Patricia Recio. 13 noviembre, 2020
A seis meses de completarse la ampliación del tramo Cañas-Limonal en la Interamericana Norte, solo se han puesto a nombre del Estado un 31% de los inmuebles. Foto: Rafael Pacheco
A seis meses de completarse la ampliación del tramo Cañas-Limonal en la Interamericana Norte, solo se han puesto a nombre del Estado un 31% de los inmuebles. Foto: Rafael Pacheco

Los procesos de expropiación seguirán siendo uno de los lastres para la construcción de carreteras nacionales.

Solo este año ingresaron 600 procesos de terrenos necesarios para proyectos, muchos en ejecución, que difícilmente se van a resolver dados los efectos de la crisis en las finanzas públicas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se quedó sin posibilidades de reforzar el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI), y de contar con cuatro jueces, ofrecidos por el Poder Judicial, para apurar los casos que hubieran llegado a esos estrados.

La expectativa del MOPT con la labor de los jueces, por ejemplo, era atender 430 trámites urgentes para avanzar en la adquisición de propiedades claves para obras como la ruta 32 (San José-Limón) o la vía entre Barranca y Limonal, sobre la carretera Interamericana Norte.

No obstante, dichas plazas ya no estarán disponibles por disposiciones de la Comisión de Hacendarios, confirmó el ministro Rodolfo Méndez Mata.

"La posición de la Comisión de Hacendarios fue quitar todo sin hacer distinción. Yo espero que haya una reflexión, es sabido el efecto que tienen las expropiaciones en la eficiencia, eso es para que el dinero se gaste eficientemente, ¿cuánto nos cuesta? ¿cuál es el perjuicio? ¿por qué no se distingue lo que nos cuesta hacer las cosas bien hechas o hacerlas mal hechas?, lamentó el jerarca.

Según el ministro, ese faltante los obligará a ser “selectivos” a la hora de priorizar los procesos, así como buscar “nuevos métodos” para sacar adelante los expedientes.

Además de la denegación de los nuevos jueces para el Poder Judicial, se suma el caso de una oficina en el MOPT con escaso personal, que ve acumularse expedientes, sin la posibilidad de tramitar nuevos recursos.

En el DABI trabajan 12 peritos y cuatro encargados de la gestoría vial (que son los que notifican y ubican a los propietarios) y más bien han perdido recurso, pues las plazas que quedan vacantes por jubilación no pueden ser repuestas a causa de los recortes presupuestarios.

Ese departamento pasó de tramitar 250 procesos anuales a unos 600, por lo que tanto el ministro como el encargado de dicha oficina, reconocen que será difícil variar el ritmo.

El jefe del DABI, el ingeniero Alex Ureña Ortega, explicó que otra de las medidas que han tomado tiene que ver con reacomodos en el mismo equipo de trabajo.

“Cuando alguna de las unidades ya ha avanzado, lo que se hace es utilizar ese recurso para hacer alguna de las otras tareas, cuando las posibilidades o la capacidad lo permite. Por ejemplo, cuando los peritos van avanzando en su trabajo, ayudan en la parte de gestoría vial”, dijo.

‘Convencerlos de que nos den autorización de entrar’

Con estas limitaciones han tenido que buscar otras estrategias, incluso de relaciones públicas.

“Estamos intensificando visitas a los propietarios para hablar uno por uno con todos, para convencerlos de que nos den autorización de entrar en posesión mientras se resuelven los temas en los tribunales”, relató Méndez Mata.

El ministro dijo comprender la situación económica agravada por la crisis del nuevo coronavirus, pero insistió en que se deberían considerar aquellos programas en ejecución que representan gasto de capital.

El encargado del DABI explicó que quienes se encargan de esas visitas son los mismos funcionarios de las unidades ejecutoras en cada proyecto o de las constructoras o supervisoras de las obras.

La idea es que estas personas al estar metidas de lleno en la ejecución de los trabajos, puedan contarle a los dueños de los terrenos sobre las bondades que traerá el proyecto y procurar así que les permitan entrar en posesión de manera voluntaria mientras concluyen los trámites administrativos o judiciales.

Otra de las respuestas ante el incremento de procesos es solicitar a las unidades ejecutoras que los expedientes se presenten con los requerimientos de los terrenos “más adelantados”.

“Se ha modificado un poco el insumo inicial. Antes el ejecutor de proyecto mandaba un oficio con el plano catastro, con la solicitud de que se adquiriera esa franja. Ahora el insumo inicial no es solo el plano catastro, sino que viene acompañado de un expediente administrativo más trabajado, con direcciones para notificaciones; no hay que hacer ese trabajo de investigación acá, sino que nos permite entrar de lleno con el expropiado. Eso ha venido a solventar, o más bien, nos ha permitido poder atender ese volumen tan alto”, explicó Ureña.

Procesos de años

De acuerdo con el encargado de expropiaciones, los procesos pueden completarse en plazos que van desde los cinco meses (en casos ideales donde todo transcurre sin contratiempos) hasta varios años, como los que se han visto en obras como el tramo norte de la carretera de Circunvalación, en San José.

Según Ureña, la problemática en sede judicial no solo tiene que ver con la capacidad instalada en los juzgados o la aceptación de los avalúos.

Los obstáculos se dan casos en donde se tienen impedimentos, propietarios que no se localizan o que han fallecido y también en procesos donde el dueño del inmueble impide el ingreso, por lo que deben solicitar una orden de un juez para ingresar con Fuerza Pública y lograr así realizar el avalúo de la propiedad.

El porcentaje de aceptación del monto que el Gobierno ofrece pagar a los dueños, también depende de la conveniencia del proyecto para los vecinos.

“Por ejemplo en Chilamate (zona norte) el porcentaje de aceptación fue de más de 90%, pero si vamos a una zona ya impactada como Pozuelo- Jardines del Recuerdo o intercambio Paso Ancho el comportamiento es casi inverso: el 90% no aceptaba porque a ellos no les interesaba que hubiera desarrollo, lo que les interesa es su actividad económica, además son desarrollos muy pequeños, por lo que ven más afectado el giro de negocio”, detalló.

El funcionario agregó que a raíz de los informes de Auditoría del MOPT y de la Contraloría General de la República publicados el año anterior, se realizaron ajustes dentro de ese departamento.

Uno de los aspectos que señalaba la Auditoría Interna era que los avalúos se realizaban sin sustento, a lo que Ureña explicó que tras analizar los procesos determinaron que los avalúos sí contaban con respaldo, pero los documentos se omitían en algunos informes, por haberse incluido ya en otros expedientes del caso.

“Eso se atacó y se ha venido mejorando mediante procesos, de atender lo que estipulan los procedimientos institucionales, que en algunos casos por no meter más información, se omitía.

“Se analizaron los procedimientos, se actualizó el manual de avalúos, hay uno reciente. A nivel interno administrativo también se actualizaron varias gestiones", aseguró.

Ureña aseguró que mantienen una coordinación muy estrecha con la Procuraduría que es la que da todo el soporte, que junto con el apoyo a nivel superior por parte de los jerarcas han permitido mantener el flujo de procesos.

Sin embargo, en relación con la diferencia en los plazos y la carga de trabajo que también había sido señalada en dichos informes, afirma que no está bajo el completo control de la oficina, por casos como cuando se impide el acceso o los dueños se esconden y no permiten la notificación, por lo que hay que hacerlo por edicto. .

Aunque la reforma a la Ley de Expropiaciones publicada en febrero del 2017, buscaba subsanar algunos de los escollos, lo cierto es que se convirtió apenas en un paliativo.

Esta reforma estableció dos requisitos para que el Estado pueda entrar en posesión de los terrenos: que estén notificadas todas las partes y que el juez conozca el expediente.

Tras ese conocimiento se nombra a un perito que notifica y la Administración debe depositar el avalúo.

Sin embargo, para llegar a ese paso, de igual forma el juez debe resolver los otros procesos que tenga por delante en la fila.

Actualmente, los principales proyectos cuyos expedientes se encuentran en trámite corresponden a los terrenos necesarios para ampliar el tramo de la ruta 32 entre el cruce a Río Frío y Limón, los del Programa de Infraestructura del Transporte (Cañas-Limonal, Barranca- Limonal, La Angostura y Paquera- playa Naranjo) y los intercambios de Taras- La Lima en Cartago.

Con anterioridad se completaron los terrenos para los tres pasos a desnivel de la Circunvalación; así como los de la V etapa del proyecto de Circunvalación Norte.

Paquera, con mayoría de terrenos pendientes

Uno de los casos donde el modelo de entrada en posesión voluntaria ha dado buenos resultados es el de la construcción de los 21 km entre Paquera y playa Naranjo, en la península de Nicoya.

Dicho proyecto se encuentra a menos de dos meses de su fecha de entrega; sin embargo un informe reciente de Auditoría del MOPT señalaba que solo se habían inscrito a nombre del Estado 115 terrenos de los 320 necesarios.

Sobre ese informe, el viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, aseguró que en ese proyecto se gestionó la entrada en posesión voluntaria de manera exitosa con entre el 90% y 95% de los dueños, quienes ante la necesidad de contar con la vía por la que han esperado más de una década cedieron las franjas de tierra necesaria para que la obra avanzara.

Con la misma intención pero sin el mismo éxito se ha procurado avanzar en la misma línea en el proyecto de Cañas- Limonal.

Ahí, tras dos años de la orden de inicio, se registran solo 51 inmuebles inscritos a nombre del Estado, los cuales represantan un 31% del total de terrenos necesarios, según se desprende de un análisis presentado el pasado 16 de octubre.

En dicha obra cuyo avance a la fecha es de menos del 50%, los trámites expropiatorios componen junto a otros dos factores asociados el 55% de los días compensables que se han debido otorgar al contratista.

Dicho informe señala que el DABI, indicó mediante un correo electrónico del 18 de agosto de 2020, que “no es posible precisar para cuándo se tendrían todos los inmuebles a nombre del Estado, debido a que las fases finales para la culminación del proceso expropiatorio dependen de entidades externas al Ministerio, tales como la Notaría del Estado, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y hasta la misma parte expropiada”.

Además advierte que a falta de aproximadamente 6 meses para que finalice el proyecto, hay 90 procesos de expropiación en trámite, por lo que “se desconoce qué mecanismos se van a aplicar para incrementar la cantidad de inmuebles a nombre del Estado, con el fin de contar con los predios de forma oportuna”.

Caso similar, enfrenta el MOPT en el desarrollo de la ruta 32, donde a la fecha aún no existe siquiera un número claro sobre la cantidad de inmuebles que se requieren, pues aún se ajustan los diseños a fin de aminorar la cantidad.