actual de pago salarios.

Por ello, se optaría por desarrollar un nuevo sistema para hacer los cambios. Colocarle “parches” al sistema actual conlleva riesgos, aunque es una posibilidad que no está descartada.

“Esos son los temas que estamos abordando, ¿cómo hacemos para implementar la ley?, algunas cosas se irán arreglando con “parches” (en el software actual)", explicó el jerarca.

Agregó que “la ley no previó transitorios" para hacer los ajustes; "no podemos tener una ‘varita mágica’, especialmente cuando es un sistema escrito en cobol (lenguaje de programación) para 57 mil empleados”.

Del desarrollo del nuevo sistema tecnológico, dependerá el ajuste de las anualidades de lujo que reciben los médicos y otros profesionales de la salud, así como la conversión de pluses (en la CCSS se pagan decenas de complementos) de términos porcentuales a nominales como lo estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre de 2018.

También, depende la conversión de las anualidades anteriores de porcentajes a montos fijos, tal como lo aclaró el reglamento a la reforma de empleo público, incluida en dicha ley.

La futura plataforma se desarrolla con técnicos de la CCSS, así como con contrataciones privadas.

Uno de los aspectos fundamentales que objetan los sindicalistas es que las anualidades se transformen en un monto nominal y dejen de ser un porcentaje del salario base, lo cual detiene el crecimiento exponencial del gasto.

La reforma establece que las nuevas anualidades se deben calcular como un monto nominal a partir de estos porcentajes en el salario base del 2018: un 1,94% para profesionales y un 2,56% para no profesionales.

No obstante, la CCSS todavía paga un 5,5% a los profesionales en ciencias médicas, un 3,5% a los enfermeros y nutricionistas y un 3% a los no profesionales

Dicho beneficio representa un costo anual de unos ¢240.000 millones.

Tiran la bola a la Procuraduría

Hasta hace unas semanas, el argumento principal para no pagar los pluses acorde a la reforma fiscal, tal como lo reveló este medio, era que existían dudas legales sobre la aplicación de las anualidades a los médicos que están establecidas en la Ley de Incentivos.

Esas dudas no han sido aclaradas aún, pues ni el Servicio Civil ha tomado una determinación al respecto, ni la Procuraduría General de la República (PGR) se ha pronunciado ante una consulta del Ministerio de Planificación (Mideplán).

Semanas atrás, Macaya manifestó que se ajustarían a lo que determine el Servicio Civil, aunque su criterio no es vinculante.

Al respecto, el director de esa autoridad, Alfredo Hasbum, envió una respuesta a la Caja en la que asegura que también está a la espera lo que responda el abogado del Estado, en un oficio remitido, el pasado 23 de julio.

Mientras tanto, los sindicatos de salud se mantienen en huelga este lunes reclamando, por ejemplo, una interpretación distinta del ajuste en anualidades a la que se le aplicó a todo el Gobierno central, con la cual recibirían más dinero.

Por su parte, el Gobierno insiste en negociar un transitorio para la aplicación de las nuevas reglas de empleo público hasta marzo del próximo año.

En lo que sí están de acuerdo ambas partes es en que la regla fiscal no aplica al presupuesto de la CCSS, tal como lo acordó su junta directiva.

Esa medida de ahorro que aplica para el gobierno Central e instituciones autónomas, según la reforma fiscal, vincula el crecimiento de la economía y el endeudamiento de Hacienda, con el crecimiento de gastos en las instituciones públicas.

Otro punto en común con los sindicatos es que, ante la imposibilidad de hacer ajustes técnicos, la CCSS presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para excluir a la entidad de atender la obligación de eliminar el pago bisemanal por uno quincenal.

Macaya sostiene que, sobre este último punto, no existiría ninguna afectación al presupuesto institucional.