Cuando el rector Henning Jensen habla de anualidades en la Universidad de Costa Rica (UCR) casi se refiere a un paciente con una enfermedad crónica al que hay que mantener en vigilancia.
Lo dice así con justa razón: del 2010 al 2017, el costo de la retribución por años de servicio pasó de ¢22.800 millones a casi ¢60.000 millones anuales, lo que incluye anualidades y escalafón, otro incentivo que reconoce la experiencia.
La factura para los contribuyentes fue de casi ¢38.000 millones. Según datos recopilados por la Contraloría General de la República, la UCR paga casi lo mismo por años de servicio que por remuneraciones básicas.
El aumento se explica en parte porque, para el 2010, el Consejo Universitario acordó aumentar de un 3% a un 5,5% el porcentaje del salario que paga por cada año laborado.
Lo hizo sin un estudio sobre el impacto financiero de la medida y en un acuerdo ilegítimo, según dice el rector, tras tres años de estudiar lo que pasó en ese momento. Ni siquiera fue un compromiso firmado con el sindicato, pues la convención colectiva establecía un 3%.
"Fue una decisión política", dijo Jensen, en lo que él califica como un aumento "lesivo" para las finanzas de la institución.
Posteriormente, tras un acuerdo del Consejo Universitario de abril de 2017, se acordó rebajar la anualidad a lo que estaba fijado en la convención colectiva, es decir a un 3%, a partir del 1 de enero de 2018.
Sin embargo, en marzo de este año, y luego de una negociación con los gremios de la universidad, la anualidad se fijó en un 3,75%, pero calculado sobre el salario más pluses de cada funcionario, en lugar del salario base, como ocurre en la mayoría de instituciones. Ese cálculo incrementa el gasto.
Así lo establece la nueva convención colectiva que empezó a regir desde el pasado 6 de junio.
¿Cómo se dio el aumento?
Según relató el rector Jensen, en el 2009, los odóntologos de la Universidad habían ganado un juicio en el que reclamaban la anualidad que otorga la Ley de Incentivos Médicos, que es de un 5,5%.
A causa de ello, el Consejo Universitario decidió universalizar el porcentaje para todos los empleados que tiene la Universidad, por una cuestión de "equidad".
El acuerdo se dio en la sesión 5.390 del 28 de octubre de 2009, durante la administración de la entonces rectora Yamileth González.
En esa sesión, el único tema previsto para discutir era el Plan Operativo de la Universidad para 2010, pero también se incluyó un aumento salarial de un 5% y el aumento de la anualidad, lo cual luego Jensen consideró como un acuerdo ilegítimo, más adelante.
Según el acta, la pretensión de las autoridades de ese momento era ajustar la convención colectiva, sin embargo, los cambios en esos convenios deben pasar por un proceso de negociación y no pueden ser unilaterales.
No hubo oposición, pues la mayoría de los miembros del Consejo Universitario consideron que era lo justo. Aprobaron otorgar una anualidad del 5,5%, lo que tuvo un costo de ¢4.000 millones solo en el 2010, al tiempo que el Gobierno aumentó en un 15% su transferencia a la UCR: de ¢113.000 millones a ¢130.000 millones.
Mientras el Ejecutivio aumentó en ¢17.000 millones su aporte, la Universidad aumentó su gasto en remuneraciones en casi ¢14.000 millones
El aumento de la anualidad lo defendió Alberto Cortés, quien era el representante del Área de Ciencias Sociales en ese momento, como un "acto de equiparación de la situación de la Universidad con otras instituciones".
Esa intervención se dio luego de que Fernando Silesky, del área de Ingeniería, cuestionara la viabilidad financiera del cambio, Sin embargo, al final de la sesión se dio por convencido.
Sobre ese acuerdo también intervino Héctor Monestel, quien representaba al Sector Administrativo. "Todo lo que vaya en beneficio del trabajador es bueno y ojalá que el día de mañana, de oficio, no lo bajen también", indicó.
Además, Monestel señaló en esa sesión que todas las anualidades de las universidades estaban siendo aumentadas.
Los otros centros de estudios pagan entre 3% y 6% de anualidades, actualmente. Sin embargo, el cálculo es sobre el salario base.
Acuerdo cuestionado
Para el rector, ese acuerdo fue ilegítimo por varias razones; la primera es que no fue parte de la agenda de la sesión.
"No estaba en la agenda del Consejo Universitario de esa sesión. Además, se aprobó dentro de la aprobación del presupuesto anual, pero se generalizó para los demás presupuestos. Además, yo también tuve que pelear muchísimo el hecho de que el Consejo no tiene la potestad para definir presupuesto, y se presentó como una iniciativa del Consejo", dijo Jensen.
"Fue un error muy grande para la institución que fue lesivo, y ponía en riesgo las finanzas universitarias, además que ese aumento de la anualidad no fue acompañado por un estudio o evaluación universitaria, fue una decisión política sin tener respaldo", declaró.
Un estudio de 2015, realizado por la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios, señaló que la anualidad pasó de representar el 29% del salario total en 2009 a 35% en 2014.
Además, el mismo estudio indica que el costo de la anualidad era, para ese entonces, 27% más caro por calcularse sobre el salario más pluses.
Bajo ese argumento, la anualidad se redujo a un 3% desde el 1 de enero de 2018, para luego aumentar a 3,75% en la convención colectiva.
