Carlos Alvarado firma Ley de Comercio al Aire Libre

Para permitir la actividad comercial al aire libre, las municipalidades del país deberán elaborar sus propios reglamentos, en un plazo máximo de seis meses.

La legislación, que fue aprobada de forma unánime en segundo debate, el 17 de enero anterior, establece los términos generales para autorizar esa actividad en espacios públicos bajo ciertas condiciones.

Por ejemplo, los dueños de los negocios deberán tramitar una autorización de comercio al aire libre, la cual tendrá un costo que cada ayuntamiento determinará, según la cantidad de metros cuadrados del espacio público a ocupar.

Ese monto no podrá superar el 50% del pago por concepto de la patente comercial que ya ostentan los negocios.

Con la autorización municipal, los comerciantes podrán colocar material mobiliario, como sillas y mesas, para atender a sus clientes en los espacios públicos permitidos.

Al aire libre, podrán ofrecerles a sus clientes alimentación y bebidas, incluso con contenido alcohólico.

Lo que tendrán prohibido es apropiarse de esos espacios públicos y obstaculizar el paso a los otros peatones. Si incumplen esta regulación, perderían el permiso municipal.

El mandatario Carlos Alvarado manifestó que la nueva ley “tiene muchos beneficios para nuestro país, para las comunidades y las municipalidades. Permiten una alianza público-privada en la cual diferentes comercios pueden ocupar espacios al aire libre, de forma regulada y ordenada, llevar actividades de bebidas y alimentos”.

“Esto tiene grandes beneficios económicos, pero también para recuperar los espacios urbanos, para embellecerlos, y para llevar hacia la formalidad algunas de esas actividades”, dijo el presidente.

Las municipalidades deberán establecer en sus reglamentos cuánto es el monto a cobrar por la autorización de comercio al aire libre, así como estipular la tipología de material mobiliario que se permitirá colocar en los espacios públicos, entre otros aspectos.

El proyecto de ley fue impulsado por los diputados Roberto Thompson, de Liberación Nacional (PLN); Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y la independiente Paola Vega, junto con el desarrollador urbano, Federico Cartín.

La iniciativa surgió en los primeros meses de la pandemia, justamente cuando los gobiernos comenzaron a reabrir la economía y los establecimientos de grandes ciudades del mundo comenzaron a apropiarse de espacios públicos para ofrecer un servicio más seguro y ameno a sus clientes.

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En la actividad organizada en Casa Presidencial para firmar la legislación, también participaron Franklin Dawkins y Dariel Fallas, copropietarios de Café Otoya Bistró.

Este negocio fue intervenido por oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Municipal, el 26 de noviembre anterior, debido a la falta de un permiso que solo puede otorgar el Concejo Municipal de San José.

La cafetería, ubicada hacia el este de la Casa Amarilla, en San José, colocaba sillas y mesas móviles para atender a algunos de sus clientes en una zona verde de la acera, sin obstaculizar el paso de peatones.

Este caso sirvió como impulso para que los diputados avanzaran decididamente hacia la aprobación del proyecto de ley.

“Esto va a permitir que muchos comercios puedan extender su operación y también aportar otros elementos, como vivir la ciudad de manera diferente, buscar mayor seguridad en espacios que a veces están poco iluminados y son poco transitados”, afirmó Fallas.

Dawkins añadió que la ley es aprobada “en un buen momento, donde necesitamos estrategias de reactivación económica. Ahora nos queda estar pendientes del reglamento, y ojalá que sea consecuente con el espíritu de la ley”.