El Gobierno aplazó la legalización del uso medicinal de cannabis y la producción industrial del cáñamo al alegar que el plan de ley aprobado por los diputados permite el autocultivo y el autoconsumo, lo cual podría provocar sobredosis que pongan en riesgo vidas o también promover el tráfico de la droga.
El texto lo aprobaron los diputados, en segundo debate, el 13 de enero (29 votos contra 10) y solo falta que el mandatario Carlos Alvarado lo firme para que se convierta en ley. El Poder Ejecutivo no menciona la palabra veto. En su lugar, indica que hará una contrapropuesta a la Asamblea Legislativa con respecto a los puntos que considera de alto riesgo para la salud pública. Sin embargo, no detallaron qué procedimiento utilizarán para plantear los ajustes.
Así lo anunciaron en conferencia de prensa los jerarcas de los ministerios de Salud, Presidencia, Seguridad, Agricultura y del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), quienes reclamaron que los diputados nunca los llamaron a audiencia para escuchar sus opiniones ni tampoco tomaron en cuenta sus observaciones iniciales.
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“Estamos trabajando en buscar una solución”, afirmó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, quien destacó que el Poder Ejecutivo está a favor del tema, pero que hay aspectos de salud y seguridad pública pendientes de solventar. “Aún persisten preocupaciones”, dijo.
El ministro de Salud, Daniel Salas, cuestionó la posibilidad de que los pacientes se expongan a una sobredosis con la autorización del autocultivo, por lo cual, apuesta a la fabricación profesional en laboratorios especializados que permitan dosis seguras ya que el cannabis es “un medicamento delicado” y, extraer en la casa el componente activo de la planta no es lo adecuado.
Además, expresó su temor de que el uso medicinal se convierta en una mampara para la siembra y comercialización de la marihuana y criticó el hecho de que el plan deja a funcionarios del Ministerio de Salud la vigilancia de la siembra de matas en hogares pues señaló que no hay “criterios lógicos” para establecer cantidad de planas. Y, a ello, sumó la posibilidad de que en esa labor de inspección los trabajadores puedan enfrentar “situaciones que pueden ser riesgosas para su actividad física y mental”.
Agregó que están conscientes de que el plan busca que el cannabis ayude a pacientes que requieren tratamientos alternativos para distintas enfermedades y que, a pesar de que no hay una estimación de cuántas personas se podrían beneficiar, la efectividad de la planta ya tiene respaldo científico para usos médicos.
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Pero reprochó que la iniciativa permita generar productos con un porcentaje de THC (tetrahidrocannabinol, componente que genera el efecto psicotrópico) que es de tres a cuatro veces mayor de lo que está permitido en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), de la que Costa Rica es parte, ya que esto se podría utilizar para “otras cosas” que no se relacionen con lo medicinal.
Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, también expresó que le inquietan los mecanismos de control que plantea el proyecto, dado que los funcionarios del Ministerio de Salud y policías no están capacitados para diferenciar entre una mata de cáñamo y una de cannabis. Además, considera que las licencias para pacientes se podrían utilizar para generar sembradíos ilegales en conjunto con el crimen organizado.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, también dejó claro que su sector no puede sostener esta industria por varias “dificultades agronómicas” y porque nunca ha investigado con cannabis ni logrado extraer aceites u otros compuestos de las plantas que cultiva.
El director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Sergio Rodríguez, recordó que el país tiene compromisos internacionales que chocan con este plan.
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‘Prejuicios y desinformación’
La iniciativa de cáñamo y cannabis medicinal fue aprobada en segundo debate el 13 de enero, con el apoyo de 29 congresistas, luego de que la Sala Constitucional no encontró vicios en la propuesta legislativa.
Ese mismo día, después de la votación, varios diputados impulsores de la iniciativa demandaron al presidente Carlos Alvarado respetar el voto de la mayoría en el plenario legislativo y sellar la ley, aunque fue el mismo Poder Ejecutivo el que convocó el proyecto de ley a sesiones extraordinarias luego de presiones en el Congreso.
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Para la diputada independiente Zoila Rosa Volio, impulsora del proyecto, el Gobierno no indicó claramente qué parte del proyecto vetará y alegó que los argumentos que utiliza contra la iniciativa son “muy lamentables”. Por ejemplo, destacó que con la tecnología actual ya se puede diferenciar una planta de cáñamo de una de cannabis y que es falso que esto aumentará el narcotráfico.
“Si se establece que la parte medicinal será dosificada por un médico, ¿cómo van a haber sobredosis? Yo me puedo sobredosificar con acetaminofén si fuera el caso, ahí no está el problema”, manifestó ante consultas de La Nación.
Volio aseguró que hubo audiencias, consultas, mociones y dos debates para que el Ejecutivo manifestara sus preocupaciones relacionadas al autocultivo. “¡No sean tan cínicos!”, afirmó.
La también independiente Paola Vega aseveró que los argumentos del Gobierno “no son de recibo” porque nunca hubo interés de acercarse a los diputados de la Comisión de Ambiente para externar dudas. “Hacerlo en este momento es una bofetada absoluta al trabajo legislativo de tres años, pero además por el fondo siguen sin dar argumentos”. Además, alegó “prejuicios y desinformación” de parte de Casa Presidencial.
El liberacionista Roberto Thompson afirmó que los alegatos del Ejecutivo “suenan más a excusas que a otra cosa” porque este plan lleva mucho tiempo en la corriente legislativa y ha sido objeto de una discusión intensa como para que ahora el Gobierno presente estas quejas. “Me parecen absolutamente inoportunos los razonamientos que se han dado porque no tienen lugar”.
En qué consiste
El plan presentado por Zoila Rosa Volio pretende autorizar la producción de las plantas de cannabis, tanto las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol, para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, como el cáñamo, de múltiples usos industriales.
Los legisladores a favor de la propuesta defienden que los pacientes con dolores crónicos podrán tener tratamientos más efectivos y naturales, además de la posibilidad de que el país desarrolle una industria de cannabis que genere puestos de trabajo e incremente la actividad económica.
Quienes lo adversan, por el contrario, rechazan que se permita a personas acreditadas como pacientes cultivar de forma doméstica “una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo” para su tratamiento, como reza el proyecto de ley en su artículo 26.
Para la producción de ambas plantas y sus derivados, los productores tendrán que registrarse ante el Estado y brindar amplia información a las autoridades sobre sus actividades.
El Ministerio de Agricultura (MAG) tendrá a su cargo la regulación del mercado del cáñamo, mientras que el de Salud, el del cannabis para uso medicinal y terapéutico.
Salud, Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas sobre los productores y desarrolladores de derivados del cannabis y el cáñamo. En la iniciativa, se autoriza la venta de materia prima de cannabis medicinal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.
Carlos Alvarado, por su parte, se ha reservado si firmará o no la ley, a la espera de que se aprobara de forma definitiva.
El 10 de enero, ante consultas de La Nación, el presidente manifestó: “El Gobierno está a la espera de que se dé un segundo debate. A partir de ello, con las autoridades de Salud, vamos a revisar el texto final antes de emitir una decisión. Eso es lo que nos corresponderá hacer”.
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