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El‌ ‌trabajo‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌ruta‌ ‌257‌, que‌ ‌conecta‌ ‌la‌ ‌terminal‌ ‌de‌ ‌contenedores‌ ‌de‌ ‌Moín‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌ruta‌ ‌‌32‌, ‌‌enfrentó‌ ‌‌un‌ ‌gran desafío‌

El caso Cochinilla confirma el valor de la prensa independiente en una sociedad democrática y, también, sus limitaciones cuando la institucionalidad no responde como se espera.

Luego de que la Contraloría General de la República resolviera inhabiltar por dos años al exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini tras hallarlo responsable administrativamente por las acciones que mediaron en la llamada “pifia” de la ruta 257, el exjerarca solicitó este jueves un permiso sin goce de salario, mientras el proceso se resuelve en instancias judiciales.

La Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos al exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos, al considerarlo responsable administrativamente en un “grado de culpa grave” en relación con la llamada pifia de la ruta 257.

"Si no se hubiera construido ese viaducto, estaríamos perdiendo más de $1.000 millones para los productores costarricenses, porque la conectividad no se habría logrado a tiempo", alegó el mandatario.

El proceso contra el exministro Carlos Villalta se abrió el 6 de febrero pasado por la posible comisión del delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.

Lo ocurrido con la construcción de la ruta 257, que conectará al puerto de APM Terminals, es un sinsentido.

El ente contralor le llamó la atención a la administración de Luis Guillermo Solís por no advertir que había un desfase de 80 metros en el proyecto, cuando solicitó permiso para contratar a una empresa de manera expedita por más de ¢40.000 millones, y le exhortó para que mantenga "la transparencia necesaria" en este tipo de procedimientos.

La causa se tramita en la Fiscalía General y se encuentra en la “valoración inicial”, parte de la fase preparatoria de la investigación.

El Conavi solicitó este miércoles el aval de la Contraloría General de la República para subsanar la 'pifia' de 80 metros, que de manera premeditada, se incluyó en la construcción de vía 257, que entrelaza la ruta 32 (San José-Limón) con la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).