El País

Intervención policial al Café Otoya Bistró reabre debate sobre comercio al aire libre

Policías retiraron las mesas que el restaurante josefino tenía en la acera, debido a la ausencia de un permiso que los propietarios han pedido a la Municipalidad; proyecto de ley busca dar seguridad a la actividad

El Café Otoya Bistró, ubicado al este de la Casa Amarilla, en San José, fue obligado a retirar las mesas y sillas que colocaba en la acera, donde el público disfrutaba de sus platillos al aire libre. La noche del viernes 26 de noviembre, la Policía Municipal capitalina y oficiales de la Fuerza Pública intervinieron el lugar, debido a la falta de un permiso que solo puede otorgar el Concejo Municipal y que, al parecer, no es tan fácil de conseguir.

La autoridad municipal notificó a los propietarios del negocio de la supuesta falta, la cual reabrió el debate sobre la posibilidad de que, en el país, se practique el comercio al aire libre en espacios públicos, como ocurre en otras ciudades del mundo.

Franklin Dawkins, codueño del lugar, comentó a La Nación que él y su socio, Dariel Fallas, han intentado incansablemente formalizar su situación para evitar problemas, pero en la Municipalidad de San José no ha existido ninguna intención de colaborarles ni atenderles adecuadamente.

De hecho, mencionó que han sido intervenidos en otras ocasiones por colocar mesas en la acera y que, la última vez, los oficiales les indicaron que no iban a volver a molestarlos por el tema. Sin embargo, después de la nueva intervención, señala que no sabe qué buscan verdaderamente los funcionarios con estos despliegues.

“Nosotros no estábamos obstruyendo el paso, porque la acera siempre está despejada”, dijo. “Fue algo hasta intimidante; los policías hasta con las armas expuestas, tratando a los extranjeros prácticamente como criminales, porque ahora parece que tomar un café o salir a cenar a un lugar tan hermoso es un delito”, les comentó una comensal.

El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, aseguró a este diario que la intervención no fue exclusiva sobre este local, sino que se trataba de una acción general en el distrito Carmen y que “lo único” que se hizo fue una notificación a los propietarios, sin mediar ningún decomiso o cierre del establecimiento.

“Lo que hace el policía es entregarle una única notificación en donde se le insta al administrador a que regularice el uso del espacio público. Yo personalmente apoyo esto; creo que el espacio público debe ser utilizado de esta manera en los restaurantes y cafeterías, para que ojalá puedan maximizar el uso de las aceras anchas, en donde no se obstaculice el paso peatonal. Eso, inclusive, hace más agradable la ciudad; así funciona en los grandes países del mundo, pero nuestra intención es que se haga de manera regulada”, afirmó el oficial.

Solano dijo conocer que, en la Asamblea Legislativa, se discute un proyecto de ley relacionado a este tema, pero lo considera innecesario porque la normativa municipal ya permite a los negocios explotar el espacio público, como ha ocurrido en la Avenida Central o en barrio Escalante.

Explicó que los empresarios solo deben presentar una solicitud formal ante el Concejo Municipal para que este la autorice y establezca el monto del canon por el uso de la zona, el cual depende de la cantidad de metros a usar.

La regulación propuesta en la Asamblea

El diputado liberacionista Roberto Thompson, impulsor de un proyecto de ley de comercio al aire libre, discrepa con Solano en que exista suficiente claridad legal.

“Nos parece que no hay regulación en el país y, más bien, lo que hay son una serie de prohibiciones y limitaciones para el uso del espacio público debidamente regulado. Por eso, las municipalidades actúan de esa manera y es un problema.

“La ley lo que pretende es que, mediante un proceso de recuperación urbana, se permita la convivencia social y aprovechamiento de algunos espacios aptos, para que los negocios se extiendan hacia los espacios públicos que les permitan aprovechar nuestros centros urbanos.

“Obviamente, la ley contiene una serie de limitaciones y condicionamientos para evitar las ventas ambulantes, la construcción de estructura permanente o que se vaya a obstaculizar los pasos en las aceras y que se cumpla con la ley 7.600.

“La iniciativa fue dictaminada desde el año pasado en la Comisión de Asuntos Municipales y, ahora, en este periodo de sesiones ordinarias logramos superar los dos días de mociones. El proyecto quedó listo para ser conocido y votado en primer debate, pero el Poder Ejecutivo no lo convocó”, dijo el legislador.

El proyecto propone que las municipalidades establezcan los criterios para utilizar los espacios, entre ellos los estándares de iluminación, máximos de ruido y en el caso de las aceras, “sólo podrán ser otorgados permisos para usar el espacio que comprende el frente comercial”.

También, los ayuntamientos deberán establecer el monto a pagar según la cantidad de metros por usar y dichos ingresos deberán utilizarse para el mejoramiento del espacio público cantonal (aceras y su extensión, parques, plazas, ciclovías, rutas de uso compartido o bulevares peatonales).

Además del uso de los espacios, también se le atribuye a los patentados la posibilidad de utilizar el material mobiliario y realizar obras de mejoramiento del espacio, como la incorporación de rampas accesibles, macetas, basureros o reparación de hoyos en la acera. Sin embargo, se les prohibiría desarrollar obras físicas y de infraestructura permanentes, variar la composición regular del espacio o atentar contra la libertad de tránsito y accesibilidad de las personas.

Para Thompson, es importante incentivar la convivencia con distanciamiento y en exteriores, sobre todo durante el periodo de verano.

El director de la Policía Municipal de San José está al tanto del malestar de los dueños del Café Otoya Bistró respecto a la cantidad de oficiales que llegaron al sitio, pero alegó que, aunque él no estuvo durante dicha intervención, presume que el despliegue policial se dio porque allí fue donde inició el operativo que se extendió por todo el distrito Carmen. Además, destacó que si el negocio vuelve a colocar las mesas y sillas, no volverá a ser intervenido.

“En este caso específico puedo decir con claridad que no va a haber un paso más allá. Es decir, no hay una amenaza sobre esa notificación respecto a que, si no se cumple o no se regulariza, la Policía intervendrá forzosamente a la clausura. Esa no es la función de la Policía y ese tampoco es el espíritu que nos mueve en el cumplimiento de la normativa. Entendemos que esta es una buena cafetería que está ayudando a mejorar la convivencia en la zona; ojalá puedan regularizar pronto, la Policía no va a ir más allá”, expresó.

El regidor josefino Diego Miranda confirmó a La Nación que los dueños de este restaurante ya se pusieron en contacto con él para tramitar el permiso para el uso del espacio público, el cual él también apoya al tiempo que critica la intervención realizada por las autoridades para retirar las sillas y mesas del lugar. “Me parece que fue desproporcionado un despliegue así para detener un disfrute urbano que es tan necesario”, apuntó.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Escribe sobre vivienda y trabajo.