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Fiscales ejecutaron cuatro allanamientos esta mañana con el objetivo de secuestrar evidencia relacionada con la ‘pifia’ en la construcción de la carretera que da acceso a la terminal portuaria de Moín, conocida como ruta 257.
Este proceso lo desarrollaron funcionarios de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), con el apoyo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Las oficinas allanadas corresponden al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S. A. y Puentes y Calzadas.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el caso que se investiga se relaciona con la licitación que llevó a cabo el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), bajo la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la conexión entre la ruta 32 y la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. La adjudicación del proyecto recayó sobre el consorcio allanado hoy.
“La licitación, con un precio inicial de $71.857.500, no cumplió con el objetivo contractual para lograr la conexión definitiva, pues hubo un faltante de más de 80 metros que impedía el acceso a la terminal portuaria”, dice el escrito.
En consecuencia, el Estado costarricense tuvo que asumir el pago adicional de $14 millones, correspondientes al valor del diseño y construcción de la porción de terreno que no fue contemplada inicialmente para lograr la conexión.
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La hipótesis de investigación de la Fiscalía es que no existieron errores de diseño, sino que desde que el proyecto se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública.
No obstante lo anterior, las pruebas determinarán si se valida o se descarta dicha hipótesis, conforme avance el proceso penal.
Este caso fue denunciado por La Nación desde el 1.° de enero del 2017, cuando se evidenció que la vía provisional para entrar al megapuerto de Moín, desde la ruta 32, se construyó con un error de cálculo que obligaba al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a rediseñar la ruta definitiva.
De momento no hay personas imputadas. Las pruebas decomisadas hoy serán analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial.
El delito investigado es influencia contra la hacienda pública, regulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.
El caso
Todo se remonta al 2015, año en el que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) abrió la vía de lastre de 2,8 kilómetros entre Sandoval de Limón y Moín para el ingreso de camiones con materiales de construcción y obreros de la terminal portuaria.
Dicha obra se realizó con coordenadas geográficas equivocadas, lo cual provocó una diferencia de 80 metros entre el punto donde finaliza el acceso y el ingreso del puerto.
El error fue señalado por la Contraloría General de la República en un informe entregado al Ministerio, en octubre del 2016.
Ante los diputados de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público y bajo juramento, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, reconoció el 23 de marzo del 2017 que el gobierno de entonces (Solís Rivera, 2014- 2018) sabía que el proyecto licitado no llegaba al punto requerido en realidad.
“Cuando yo digo que no hay error es porque ya sabíamos que había una diferencia de 80 metros de longitud y seis metros de elevación entre el punto que salió en la licitación y la Terminal de Contenedores, o sea, eso de que sea una pifia dijimos que no, porque ya sabíamos de previo que, por medio de esa licitación, no se podía hacer la conexión. A eso es lo que yo me refiero de que no hay error ni pifia, nosotros no sacamos la licitación pensando que donde iba a terminar iba a pegar con la terminal de contenedores”, dijo Villalta esa vez.
El entonces ministro y presidente del Conavi le echó la culpa de lo sucedido a la administración anterior (Chinchilla Miranda, 2010-2014) . Alegó que, en octubre del 2013, el Conavi tramitó el estudio de impacto ambiental del proyecto sin que la empresa holandesa APM Terminals, constructura de la TCM, hubiese dado a conocer el punto de acceso al megapuerto.
Según su versión, eso provocó que el permiso ambiental se solicitara para una franja que terminaba en el centro de los terrenos concesionados a APM Terminals, mientras que el acceso se abrió a un costado, a 80 metros del sitio pensado.
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Adriana Castillo Gómez, encargada de prensa del Conavi, confirmó que desde las 7 a. m. las autoridades allanaron de forma pasiva esa entidad y simultáneamente el CNC. Afirmó que todos los funcionarios del Conavi fueron enviados a sus casas, excepto las jefaturas.
Los jefes se quedaron en la institución por si las autoridades ocuparan la apertura de algún expediente o datos de alguna computadora en relación con el caso de la terminal de contenedores de Moín.
“Ojalá estos hechos no fueran frecuentes”, dijo Mario Rodríguez, director del Conavi, quien indicó que La Fiscalía y el OIJ seguían en el lugar a las 3:30 p. m. y solicitaron varios documentos, los cuales les fueron entregados.
Agregó que no se puede referir al caso en investigación porque no lo conoce. “No tengo información, ni antecedentes. Solo apoyamos a las autoridades con los documentos a nuestro alcance. No fue un allanamiento caótico, sino pasivo. Lo apoyamos pese a que hubo atrasos, porque se tuvo que tuvo que detener las operaciones normales del día”, puntualizó.
Dijo que el Conavi está anuente a brindar toda la información que se necesite para la investigación.
