Los diputados aprobaron este lunes, en segundo debate, el proyecto de ley de comercio al aire libre, para que las municipalidades permitan a bares, restaurantes y sodas utilizar espacios públicos para sus negocios.
La votación definitiva tuvo el apoyo unánime de los 41 legisladores presentes en el plenario de la Asamblea Legislativa, con lo que se enviará el texto a la Casa Presidencial, para que lo firme Carlos Alvarado y entre en vigencia.
El plan permitirá a los comercios autorizados utilizar aceras, calles e, inclusive, parques y plazas para desarrollar las actividades de sus negocios, siempre que cuenten con el debido permiso municipal.
La iniciativa autoriza que esos locales puedan colocar mobiliario necesario para su actividad en los mencionados sitios públicos, siempre que se retire diariamente de esos espacios.
Los gobiernos locales estarán obligados a emitir los reglamentos necesarios para regular el comercio al aire libre, sobre todo respecto a la adquisición de licencias. En esa normativa, las municipalidades deben fijar los horarios en que se puede colocar el mobiliario en un espacio público y las causas para revocar los permisos.
Para poder utilizar espacios públicos, los propietarios deberán pagar un monto en la municipalidad respectiva, que se calculará según la cantidad de metros cuadrados que se utilicen.
El diputado Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), calificó la iniciativa como una oportunidad para que los municipios y los comerciantes puedan ampliar las actividades comerciales y se pueda aprovechar el clima y las bellezas para tener un comercio al aire libre, bien regulado.
Agregó que esa actividad comercial se puede unir a sectores como el cultural y el musical, para aumentar el atractivo y dar un vigor importante al comercio en diferentes regiones del país.
Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), apuntó que la iniciativa busca contribuir al proceso de reactivación en condiciones de seguridad y lo calificó como un instrumento de apoyo a los sectores afectados por la pandemia del covid-19.
Eso sí, el verdiblanco criticó duramente al gobierno de Carlos Alvarado porque, durante el periodo de ocho meses de sesiones extraordinarias entre diciembre del 2020 y julio del 2021, el plan no fue de interés para el Ejecutivo, pues mantuvo ese expediente fuera de la agenda parlamentaria.
La oficialista Catalina Montero destacó la oportunidad que puede significar, para pequeñas y medianas empresas, el proyecto y lo que significaría para el desarrollo comercial de los cantones.
La legisladora hizo hincapié en la obligación que tendrán municipios y comercios, en el marco de la iniciativa sobre comercio al aire libre, para asegurar accesibilidad y libre tránsito de personas con discapacidad. “Hago un llamado para que no se violente la ley 7.600, porque son espacios para el tránsito y que deben estar libres”, apuntó.
