Tras meses de advertencia, los rectores de las universidades públicas concretaron este martes la demanda contra el Estado por incluirlos en la normativa relacionada con la reforma fiscal.
De acuerdo con información publicada por la Universidad de Costa Rica (UCR), los jerarcas de las cinco casas de enseñanza acudieron al Juzgado Contencioso Administrativo para presentar la gestión contra los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Planificación y Política Pública (Mideplán) y el Estado.
Se trata de una acción de nulidad contra el artículo 1.° inciso h) y el artículo 3.° Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, emitido el 18 de febrero por Mideplán. Ese título se refiere al empleo público.
Estas normas, específicamente, definen el ámbito de aplicación del reglamento que pone límites a incentivos como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional y cesantía.
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Asimismo, plantearon una solicitud de medidas cautelares para evitar la aplicación de la normativa, mientras se resuelve la demanda de fondo.
En el trámite participaron los jerarcas de la UCR, Henning Jensen; de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom; del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), Julio Calvo; de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias Camacho, de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto.
Para ellos, la regulación del empleo de las universidades es competencia solo de las mismas instituciones. Es decir, no las afectan las disposiciones de la Ley de Salarios que alcanzan a los empleados nombrados por Servicio Civil.
Bajo ese criterio, no les afecta el reglamento emitido por Mideplán.
“El régimen de empleo público que regula a estas instituciones (las universidades) se encuentra en sus diferentes estatutos orgánicos, sus reglamentos internos de trabajo y sus reglamentos autónomos y de servicio”, alegan los rectores.
También reclaman lo que consideran “una aplicación indebida” de varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De nuevo, se fundamentan en la autonomía universitaria, que insisten, les dan posibilidad de establecer “sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”.
Jensen aseguró que las universidades realiza esfuerzos por reducir sus gastos.
