Ojalá la educación no sea para los jueces lo mismo que la gasolina porque, en la práctica, son dos combustibles.

El bloque de diputados independientes, que se separó de Restauración Nacional (PRN), se opone a la aprobación de una vía rápida para tramitar el proyecto de ley que permitiría rebajar salarios a los funcionarios que participen en huelgas ilegales y que prohibiría efectuar este tipo de movimientos en servicios esenciales.

Es posible que el casi millón de alumnos afectados por la huelga ni siquiera obtengan justicia por el crimen cometido contra ellos. La legalidad o ilegalidad de la huelga de maestros y profesores lo decidirán los mismos jueces que declararon a derecho la de Recope.