La ministra de Justicia, Marcia González, aseguró que los negociadores sindicales con quienes se ha reunido el Ejecutivo durante las últimas dos semanas en el intento de poner fin a la huelga, “son los mismos que han ido a sus bases a boicotear el acuerdo".

"Este acuerdo fue construido por ambas partes, es un tema de credibilidad venir a decir después de más de 100 horas (...) que nos vengan a decir que es un documento planteado por el Gobierno, simplemente no es de recibo porque es mentirle a los costarricenses.

“También nos preocupa que estos líderes sindicales estuvieron con nosotros hasta la madrugada y que hayan sido algunos de estos líderes -habría que cuestionarse mucho el concepto- son los mismos que han ido a sus bases a boicotear el acuerdo, eso no se vale en una democracia (...) hay muchos otros que sí tienen liderazgo positivo y están queriendo construir y vamos a seguir trabajando con ellos porque esto es una tarea que solo juntos vamos a lograr”, dijo González.

La jerarca además calificó como una falta de seriedad, la forma en que se divulgó el rechazo al documento pactado.

" El Facebook y las calles no son la manera de responder ante un proyecto que ha sido tomado con toda seriedad”, enfatizó la jerarca en conferencia de prensa en el Ministerio de Trabajo.

Este domingo, los sindicatos se arrepintieron ante lo negociado con el Gobierno la madrugada de este sábado para deponer las manifestaciones contra la reforma fiscal y, más bien, aseguraron que estas siguen.

Así lo comunicaron las distintas organizaciones sindicales mediante publicaciones en sus redes sociales y con comunicados de prensa. Estas son la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

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Por su parte, el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) asegura que, aunque avala la propuesta del Gobierno, está supeditado a la decisión de la mayoría de los sindicatos y, por tanto, también apoya la continuidad de las protestas contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580).

Ante este panorama, la reunión entre Gobierno y sindicatos que esta pactada para las 3 p. m. de este domingo fue cancelada. Ahí, las partes revelarían cuál iba a ser la solución a la huelga.

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“No vamos a negociar con aquellos grupos que no depongan la huelga... Nosotros nos mantuvimos durante más de 100 horas (de negociación) leales en nuestra palabra… los grupos sindicales no la cumplieron”, afirmó la jerarca de Justicia.

Por su parte el Ministro de Trabajo, Steven Núñez aseguró que el Gobierno cumplió su parte en esta etapa de acercamiento y no habrá más encuentros para trabajar sobre el acuerdo que ya fue elaborado.

Aunque no reveló cuáles grupos estarían dispuestos a avanzar en el proceso, el jerarca reconoció que a lo largo de las jornadas de negociación “hubo posiciones que fueron más fuertes que otras, hubo grupos dentro de la Unidad Sindical que se mostraron anuentes a avanzar y por eso logramos emitir ese resultado que es ese documento y en esos cuatro puntos nos logramos poner de acuerdo”

Núñez insistió en que están abiertos a iniciar una mesa de diálogo con los sindicatos que estén dispuestos a firmar el acuerdo y que levanten la huelga. Para esto, dijo, no hay un plazo, por lo que estarían anuentes a recibir a los gremios que se decidan a suscribir dicho documento en el momento que lo comuniquen por medio de la Iglesia, quien funge como mediador.

Añadió que los cuatro puntos que se establecieron en dicho consenso no serán modificados.

Si declaratorias de ilegalidad quedan en firme se rebajarán salarios

El ministro de Trabajo, agregó que mientras se establece esa mesa de diálogo, continúa el proceso de declaratorias de ilegalidad.

Además, aclaró que en el documento de acuerdo que se consensuó el sábado en la madrugada con los líderes sindicales sí se establecía que el Gobierno aplicaría las medidas administrativas que correspondan “según el ordenamiento jurídico”

A la fecha se han emitido 10 declaratorias de ilegalidad de las 32 que fueron solicitadas por instituciones y ministerios.

“Una vez las sentencias se encuentren en firme se procederá conforme lo indica la normativa (...) suscriban o no suscriban el documento, el gobierno debe respetar el ordenamiento jurídico, cuando las sentencias queden en firme tenemos que acatar lo que dice la norma, y la norma en el artículo 379, señala que si la huelga es declarada en firme como ilegal, el Gobierno debe rebajar salarios, es decir las medidas administrativas que se señalan el documento y asimismo si el ordenamiento faculta al gobierno a utilizar planes de contingencia y reposición de horarios también se hará”, aseveró Núñez.

Los representantes del Gobierno aseguraron que de parte del Ejecutivo el proyecto de reforma fiscal sigue, por lo que reiteraron el llamado a los trabajadores para que se reintegren a sus trabajos.

Además aclararon que hasta las 5 p.m. de este domingo no habían recibido una respuesta oficial sobre quiénes se suscribirían o no al acuerdo y más bien la comunicación que tuvieron de parte de la Iglesia fue que algunas agrupaciones habían pedido más tiempo para dar su respuesta, a lo que respondieron que estaban dispuestos a modificar el espacio y tiempo acordado para dicha formalización, en caso de que lo requirieran.