Un asesor del presidente Carlos Alvarado figura como investigado en el expediente judicial sobre presunta corrupción en el manejo de obras viales, por el cual el OIJ y la Fiscalía efectuaron 57 allanamientos este lunes, incluyendo Casa Presidencial.
Se trata de Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, economista de 29 años, quien también fue gerente de la campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones del 2018, en las que Alvarado resultó ganador.
A Saldarriaga le allanaron la oficina en Presidencia y su casa de habitación en barrio Roosevelt, en Montes de Oca; no obstante, no ha sido detenido.
Él forma parte del equipo de asesores que fungen como enlace entre el despacho presidencial y las distintas ramas del Poder Ejecutivo encargadas de ver temas de infraestructura y la hacienda pública.
Este trabajo se lo asignó el mandatario desde el inicio de la Administración, según consta en las actas del Consejo de Gobierno.
Así lo informó el presidente a su gabinete en la sesión del martes 26 de junio del 2018. Ese día, Alvarado les anunció a sus ministros que cada uno de sus nueve asesores, incluido Saldarriaga, se encargaría de atender un grupo específico de instituciones.
“(El presidente) solicita toda la colaboración para sus asesores”, dice el documento.
Alvarado también se refirió a esta dinámica de trabajo el 10 de febrero de este año, en el Congreso, cuando rindió explicaciones ante los diputados sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Ahí, dijo que Saldarriaga se encargaba de la coordinación entre su despacho y el Ministerio de Hacienda.
“Por ejemplo, en los trabajos que llevamos adelante en materia presupuestaria, los cuales yo agradeceré siempre, porque en verdad le dieron mucho a este país, Camilo fungía como asesor, enlace con Hacienda”, declaró el mandatario.
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que la investigación “está relacionada con la presunta corrupción pública en temas de conservación y mantenimiento de red vial”.
Las autoridades judiciales también allanaron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y casas de habitación de implicados, al tiempo que detuvieron a los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de Meco y H. Solís.
El director de la Policía Judicial detalló que, este lunes, las autoridades tienen por objetivo detener a 19 funcionarios públicos y a 13 particulares.
“Es un operativo conjunto y de los más importantes de los últimos meses, sumamente ambicioso y determinado por necesidad de establecer comisión de varias circunstancias de orden delictivo, entre estos delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica”, explicó Espinoza sobre el megaoperativo.
La tesis judicial es que la aparente malversación de fondos generó un déficit de ¢78.000 millones, en detrimento de las finanzas públicas, entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.
Wálter Espinoza agregó que el OIJ investiga presuntos pagos de sobornos a funcionarios públicos, por parte de empresarios, para manejar contratos de obra vial.
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