Avalúos sin sustento, desorden en los procedimientos y poca supervisión son solo algunas de las deficiencias que encontró la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el funcionamiento de la oficina que se encarga de tramitar las expropiaciones de terrenos necesarios para la construcción de carreteras.
El informe, emitido en julio, destaca que el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI), del MOPT, utiliza metodologías sin oficializar, incumple el plazo para elaborar los avalúos sin que exista evidencia que justifique esos atrasos.
Esa oficina, por ejemplo, determina el monto de pago de los lotes necesarios para obras grandes como el tramo norte de la carretera de Circunvalación, el paso a desnivel en Paso Ancho, y tendrá que resolver otras cientos para la ruta a Limón o el corredor San José-San Ramón.
Uno de los aspectos graves que señala el análisis, es que no se incorporen en los expedientes información clave como los datos recopilados en el campo ni los estudios de mercado o de oferta y demanda, en los que se basan los peritos para definir los montos que pagará ese ministerio por las propiedades.
En la oficina, donde solo nueve personas se encargan de los avalúos, existe además, un “desconocimiento en materia de control interno” y del monitoreo y evaluación de los resultados que permita determinar riesgos.
Esta situación, a criterio de la Auditoría, puede impactar la calidad, eficiencia y confiabilidad de las actividades que se desarrollan en el proceso de elaboración de avalúos administrativo.
Otra debilidad, es que el DABI no tiene un ente técnico superior en materia de expropiaciones y tasaciones, por lo que prácticamente se “autorregula”.
“Se evidencia una débil labor de supervisión por parte de los responsables del proceso quienes han sido poco diligentes en cuanto al debido cuidado de la gestión documental, la adecuada actualización de las actividades, la estandarización de los formularios, así como, la eventual inobservancia a la normativa relacionada sobre los procesos que realizan.
DISEÑO/LA NACIÓN.
44 versus 157
El promedio de avalúos por funcionario, por semestre, durante los últimos tres años fue de 44, sin embargo, para la Auditoría, “no hay certeza” de que la distribución de la carga de trabajo sea adecuada y eficiente.
La duda surge porque, por ejemplo, se dio el caso de una funcionaria que realizó 157 procesos, en el mismo periodo.
El problema es que no es posible estimar cuánto tiempo se necesita para elaborar un informe de avalúo, debido a que no hay planeación, ni se establecen plazos ni indicadores de cumplimiento. Ante esta situación se producen desequilibrios en la carga de trabajo..
Esa ausencia de parámetros también se ve reflejada en una aparente sobrejecución. ¿Cómo ocurre? Los auditores determinaron que el DABI se plantea metas que resultan muy bajas frente a la cantidad de proyectos que deben atender, y que incluso vienen en aumento.
Entonces, como se ponen metas bajas, producen mucho más, de ahí la sobreejecución.
Por ejemplo, para el 2019 se programó la elaboración de 180 avalúos, de los cuales solo en el I trimestre ya se habían realizado 153; para el cierre del segundo trimestre alcanzaron los 253 trámites, es decir el 281% de lo planteado.
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“Todo lo citado anteriormente, evidencia que al menos las metas relacionadas con el tema de avalúos por parte de la Dirección Jurídica y que le corresponde realizar al DABI, muestran cumplimiento desde el punto de vista numérico, no obstante, carecen de un análisis pertinente y no se ajustan a una proyección real y estadística con base en el comportamiento histórico y la expectativa real de trabajo que maneja el DABI de acuerdo con los objetivos institucionales”, cita el informe.
Tecnología
El documento también realizó un análisis de la parte tecnológica, donde se evidenciaron inconsistencias en los registros, lo cual catalogan como “deficiencias de control en la seguridad y calidad” que deben ofrecer estas herramientas
El informe tomó como muestra poco más de 50 expedientes de procesos expropiatorios para los proyectos de la ruta 32, los pasos a desnivel de Garantías Sociales, la Bandera y Guadalupe.
En enero de este año, un informe de la Contraloría General de la República reveló que esa oficina del MOPT tarda hasta cinco veces más del tiempo prudente para expropiar un terreno de interés.
Esos atrasos no solo afectan el avance de importantes obras viales, sino que también encarecen su valor final.
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El análisis, que se basó en 59 expedientes de proyectos, determinó que el plazo óptimo definido por ley para ejecutar una expropiación es de 75 días hábiles. Ninguno de los procesos de la muestra cumplió tal plazo.
El menor plazo fue de 113 días hábiles y el mayor, de 356 días hábiles (5 veces el tiempo conveniente).
Avalancha en camino
Preparar el Departamento de Adquisiciones para un aumento en de trabajo de hasta un 500% es una de las principales tareas encargadas al nuevo viceministro de Reformas y Administración, Rodolfo Solano.
El recién nombrado funcionario, explicó que a raíz de los señalamientos indicados por la Auditoría, el ministro Rodolfo Méndez lo puso al frente de esa oficina, hasta hace poco “sin supervisión”, como indica el informe.
Solano aseguró que parte de su gestión se enfocará en reforzarla tanto con personal como en materia de procesos.
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“El nivel de trabajo que le se viene encima al país en obra pública, necesita un departamento que sea ágil, eficiente y que tenga un alto nivel de coordinación con otros entes externos al nuestro. Por ahí va el abordaje que le estamos dando a este departamento adscrito a la Dirección Jurídica, pero que por dirección del ministro lo tengo bajo mi supervisión directa”, expresó.
Según dijo, esa Dirección, que en los últimos años ha manejado promedios de entre 250 y 300 expedientes, deberá ejecutar de aquí al finalizar el 2020, al menos 1.600 procesos expropiatorios.
Con eso en la mira, ya está en trámite el reacomodo de plazas y la elaboración de manuales que permitan optimizar el proceso.
De acuerdo con el viceministro, también trabaja en la creación de una comisión interinstitucional que incluya personal de la Procuraduría General de la República, Juzgado Contencioso y Catastro Nacional, que son los otros entes que intervienen en los procedimientos de compra de bienes del Estado a fin de que exista mejor coordinación.
“Ya nos hemos reunido dos veces, de forma que podamos agilizar los procesos y poderlos introducir en un manual operativo para optimizar la gestión”, explicó.