El 27 de noviembre del 2018, agentes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron las oficinas del Conavi, en Mercedes de Montes de Oca, para secuestrar evidencia del caso conocido como la “pifia” de Moín, Limón.
Ese fue el proyecto en el que, premeditadamente, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) incluyó un desfase de 80 metros en el punto al cual tenía que llegar una nueva carretera, de apenas dos kilómetros, que conecta la ruta 32 con la megaterminal de contenedores de Moín (TCM).
El contrato de $72 millones fue adjudicado a un consorcio integrado por MECO y la empresa española Puentes y Calzadas Infraestructuras, el cual luego cobró $14 millones adicionales por un cambio de diseño para corregir la “pifia”, según reveló La Nación a partir de enero del 2017.
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A raíz del allanamiento que el OIJ efectuó por la “pifia”, varios funcionarios del Conavi se acercaron a los policías judiciales para denunciar hechos, de aparente corrupción, a lo interno de la institución.
“Es precisamente para el 27 de noviembre del 2018 (fecha en que se ejecutó el allanamiento a las instalaciones al Conavi), que varios funcionarios de dicha institución se pusieron a disposición nuestra con el fin de brindar toda la información referente a la corrupción interna del Conavi. Aducen que en dicha institución hay muchos funcionarios honestos que querían limpiar el Conavi. Esto, por un tema país, dado a que a dicha institución se le da el porcentaje más alto de presupuesto para obra ($250 millones al año solo para conservación vial) y se están desviando los recursos de forma aparentemente legal a dos empresas en específico”, explica el OIJ en el expediente del Caso Cochinilla.
Los servidores públicos señalaron presuntas anomalías en el otorgamiento de contratos de obra pública a cambio de sobornos de empresas, pistas que ayudaron a construir la investigación judicial.
Los informantes relataron cómo se desviaban recursos de forma “aparentemente legal” a las constructoras Meco y H. Solís, las cuales habrían “reinvertido” lo cobrado de más, en pagos a los mismos funcionarios del Conavi, para lograr futuras adjudicaciones, acelerar el pago de facturas pendientes, realizar “supuestas asesorías”, o bien, para obtener el visto bueno de trabajos mal realizados.
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“Se ha extraído basta información referente a aparente corrupción que está sumamente arraigada en muchos funcionarios del Conavi, quienes tienen puestos claves en el engranaje general de los procesos de confección de contratos de licitación, adjudicación e impugnación de licitaciones, exclusión de oferentes o participantes, cobros de facturas por obras realizadas, entre otras”, cita el expediente judicial 19-000025-1218, del cual tiene copia La Nación.
Incluso, los funcionarios denunciantes señalaron a dos altos personeros como los responsables de direccionar las adjudicaciones de los contratos de obras viales en favor de Meco y H Solís, “disfrazando estos procesos siempre con un velo de legalidad”, pero de forma “interesada, maliciosa e irregular, a cambio siempre de algún tipo de soborno”, dice el expediente.
En específico, citaron a Johnny Barth Ramírez, de 60 años, quien fue gerente de Contratación de Vías y Puentes del Conavi hasta diciembre del 2016, cuando se pensionó. También mencionaron Carlos Solís Murillo (60 años), quien fue el gerente Financiero de la institución hasta su jubilación en el 2020.
Además, aludieron a Harold Mora Obando, de 43 años, quien se desempeña como analista de Costos de la institución.
Ellos tres figuran dentro de los 72 investigados por el Caso Cochinilla, el cual vincula a empresarios de la construcción con el pago de dádivas a empleados públicos a cambio de favores relacionados con contratos de obras viales y la aparente malversación de ¢78.000 millones del Conavi entre el 2018 y los dos primeros trimestres del 2020.
En el caso de Barth Ramírez, con base en los testimonios conseguidos por el allanamiento relacionado con la pifia, el expediente judicial consignó que “se saben múltiples historias de irregularidades”.
Y añade: “se le tramitó un proceso de despido por parte del Departamento Jurídico y Asuntos Internos del MOPT, por irregularidades de este tipo”.
Barth es investigado en el Caso Cochinilla, pero no fue detenido.
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Sobre Carlos Solís Murillo, quien fue detenido el lunes 14 de junio y para quien la Fiscalía pide un año de prisión preventiva, los funcionarios dijeron lo siguiente, según el archivo judicial:
“Se dice, en la institución que constantemente recibe dádivas y sobornos e, inclusive, se habla de invitaciones por parte de MECO y H Solís a ingestas excesivas de licor en el bar Campos, en Guadalupe, así como el patrocinio de fiestas con femeninas de compañía en fincas en Guápiles y la zona sur, donde se hace acompañar de otros funcionarios, en apariencia, corruptos del Conavi que también se mercantilizan”.
De Mora Obando, quien también está detenido y a la espera de que el juzgado dicte o no medidas cautelares, el informe del OIJ lo describe como “la persona que tiene capacidad, actualmente, para desechar o incluir ofertas de licitación siempre a conveniencia de una de estas dos empresas (MECO y H Solís)”.
Añade el expediente: “Esta corrupción dentro de la institución no solo ha estado en detrimento de la calidad de los trabajos de obra pública ejecutados en la red vial del país, sino también que ha generado un perjuicio económico en las distintas empresas que compiten y licitan a nivel nacional”.
Los agentes judiciales explican que pese a que otras constructoras tienen las condiciones para desarrollar proyectos y cumplen con los requisitos, “son excluidas de forma arbitraria, antojadiza e intencionada, conllevando así, a su ruina y posteriormente a la ‘quiebra’, generando así, mayor desempleo y desigualdad social en las distintas comunidades de nuestro país”.
Así consta en el informe N.° 596-F-19-CI, de solicitud de declaratoria de procedimiento especial que los agentes judiciales remiten a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 18 de junio del 2019, con la finalidad de que el Caso Cochinilla se declarara procedimiento especial de delincuencia organizada.
De igual forma, a través de un “colaborador confidencial”, los agentes del OIJ conversaron con Andrea Bonilla Miranda, exesposa del exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta Villegas, de 50 años, quien relató que, cuando él era funcionario del Conavi, ella comenzó a notar en su casa un “flujo muy alto de dinero en efectivo, tanto en billetes nacionales como en dólares”, que no era acorde con lo que ganaba en su puesto.
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Ella contó de supuestas reuniones que Villalta sostenía con Carlos Cerdas, dueño de MECO, y con Mélida Solís, propietaria de H Solís, y de viajes a España financiados por la empresa ibérica Puentes y Calzadas.
Incluso, aseguró que fue “Carlos Villalta quien gestionó la idea, siendo aún ministro del MOPT, de la conformación del Consorcio del Atlántico, con el objetivo de que MECO y Puentes y Calzadas se unieran para que ganaran la licitación”.
Justo ese consorcio fue el que se adjudicó el diseño y la construcción de la ruta de la “pifia”, la 257, a finales del 2016.
El Conavi sacó esa licitación a sabiendas de que las coordenadas trazadas en la licitación, a partir de las cuales los oferentes debían prediseñar la obra, nunca coincidirían con la entrada al megapuerto.
La institución introdujo datos falsos en el cartel al indicar que la vía de cuatro carriles debía terminar en un punto a 2,047 kilómetros de la ruta 32, sin salirse de una franja de 60 metros de ancho, para que conectara perfectamente con la terminal de contenedores. Pero ese punto estaba a 80 metros de la conexión verdadera.
Ese fallo premeditado le costó $14 millones más (¢8.680 millones) a los contribuyentes, pues eso fue lo que cobró adicionalmente el Consorcio de Atlántico por resolver la ‘pifia’.
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Inhabilitados por la ‘pifia’
Por este caso, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una investigación bajo el expediente N.° 17-000003-033-PE y allanó las oficinas del Conavi, del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Consorcio Atlántico Ruta 257, en noviembre del 2018.
Paralelamente, la Contraloría General de la República (CGR) abrió tres procedimientos sancionatorios contra varios funcionarios del Conavi, entre quienes figuran personas que fungieron como directivos.
Además, el pasado 28 de abril, la Contraloría envió un oficio a la Fiscalía ante una solicitud de información sobre el proyecto de construcción de la ruta 257, sobre “cómo se dieron algunas afectaciones a la Hacienda Pública, desde el momento en que se realizaban las gestiones para obtener la viabilidad ambiental del proyecto, así como durante sus etapas de diseño y contratación”, informó la División Jurídica de la CGR.
En dos de los procedimientos administrativos, la Contraloría ya dictó una resolución en firme que deparó la inhabilitación para ejercer cargos públicos para ocho personas, la mitad de ellos por dos años y la otra mitad por cuatro años.
Entre las personas inhabilitadas por cuatro años, en noviembre del 2018, figuran el exministro del MOPT, Carlos Segnini Villalobos; el exdirector ejecutivo del Conavi, Mauricio Salom Echeverría; la exviceministra de Infraestructura y Concesiones, Giselle Alfaro Bogantes; y Jorge Alfredo Mora Gutiérrez, exgerente de la Unidad Ejecutora de la Terminal de Contenedores de Moín y exsecretario técnico a. i. del Consejo Nacional de Concesiones.
Por dos años, fueron inhabilitados Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Christian Campos Monge, Nelson Gómez Barrantes y Jorge Solano Jiménez, quienes eran directores del Consejo de Administración del Conavi.
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