Camilo Saldarriaga Jiménez renunció al cargo de asesor del presidente Carlos Alvarado luego de que el OIJ y la Fiscalía allanaron su casa y su oficina, en Casa Presidencial, como parte de un megaoperativo por un presunto caso de corrupción en el manejo de obras viales.
“Con el fin de asumir el proceso y demostrar mi plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo, he presentado la renuncia a mi cargo a partir del día de hoy (lunes)”, dijo en su carta de salida.
Saldarriaga, economista de 29 años, también fue gerente de la campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones del 2018, en las que Alvarado resultó ganador.
“Con la conciencia plenamente tranquila, puedo afirmar que no he cometido ningún delito y que, en ningún momento, he recibido ningún tipo de beneficio o dádiva por mi trabajo. Así se demostrará en el proceso judicial”, aseveró.
El exasesor presidencial no fue detenido, pero las autoridades judiciales sí allanaron su oficina en Presidencia y su casa de habitación en barrio Roosevelt, en Montes de Oca, como parte de un megaoperativo que incluyó 57 allanamientos y la detención de 29 personas.
“Me encuentro en libertad y he dado y daré toda la colaboración posible a las autoridades judiciales en su investigación, porque sé que el proceso permitirá verificar que no he incurrido en ningún delito.
“No tengo ni he tenido contacto con los procesos de contratación pública. La única razón por la que soy parte de la investigación es porque, en el marco de mis tareas, monitoreaba la ejecución el Presupuesto Nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como el Conavi. Esto es algo absolutamente ordinario y legal en el marco de la administración pública”, agregó Saldarriaga su misiva.
El ahora exasesor del mandatario Alvarado se encargaba de atender temas relacionados con infraestructura y la hacienda pública dentro de la Casa Presidencial.
“Tengo la absoluta convicción de que la función pública debe darse con eficiencia, respetando los marcos legales y bajo las más estrictas normas éticas, y esa siempre ha sido mi actuación”, añadió Saldarriaga.
Según el economista, él posee “plena certeza” de su inocencia y aseguró que esta quedará demostrada ante los Tribunales de Justicia.
Por su parte, Casa Presidencial precisó que el allanamiento a la oficina del exasesor se extendió durante cinco horas, entre las 7:08 a. m. y las 11:45 a. m.
Los agentes judiciales realizaron “los respaldos informáticos que estimaron pertinentes”, informó Zapote.
En diversas ocasiones el presidente Alvarado hizo referencia del trabajo que realizaba Saldarriaga, por ejemplo, habló de este asesor el 10 de febrero de este año, en el Congreso, cuando rindió explicaciones sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Dentro de las pesquisas realizadas por la policía judicial este lunes se encuentran 57 allanamientos y 29 detenciones, donde figuran funcionarios públicos y privados.
Dentro de las instituciones públicas allanadas está el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda.
En la lista de detenidos del sector privado se encuentran los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de las constructoras Meco y H. Solís, respectivamente.
Saldarriaga forma parte del equipo de asesores que funge como enlace entre el despacho presidencial y las distintas ramas del Poder Ejecutivo.
Este trabajo se lo asignó el mandatario desde el inicio de la Administración, según consta en las actas del Consejo de Gobierno.
Así lo informó el presidente a su gabinete en la sesión del martes 26 de junio del 2018. Ese día, Alvarado les anunció a sus ministros que cada uno de sus nueve asesores, incluido Saldarriaga, se encargaría de atender un grupo específico de instituciones.
El presidente también se refirió a esta dinámica de trabajo el 10 de febrero de este año, en el Congreso, cuando rindió explicaciones ante los diputados sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Ahí, Alvarado dijo que Saldarriaga se encargaba de la coordinación entre su despacho y el Ministerio de Hacienda.
“Por ejemplo, en los trabajos que llevamos adelante en materia presupuestaria, los cuales yo agradeceré siempre, porque en verdad le dieron mucho a este país, Camilo fungía como asesor, enlace con Hacienda”, declaró el mandatario.
Según datos que constan en la investigación judicial, del dinero destinado para los proyectos de la ruta 32 (San José– Limón) y Sifón– La Abundancia, se sacó un monto no determinado para inyectarlo a los trabajos que se realizaban en el puente binacional de Sixaola, el paso a desnivel de Garantías Sociales y las obras de Circunvalación Norte, así como para los contratos de conservación vial en todo el país, estos últimos a cargo de Meco.
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que esta investigación versa sobre “presunta corrupción pública en temas de conservación y mantenimiento de red vial”.
La tesis judicial persigue los presuntos delitos de “cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica”, así como una aparente malversación de fondos que generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.
Además, funcionarios públicos habrían recibido favores sexuales, dinero en efectivo y vehículos todo terreno como recompensa por beneficiar a empresas constructoras en adjudicaciones de obras viales.
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