Los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de las constructoras MECO y H. Solís, respectivamente, son las figuras más prominentes de los detenidos por presunta corrupción en proyectos viales financiados con fondos públicos.

Ellos forman parte de los 23 hombres y seis mujeres aprehendidos hasta el mediodía de este lunes en una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Entre los sitios allanados están el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda.

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También se realizaron diligencias judiciales en varias empresas privadas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de obras viales, así como en diversas casas de habitación de las personas investigadas.

Según las declaraciones del director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, en este caso se investigan “cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica”.

Agregó que la aparente malversación de fondos generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.

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Además de MECO y H. Solís, otras de las firmas señaladas son Constructora Herrera, en San Carlos; Constructora Montedes, en Orotina, y Alsofrutales, en Heredia; así como Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa) e Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP). Las dos últimas se encargaban de las supervisiones de las obras públicas.

Por eso, entre los detenidos también figuran William Herrera Chacón, secretario de la sociedad de Constructora Herrera, así como Edwin Castro Rodríguez, presidente de la sociedad de Montedes. (Vea la lista completa al final de este artículo).

Además, trascendió que como parte de los operativos se allanaron dos hangares en el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, pertenecientes a MECO y H. Solís.

Por otra parte, uno de los investigados, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, fue hasta este lunes asesor del presidente Carlos Alvarado Quesada. A él le allanaron la oficina y su apartamento; no obstante, no fue detenido.

En horas de la tarde, Saldarriaga renunció para concentrarse en el proceso judicial, según manifestó.

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Ante esto, Presidencia informó de que colaborará con las autoridades en las diligencias.

“Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas. En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan”, precisaron en un escueto comunicado de prensa.

En esa misma línea, el MOPT y el Conavi también manifestaron que están en total apertura “para que el OIJ cumpla con su deber”. Añadieron que “por ser un caso en investigación y por respeto a la autoridad judicial no nos podemos referir al tema”.

La expectativa de las autoridades era que, al final del día fueran detenidas 33 personas en total, 19 funcionarios públicos y 14 particulares.

Sin embargo, la lista cerró con 29 aprehensiones.

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Investigación desde 2019

Wálter Espinoza detalló que la investigación del caso comenzó en el 2019, luego de que se recibieron algunas denuncias sobre presuntas irregularidades.

“La investigación está relacionada con la presunta corrupción pública en temas de conservación y mantenimiento de red vial. (...)

“Es un operativo conjunto y de los más importantes de los últimos meses, sumamente ambicioso y determinado por necesidad de establecer la comisión de varias circunstancias de orden delictivo”, explicó Espinoza.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó de que en total se desarrollaron 57 allanamientos que tiene como objetivo “obtener prueba para una investigación dirigida contra un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi”.

El caso se agrupa dentro del expediente 19–000025–1218–PE y en este se incorporarán las evidencias documentales y electrónicas que se logren obtener este lunes.

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Ola de reacciones

En las próximas horas, la Fiscalía procederá a tomar la declaración indagatoria a Cerdas y Solís, al igual que a los otros sospechosos detenidos, antes de ponerlos a las órdenes del Juzgado Penal para la respectiva audiencia de solicitud de medidas cautelares.

Erick Ramos Fallas, quien representa a Carlos Cerdas, de Constructora MECO, dijo que por el momento no se va a referir al caso, pues su defendido no ha sido indagado.

”Básicamente lo que te puedo decir es que son 57 personas las que están siendo vinculadas en hechos contra la hacienda pública. Estamos en una amplia y plena colaboración con el Ministerio Público, con las limitaciones que eso implique y por supuesto vamos a ejercer los controles de legalidad que permite el ordenamiento jurídico para esclarecer la verdad real de los hechos”, aseguró Ramos.

Por medio de un breve comunicado, MECO agregó que “está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público, facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso”.

Aseveraron que siempre se han apegado al ordenamiento jurídico.

En tanto, H. Solís indicó que no pueden brindar declaraciones al respecto por estar judicializado el caso.

“Cabe señalar que H. Solís se encuentra colaborando con nuestras autoridades, poniendo a su disposición toda la información que las mismas así requieran para que todo sea aclarado con transparencia y de manera oportuna.

“La empresa continúa operando con total normalidad, llevando adelante sus proyectos y convirtiéndose en fuente de empleo y sustento para más de mil colabores y sus familias”, manifestó Carlos Carmiol, vocero de la compañía.

Al igual que las otras compañías, Cacisa dijo que están a las órdenes de las autoridades, por lo que van a colaborar con la facilitación de información y documentación.

“En Cacisa reiteramos nuestro compromiso con el correcto proceso y apego a las normativas legales y éticas. Por ser un caso en investigación y por respeto a la autoridad judicial, no nos estaremos refiriendo al tema”, indicó la empresa.

Desvío de fondos para financiar obras específicas

Son varias las obras que están en la mira de las autoridades por presuntas irregularidades, debido a que, al parecer, se trasladaban fondos para inyectarlos en proyectos específicos.

Según datos que constan en la investigación, del dinero destinado para los proyectos de la ruta 32 (San José– Limón) y Sifón– La Abundancia, se sacó un monto no determinado para inyectarlo a los trabajos que se realizaban en el puente binacional de Sixaola, el paso a desnivel de Garantías Sociales y las obras de Circunvalación Norte, así como para los contratos de conservación vial en todo el país, estos últimos a cargo de MECO.

De acuerdo con Espinoza, con la investigación se logró determinar que hubo “una malversación de fondos dirigida a alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente y ya establecido”.

El jerarca judicial agregó que a partir de lo investigado puede presumirse que hubo personas que se aprovecharon de sus circunstancias, condiciones y labores para obtener sobornos y “favorecer a las empresas privadas y elevar los costos y montos de la obra pública”.

Destacó que en el caso de quienes tenían vínculos con las empresas privadas, aparentemente, obtuvieron una “ventaja comercial en su ámbito de actividad en mantenimiento y construcción de obra pública”.

“Estos movimientos irregulares, esta malversación de fondos, esta utilización indebida de dineros previstos para un proyecto en iniciativas que beneficiaban o favorecían a otras personas generó un enorme déficit de carácter presupuestario, lo que podríamos denominar una especie de laguna financiera que en le periodo de estudio, que es el año 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020, generaron un desbalance de aproximadamente ¢78.000 millones”, aseguró Espinoza.

Modo de operar

Espinoza explicó que en este caso se pudo determinar que, aparentemente, desde el Conavi existía un favorecimiento hacia empresas privadas, con el fin de que estas obtuvieran beneficios en el ámbito de construcción, mantenimiento y desarrollo de carreteras.

“Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones o ganaban licitaciones que se exponían en el ámbito público por apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares.

“Ante esto, investigamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías o pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos que fueron patrocinados por empresas privadas para lograr ventajas ilegales”, aseveró el jerarca judicial.

Espinoza también precisó que en este caso se logró declarar la investigación como un caso de crimen organizado, con lo cual pudieron utilizar herramientos de trabajo especializadas para verificar las relaciones y contactos que se gestaron en este caso.

“Ese esquema representaba un asocio delictivo que estaba provocando mucho daño al país y que, eventualmente, incrementaba el costo de obras y que es ilegítimo, irregular y delictivo desde el plano de la hipótesis de investigación”, indicó el director del OIJ.

En total, 550 investigadores judiciales, así como 100 funcionarios del Poder Judicial participaron en los allanamientos.

Funcionarios públicos detenidos

- Mario Quesada Aguirre: Vicepresidente del Tribunal Administrativo de Transporte

- Carlos Solís Murillo: Exgerente financiero del Conavi

- Carmen Madrigal Rímola: Directora de Proveeduría Institucional del Conavi

- Hugo Zúñiga Fallas: De la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi

- Elsie Carmona Rivas: Funcionaria de Conavi

- Harold Mora Obando: Labora en la Dirección de Costos de Vías y Puentes del Conavi

- Laura Chaves Mora: De la Unidad Ejecutora de Puente Binacional en Sixaola del Conavi

- Edgar May Cantillano: Ingeniero de Proyectos en Conavi

- Marcela Monge Hernández: Gerente de Adquisición y Finanzas del Conavi

- Mauricio Ortiz Vega: Ejecución Presupuestaria del Conavi

- José Rojas Monge: Director Financiero Conavi

- Abraham Sánchez Castro: Ingeniero del Conavi

- Sergio Lobo Bejarano: Jefe de Tesorería del Conavi

- Eliécer Rivera Campos: Ejecución Presupuestaria Conavi

Empresarios detenidos

- Carlos Cerdas Araya: Dueño de MECO

- Abel González Carballo: Gerente General de MECO

- Alejandro Bolaños Salazar: Representante legal de MECO

- Tobías Arce Alpízar: Labora para MECO

- Alejandra Bonilla Guillén: Colaboradora de MECO

- Mélida Solís Vargas: Dueña H. Solís

- Juan Carlos Abarca Quesada: Trabaja en H. Solís

- Óscar Martínez Martínez: Presidente en Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S. A.

- Alister Cervantes Morales: Gerente de la firma Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc)

- Edwin Castro Rodríguez: Presidente de la sociedad de Constructora Montedes

- William Herrera Chacón: Gerente general de Constructora Herrera

Personas detenidas con cargos desconocidos

- Saúl Zamora Zamora

- Luis Ureña Villalobos

- Quesada Pérez

- Rodríguez Araya

Personas investigadas pero no detenidas

- Mario Rodríguez Vargas: Director Ejecutivo a. i. del Conavi

- Gabriela Trejos Amador: Gerente de Asuntos Jurídicos del Conavi

- Johnny Barth Ramírez: Gerente de Contratación de Vías y Puentes del Conavi

- Ana Ruth Alfaro Padilla: De la gerencia de Conservación de Puentes del Conavi

- Edgar Meléndez Cerda: Gerente a. i. de Conservación de Vías y Puentes del Conavi

- Allan Ugalde Rojas: Gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República

- Juan Camilo Saldarriaga Jiménez: Asesor del presidente Carlos Alvarado Quesada, renunció este lunes por la tarde

- Roberto Acosta Mora: Esposo de Mélida Solís

- Keylor Godínez Abarca: Gerente de Proyectos H. Solís

- Sonia Solís Vargas: Hermana de Mélida Solís y secretaria de la sociedad de Also Frutales

- Alejandro Acosta Mora: Cuñado de Mélida Solís y esposo de Sonia Solís

- Max Sittenfeld Apple: Ingeniero de MECO

- Luis Fernando Gutiérrez Vargas: Gerente de la Unidad de Asfaltos en Constructora MECO

- Priscilla Naranjo Vargas: Se desconoce cargo

- Alex Arce Barrantes: Se desconoce cargo

- Randall Zamora Zúñiga: Se desconoce cargo

- Rafael Araya Mena: Se desconoce cargo

- Cristian Fallas Hernández: Se desconoce cargo

- Luis Mata Madrigal: Se desconoce cargo

Información actualizada a las 6:18 p. m. con más detalles.