El MOPT tarda hasta cinco veces más del tiempo prudente para expropiar un terreno de interés. Atrasos de tal magnitud no solo afectan el avance de importantes obras viales, sino que también encarecen su valor final.
Esta conclusión se extrae de un análisis de la Contraloría General de la República (CGR), que halló “claras debilidades” en el trámite de comprar terrenos y propiedades una vez hecho el avalúo administrativo de cada bien.
El informe de auditoría DFOE-IFR-IF-00008-2018, de 13 de diciembre pasado, analizó 59 expedientes de proyectos y los confrontó con el plazo óptimo definido por ley para ejecutar una expropiación, que es de 75 días hábiles. Ninguno cumplió tal plazo.
El menor plazo que halló entre los 59 expedientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fue 113 días hábiles y el mayor 356 días hábiles (5 veces el tiempo conveniente).
En ocho (14%), las expropiaciones tardaron entre 75 y 150 días y en otros 51 (86%) más de 150 días hábiles.
El desperdicio de tiempo es claro, las razones incluyen desorden y falta de planificación.
Según Contraloría, el MOPT ni siquiera utiliza sistemas de información geográfica para trazar con exactitud qué va a expropiar.
Por ejemplo, aunque la ampliación de la ruta 32 (San José- Limón) ya posee orden de inicio, aún no ha comenzado ni uno solo de los procesos de expropiación, pues todavía faltan los diseños finales contratados a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).
Hoy el Gobierno no sabe con certeza cuántas propiedades se deben expropiar.
De 60 expropiaciones iniciadas entre el 2014 y 2016, en repetidas ocasiones se ordenó iniciar obras sin tenerse posesión física de los terrenos a expropiar o acceso oportuno a ellos.
La investigación evidencia que los atrasos se acumulan desde la fase del avalúo administrativo. Por ley, este proceso supone un plazo máximo de 30 días. Pero en 44 de 59 expedientes administrativos, se incumplió tal plazo e incluso tres de ellos consumieron 240 días.
En total, la duración promedio de todas las actividades del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT ronda los 215 días hábiles. Eso equivale al 59% de un año. A la postre, cuando por fin arrancan las obras, el precio de los materiales y la mano de obra se encarecen.
A manera de antecedente, el primer tramo de la carretera de Circunvalación norte (la totalidad de la obra ha tardado 40 años en completarse) no se abrió en diciembre como se preveía debido al tema expropiatorio.
Ese trayecto iría desde las cercanías del supermercado Palí de Cuatro Reinas de Tibás a la escuela Rafael Vargas en Colima, del mismo cantón.
Para habilitar ese paso se requiere un puente sobre la quebrada Rivera y una intersección en la Uruca pero ambas obras no se inician porque la expropiación de al menos dos terrenos está en disputa judicial.
Falta de vigilancia y descoordinación
Pero ¿cómo puede ocurrir esto? Porque no existe regulación que señale responsables formales o normas que favorezcan la vigilancia y seguimiento de los expedientes.
En términos generales, indica la CGR, estos problemas tienen múltiples causas: escasez de personal y equipo, falta de coordinación entre el MOPT y otras entidades, injerencia política en las decisiones, errores e inconsistencias en las declaratorias de interés público y ausencia de demarcación del terreno a expropiar, junto al alto volumen de expropiaciones por resolver a corto plazo.
Además, el ente contralor sugiere que la reubicación de servicios públicos no se considera antes de planificar un proyecto y esto provoca más atrasos en los procesos.
