La Iglesia católica manifestó este lunes que se opone a disposiciones del proyecto de ley de cannabis medicinal y cáñamo que se aprobó en segundo debate en el Congreso, pero que está a las puertas de ser modificado por el Poder Ejecutivo debido a distintas disconformidades con la redacción actual de la iniciativa. La autoridad religiosa solicitó “una reflexión” sobre los beneficios y perjuicios del plan que avalaron los legisladores y tomar nuevas “consideraciones” ante una eventual autorización de la práctica en el territorio nacional.
Aunque la Conferencia Episcopal no se pronunció sobre este expediente durante su trámite legislativo, ahora los nueve obispos dijeron sentirse muy preocupados porque la eventual normativa “contiene disposiciones que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así como algunas incongruencias que conviene resolver”. Sin embargo, reconocieron como “altamente positivos” los fines del plan que buscan “promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales de nuestro país”.
¿Por qué referirse al tema en este momento? ¿Tiene relación con la oposición de Presidencia?, les consultó este diario, a lo que respondieron: “El tema se ha estado analizando en la Comisión de Bioética desde hace varios meses, y como con otros temas de interés nacional, hacemos nuestros pronunciamientos, independientemente a los diferentes sectores. Es decir que no hubo ni hay injerencia directa de lo que el Poder Ejecutivo quiere con respecto a lo que la Iglesia opina”.
Según las autoridades religiosas, una deficiencia del proyecto es que no garantiza que los cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales, por cuanto no se contemplan medidas que garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas. “La producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales”, dijeron en su comunicado de prensa.
Alegaron que tampoco parece que la generación de empleo sea significativa y que, en términos ambientales, los monocultivos tienen implicaciones en el deterioro ambiental. Asimismo, argumentaron que “dada la gran similitud entre las plantas de cáñamo y de cannabis psicoactivo, la vastedad de los terrenos dedicados al cultivo del cáñamo hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas de la segunda, si se llega a camuflar en las plantaciones de la primera”.
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Uno de los principales desvelos, alegó la Conferencia, es que “un cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población adolescente” y que el proyecto de ley puede ser incompatible con prohibiciones contempladas en convenciones internacionales suscritas por el país, específicamente por el tema sobre los permisos relacionados con el autocultivo y autoconsumo, los cuales también han sido criticados por ciertos grupos de ciudadanos.
Por esas razones, justificaron los obispos, solicitan “respetuosamente” al Poder Ejecutivo y al Legislativo a sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto. “En caso de llegar a la autorización del uso industrial del cáñamo y el medicinal del cannabis psicoactivo, deben asegurarse todos los mecanismos que logren anular los riesgos sanitarios y de seguridad”, concluyó.
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Nota del editor: Esta nota fue modificada a las 6:12 p. m. del lunes 24 de enero, con aclaraciones de la Conferencia Episcopal