La Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó para ejercer cargos públicos, por dos años, al exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos (2014-2016), al considerarlo responsable, administrativamente, por la pifia en la carretera estatal que conecta con el megapuerto de Moín, Limón.
Entre el punto de conexión de esa vía (la 257) y la entrada a la terminal hubo un desfase de 80 metros, error de coordenadas que requirió de $5,6 millones para ser corregido. Al final, el moderno tramo, de 2 km y que atraviesa un río, línea férrea y hasta un humedal, le costó al Estado $78 millones.
La Contraloría indicó que Segnini “mostró una actuación negligente a nivel de la responsabilidad que ostentaba” durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
La misma sanción se le ordenó a la entonces viceministra de Infraestructura y Concesiones, Giselle Alfaro Bogantes, al entonces director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Salom y a otros cuatro exfuncionarios.
La resolución, dictada el 19 de junio, indica que Segnini tenía conocimiento del desfase y, a pesar de eso, su actuar fue “omiso y desinteresado”, pues se limitó a aprobar los documentos que le fueron sometidos a su conocimiento sin verificar que la propuesta (para la construcción de la vía de acceso), constituyera una solución efectiva.
Él alegó ante la Contraloría que al momento de la decisión, en 2015, no había diseños ni estudios, por lo que no se podía prever que se requerían ajustes. Sin embargo, la CGR respondió que desde meses antes los directores del Consejo Administrativo del Conavi habían sido advertidos de los problemas de conexión.
“Es inaceptable que excuse su voto alegando que no sabía que el proyecto no iba a ser funcional, por cuanto él mismo expuso la problemática existente ante el Consejo Sectorial de Transporte”, cita la resolución.
“Lo mínimo” esperado del entonces jerarca del MOPT, agregó la Contraloría, era que se cerciorara de que la propuesta que les fue remitida contemplara lo necesario para construir una vía funcional: “no se ocupaba tener mayores conocimientos técnicos para comprender el impacto que iba a tener en la carretera el hecho de que existiera un desfase entre los proyectos”.
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Inicialmente, la CGR inhabilitó a Segnini por cuatro años, pero, tras acoger parcialmente una impugnación, redujo el castigo a dos años.
Al evaluar el papel que jugaron los siete funcionarios, la Contraloría determinó que el entonces jerarca “sí tenía una mayor responsabilidad” pues actuaba en doble condición, es decir como miembro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y como ministro”.
Asimismo, determinó “una mayor responsabilidad en virtud de su condición de jerarca máximo del MOPT, lo que le permitió tener un mayor conocimiento, dominio y comprensión de la problemática”.
Agregó: “El señor Segnini, en virtud de su posición de jerarca institucional, se encontraba en la obligación de consultar, cuestionar y solicitar colaboración por parte de los funcionarios de la Administración para esclarecer cualquier duda” sobre el proyecto.
Ese accionar fue calificado como “reprochable” pues previamente había sido advertido de que no se iba a dar el entronque.
Consultado por La Nación, fue enfático en que la actuación por la que se le sanciona, fue como miembro del Consejo del Conavi y no como ministro.
Adelantó que para frenar la inhabilitación, presentó una solicitud de medida cautelar ante los tribunales contencioso administrativos.
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De ejecutarse la resolución, Segnini deberá dejar el cargo público que ocupa como director corporativo jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Respetaremos todo el proceso, pero vamos a llevarlo a la vía judicial porque no estamos de acuerdo para nada.
“La medida cautelar lo que busca es la no ejecución del acto, estoy esperando que se haga la notificación al ICE para sentarme a conversar y resolver la situación en ese sentido. Esas medidas son muy rápidas, voy a esperar que se resuelvan las dos cosas y en cuanto se notifique al ICE me sentaré con ellos a definir la situación que procede conforme a derecho”, añadió.
FUENTE: Archivo La Nación. DISEÑO/LA NACIÓN.
Otros responsables
Además de Segnini, Giselle Alfaro y Mauricio Salom, fue sancionada a Lizeth Rodríguez Barquero, quien fungía como directora en el Consejo Nacional de Vialidad, en representación del MOPT.
A estos se suman tres personas que formaban parte de ese órgano colegiado. Christian Campos Monge, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Nelson Gómez Barrantes, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y Jorge Solano Jiménez, de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
En la resolución, se aclara que tanto el director ejecutivo, Mauricio Salom, como los miembros directores del Consejo de Administración del Conavi, estaban llamados a tener una “visión global e integral del proyecto” que estaba siendo objeto de análisis, pues eran los responsables de la toma de decisiones.
Tanto Salom, la exviceministra, al igual que Segnini, inicialmente habían sido sancionados con cuatro años, pero luego de la apelación, se les bajó a dos.
Sobre Salom, la Contraloría resolvió que “asumió como propia la propuesta contenida en los borradores remitidos por las áreas técnicas, lo cual, a su vez evidencia su responsabilidad al remitir esa documentación sin verificar, consultar o inquirir en grado suficiente para asegurarse que todos los problemas técnicos en relación con la construcción de la ruta 257 hubiesen sido resueltos”.
Asimismo, indica que “lesionó” el ordenamiento jurídico al acudir ante la CGR y gestionar una autorización para llevar a cabo la construcción de la ruta 257, pese a que tal y como él mismo lo había expuesto, tenía dominio y conocimiento sobre los problemas de conexión que presentaba la ruta con la terminal” .
Sobre la exviceministra, indica que “poseía un conocimiento certero sobre la existencia de un desfase entre la terminal de contenedores y la ruta 257; sin embargo actuó en forma omisa, negligente y desinteresada, limitándose a aprobar la solicitud sin verificar si constituía una solución definitiva para satisfacer la necesidad pública”.
Agrega que fue ella quien expuso los problemas existentes ante el Consejo Sectorial de Transporte y ante el Consejo de Administración del Conavi, por lo que “lo mínimo” que se esperaba era que al aprobar la propuesta se cerciora de que fuera funcional”.
Alfaro, sigue actualmente en la planilla del MOPT, aunque se desconoce el cargo que ejerce. La Nación intentó comunicarse con ella a su celular, pero no atendió las llamadas.
La Contraloría concluyó que al remitir el proyecto para ser autorizado pese a que no era factible conseguir una conexión real con la terminal de contenedores, se puso en riesgo el objetivo final, de manera que si lo que se pretendía era avanzar con la ruta y luego solucionar el problema del entronque, se debió plantear la solución con esa situación real.
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