Bares y restaurantes tendrían que pagar permiso extra por comercio al aire libre

Mediante la iniciativa, que está lista para votarse en primer debate, los diputados establecerían las condiciones para facultar a los municipios a otorgar autorizaciones a bares, restaurantes y sodas para que utilicen espacios públicos. Esto incluiría áreas anexas al negocio, como aceras, calles e, inclusive, parques y plazas.

Para obtener una autorización de comercio al aire libre, los comerciantes deberán pagar un permiso por el uso de espacios públicos, cuyo costo establecerá cada uno de los municipios en sus reglamentos. El proyecto establece que ese monto no podrá superar el 50% del pago que realiza el comerciante por su patente municipal.

“Lo que ocurrió en Café Otoya demuestra que lo que existe en el país es una serie de condicionamientos y limitaciones para poder hacer uso ordenado y regulado de los espacios públicos. De manera que nosotros, al presentar el proyecto, estamos valorando la posibilidad de crear un marco normativo que lo permita, no que lo prohíba, y que lo permita, pero regulado”, afirmó el diputado Roberto Thompson, uno de los proponentes.

Como parte de sus obligaciones, los comerciantes tendrán prohibido construir obras permanentes o cerrar los espacios públicos para uso exclusivo de su actividad económica. Lo que sí podrán colocar es material mobiliario en esas áreas comunes para ofrecer sus servicios, como sillas, mesas y otros.

Desencuentro de opiniones

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Sobre el material mobiliario, existe desencuentro entre algunos diputados. Esta discusión provocó choques entre los liberacionistas Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides durante la discusión de mociones en la Comisión de Asuntos Municipales.

Benavides afirma estar a favor de la iniciativa, pero urge la necesidad de que el proyecto tipifique cuáles materiales se pueden colocar en los espacios públicos, para evitar que los comerciantes cometan abusos e instalen, por ejemplo, barras, hieleras, parlantes o tarimas.

El texto actual del proyecto propone que sean los propios municipios quienes establezcan las tipologías de material mobiliario permitidas en cada uno de sus territorios mediante reglamentos. La iniciativa dice que los comerciantes podrán “utilizar el material mobiliario pertinente para el desarrollo de la actividad comercial, en los espacios públicos autorizados, en las condiciones definidas por la municipalidad”.

“Es preferible no descansar en el criterio municipal sobre el mobiliario y objetos que se vayan a instalar en los espacios públicos. Lo mejor es que la ley lo especifique y así se previene el abuso, para proteger a la ciudadanía”, afirmó Benavides.

Sus mociones para regular el material en el mismo proyecto de ley, sin embargo, fueron rechazadas con la oposición de Roberto Thompson y otros diputados de la Comisión de Asuntos Municipales. Carlos Ricardo Benavides afirmó que reiterará las mociones durante la discusión de la iniciativa en el plenario legislativo.

“El proyecto ya establece una serie de condiciones, detalles y limitaciones. Por ejemplo, no se puede la construcción de infraestructura permanente, no se permiten espacios que no estén aptos y que de alguna forma obstaculicen los pasos peatonales. Tampoco puede haber ningún tipo de comercio que exceda la patente del propio establecimiento comercial”, afirmó Thompson.

Consumo de licor en espacios públicos

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Otro de los cambios propuestos en el proyecto de Ley de Comercio al Aire Libre es la venta y el consumo de licor en los espacios públicos autorizados.

La iniciativa introduce una nueva excepción a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, para que se permita en los establecimientos y en las “áreas de la comunidad donde se realiza la actividad (comercial), la cual será debidamente demarcada por la municipalidad”.

De esa manera, los clientes de bares y restaurantes también podrían comprar y consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos de los comercios con permiso de operar al aire libre en esas áreas.

Además, las municipalidades deberán incorporar a sus planes reguladores los espacios públicos susceptibles de autorización para el desarrollo de la actividad comercial al aire libre. Cada gobierno local deberá reglamentar las condiciones para permitir esas actividades en los primeros 12 meses desde la posible firma de la Ley.