“¿Para qué llevar más maíz a ese molino si ese molino no muele?”.

Con esas palabras, el ministro de Educación, Édgar Mora, explicó su decisión de negarle a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP el 56% del presupuesto que solicitó para el 2019.

La DIEE es la oficina encargada de la construcción de escuelas y colegios. Sin embargo, a causa de su ineficacia, actualmente más de ¢150.000 millones para obras descansan sin ningún uso en las cuentas de la caja única del Estado, explicó el ministro.

El dinero está a nombre de juntas de educación, pero estas no pueden convertirlo en obras si la Dirección de Infraestructura no aprueba los planos, las contrataciones y si no supervisa los trabajos, entre otras funciones.

Para el 2019, la DIEE solicitó un presupuesto de ¢150.500 millones para nuevas construcciones, labores de mantenimiento y compra de terrenos, pero el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) se lo redujo a ¢65.000 millones.

Mora pidió bajar la subpartida de compra de terrenos en un 50% y la de construcción y mantenimiento de escuelas en un 75%.

“Resulta que hay una parte del MEP (la DIEE) que tiene ¢150.000 millones pendientes de ejecución y que pide otro tanto. ¿Por qué quiere el doble si no ha ejecutado lo que ya tiene? ¿Por qué no se limita a presupuestar lo que puede ejecutar?", afirmó el ministro.

"Esa fue una propuesta de alguien que quiere más recursos de un presupuesto que está en elaboración. Le dijimos ‘no, porque ustedes ya tienen mucho dinero y no han probado que tengan la capacidad de ejecución'”, continuó.

Con los ¢150.300 millones ociosos, se podrían construir 48 escuelas como la que se levantará en Colima de Tibás, para 400 alumnos, con un valor de ¢3.100 millones.

Actualmente, en la caja única hay dinero ocioso para 1.470 centros educativos. Por ejemplo, el Liceo Napoleón Quesada Salazar, en San José, tiene casi ¢3.700 millones sin usar.

Mora dijo que hay juntas de educación que tienen fondos en sus cuentas desde el 2007 y no se han logrado ejecutar.

La Dirección de Infraestructura del MEP tiene 120 funcionarios entre ingenieros y arquitectos.

La DIEE alega que, con el recorte ordenado por el ministro, 436 colegios y escuelas no tendrán ni obra nueva ni mantenimiento el próximo año, 86 de los cuales tienen órdenes sanitarias.

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La orden del ministro fue duramente criticada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, durante al comparecencia de Mora el pasado jueves.

Ese día, el jerarca compareció por la decisión de trasladar ¢15.000 millones del MEP a las universidades a pesar de las necesidades de infraestructura de escuelas y colegios.

Para el diputado, las razones del ministro para recortar en infraestructura educativa no son válidas porque “eso sería renunciar por adelantado a las obras que necesitan escuelas y colegios”.

“El ministro dice que 436 escuelas no se van a hacer porque desconfía de la capacidad de ejecución de la DIEE. Es inadmisible porque es condenar a esos colegios a no recibir reparaciones ni obras nuevas. Lo que corresponde es presupuestar el dinero y encargarse de que la ejecución sea eficiente y no asumir una actitud derrotista en contra de los intereses de los estudiantes”, indicó el legislador.

Benavides recalcó que el recorte fue pedido al tiempo que se otorgó un aumento de ¢15.000 millones a las universidades.

Al respecto, el ministro dijo que el dinero para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) iba a salir de otra partida del MEP, la de remuneraciones, que registró una subjecución de ¢105.000 millones en el 2017.

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Agregó que actualmente están trabajando en un diagnóstico del modelo de gestión de la DIEE y depurando el sistema con el que trabajan las Juntas.

“Se va a apuntar hacia un esquema con alianzas público-privadas que privilegien el cumplimiento de metas, aprovechar la capacidad ingenieril que la DIEE tiene para que se dediquen a diseñar proyectos, pero no lo ejecuten”, explicó el ministro.

Queja de Dirección

La solicitud del presupuesto de la DIEE la hizo Wálter Muñoz el 4 de julio pasado; él fue director de la DIEE hasta inicios de agosto.

El 19 de julio, Muñoz le escribió a Reynaldo Ruiz, de la Dirección de Planificación del MEP, que, por órdenes del ministro y por las medidas de contención del gasto, la subpartida para compra de terrenos por parte de las juntas de educación (70103 IP 207) debía disminuirse de ¢8.000 millones a ¢4.000 millones.

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Añadió que la subpartida para la construcción de infraestructura física educativa (50201 EDIFICIOS) pasaría de ¢78.550 millones a poco menos de ¢20.000 millones.

“La DIEE no considera la inversión en obra pública en materia de construcción de centros educativos de calidad como un gasto excesivo, ya que en los ejercicios económicos anteriores ha tenido el desafío de atender las necesidades más urgentes como lo son la atención de centros educativos con órdenes sanitarias, en condiciones de vulnerabilidad, o bien, que laboran en condiciones inapropiadas", se quejó Muñoz en el oficio DIEE-1923-2018.

Actualmente, hay 662 centros educativos con órdenes sanitarias.

Consultado al respecto, Muñoz dijo que en total se iban a intervenir el próximo año unos 600 centros educativos, pero con la orden del ministro, 436 se quedarán sin atender.

Muñoz dijo que él presupuestó esa cantidad de dinero porque la DIEE iba a trabajar con un nuevo sistema en el que ya las juntas no serían las responsables de la construcción de escuelas y colegios.

Sería la Proveeduría Institucional la encargada de publicación de los carteles de licitación, contratación de las unidades de gestión de proyectos y las empresas de manera precalificada.

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Estas compañías desarrollarían la construcción de los edificios educativos, el diseño, estudios básicos y preliminares; fiscalizarían las obras y desarrollarían las unidades gestoras de proyectos (encargadas de acompañar a las juntas durante todo el proceso). Las Juntas solo fiscalizarían el avance de las obras .

“La Proveeduría ya tenía todo listo para iniciar el proceso de contratación por precalificados que iba a ser mucho más ágil. Recortar pone en peligro ese nuevo modelo de precalificación que estaba súper avanzado. Además, no fue que hubo subejecución porque uno lo quiso, fue que el Ministerio de Hacienda, por la crisis fiscal, no tenía liquidez y, al final del 2016 y en el 2017, no dio los dineros. No se utilizaron los recursos porque Hacienda no los dio”, explicó Muñoz.

Mora añadió que él pidió recortar en la mitad el presupuesto para compra de terrenos porque no se tenía certeza de cuántos lotes se iban a comprar y ni siquiera se tenía un avalúo.

“¿Para qué presupuestar ¢8.000 millones para compra de terrenos si no se tiene la certeza que se va a comprar lotes? Eso solo alimenta los superávits que, en el caso de la DIEE, han llegado a ser asombrosamente grandes a pesar de que la infraestructura está asombrosamente deteriorada”, explicó el jerarca.

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Graves problemas en la DIEE

Este medio ha denunciado los problemas de gestión que ha tenido la DIEE en los últimos años. Algunos de estos son:

- La escasa supervisión de la DIEE a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional (CTP) Fernando Volio Jiménez, en Cartago , provocó que ese centro educativo pagara ¢87 millones de más por mano de obra y materiales cuando realizaban mejoras.

-El 95% (175 de 184) de los proyectos que entraron a la DIEE los ejecutaron y lideraron las Juntas de Educación por medio del proceso llamado abreviado. Ese proceso conlleva menos trámites y menos controles lo que explica por qué los proyectos desarrollados bajo ese sistema presenten sobreprecios, retrasos, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.

- El MEP utilizó casi ¢1.000 millones, destinados a la construcción de nuevas escuelas y colegios, para pagar los castigos que el BID le impuso por no ejecutar a tiempo los $167,5 millones, aportados por el propio organismo financiero, para levantar 80 centros educativos y 23 canchas techadas.

- Ingenieros del MEP descuidaron las construcciones en escuelas porque el 67% de los carros para giras estaban dañados.

-Un total de 12 ingenieros y arquitectos privados acapararon los millonarios contratos de supervisión de la construcción de centros educativos del MEP durante los últimos tres años.

-Actualmente hay 662 centros educativos con órdenes sanitarias lo cual representa un crecimiento del 50,45% (222 casos más) respecto a las 440 instituciones que había en esa condición en marzo del 2017.

-La Defensoría de los Habitantes denunció a inicios de año el serio deterioro de los centros educativos y los problemas de gestión de la DIEE.

-De las 145 escuelas y colegios dañados por el terremoto de setiembre del 2012, la DIEE aún no ha podido terminar de reconstruir 65 a enero del 2018.