Las Juntas de Educación integradas por padres de familia o vecinos voluntariosos de los centros educativos ya no serán las responsables de la construcción de escuelas y colegios.
Ellas fiscalizarán el avance de las obras pero ya no serán los que realicen las licitaciones para contratar al ingeniero a cargo de la construcción, ni los carteles para contratar la mano de obra y compra de materiales. Tampoco estarán a cargo de la revisión ni administración de grandes presupuestos como ocurre actualmente cuando algunos de estos órganos manejan proyectos de hasta ¢4.000 millones.
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Estas labores, cambiarán de mano para final de año, según los planes del Ministerio de Educación Pública (MEP).
A partir de entonces, será la Proveeduría Institucional la encargada de publicación de los carteles de licitación, contratación de las unidades de gestión de proyectos y las empresas de manera precalificada.
Estas compañías desarrollarán la construcción de los edificios educativos, harán el diseño, estudios básicos y preliminares; fiscalizarán las obras y desarrollarán las unidades gestoras de proyectos (encargadas de acompañar a las juntas durante todo el proceso).
"A finales de este año y principios del 2019, los proyectos de infraestructura que se van a empezar a llevar se harán a través de la Proveeduría y no de las Juntas. Ya las Juntas no son las que contratan, va a ser directamente el MEP. Esto se hará a través del sistema de precalificación de empresas constructoras, empresas diseñadoras y empresas que hacen estudios básicos, como los estudios de suelo. Todo eso va a ser a través de la Proveeduría", explicó Wálter Muñoz, director de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.
Esta decisión fue tomada por la Administración con el fin de contar con una metodología de contratación "más transparente, ágil y eficiente".
Para Muñoz el modelo de construcción de centros educativos por medio de las Juntas estaba "desfasado". En el país hay cerca de 4.800 Juntas de Educación.
Obras sin terminar, sobrecostos, elección de materiales de baja calidad, dificultades en la contratación de ingenieros y en el diseño de los carteles de licitación son algunos de los problemas que se han presentado durante la construcción de los centros en manos de las Juntas de Educación.
Se supone que los ingenieros de la DIEE están para acompañar a estas organizaciones en los procesos de contratación y desarrollo de los centros educativos. Sin embargo, el mismo departamento de Ejecución y Control de la DIEE ha advertido de que de la cantidad de tareas que tienen que hacer los ingenieros, les impiden fiscalizar los proyectos que desarrollan las juntas.
Esto provoca los problemas de gestión, el atraso en el levantamiento de los centros educativos y que no se ejecute el dinero que se les deposita para ese fin. Al 25 de abril de este año, las Juntas tenían sin usar ¢158.000 millones en sus cuentas en la caja única del Estado.
"Las personas que forman parte de las juntas, a pesar de lo voluntarioso de su trabajo, no siempre cuentan con la preparación para desarrollar tareas de un alto nivel de complejidad, se ha avanzado en la capacitación y el acompañamiento de estas, pero los retos persistentes generan problemas administrativos, que en ocasiones se traducen en retrasos en la realización de las obras", explicó Muñoz.
Greivin Porras, presidente de la Junta de Educación del Colegio Técnico Profesional Rosario, de Naranjo, considera que, por el grado de responsabilidad, está de acuerdo en que esos trámites los haga el MEP, pero, a la vez, considera que los proyectos se van a atrasar ya que en el Ministerio "todo se entraba".
¿En qué consiste el nuevo sistema llamado de precalificación?
Con el fin de elaborar una especie de bolsas de empresas elegibles, el MEP abrirá un concurso mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) del Ministerio de Hacienda para constructoras y laboratorios especializados. Estos últimos son los responsables de estudios de suelos o taludes, regencias ambientales o análisis hidrogeológicos.
Para llevar a cabo ese proceso, dijo Muñoz, se dividió al país en 10 regiones y se abrirá un concurso por cada región, donde cualquier empresa interesada puede participar. En ese concurso se precalificará la experiencia, la solidez financiera y otros ítems de interés.
Una vez que esas firmas sean evaluadas positivamente, pasarán a formar parte de la lista de empresas precalificadas por zona, a las cuales se les asignarán los contratos con un rol y dependiendo del servicio necesario.
"Las empresas que formen parte de esta lista podrán ser contratadas de manera directa, pues ya no será necesario volver a evaluar los aspectos y requisitos que ya fueron calificados a la hora de inscribirse; logrando reducir de esta manera considerablemente los tiempos de contratación.
"En el sistema precalificado se hace un solo concurso (general) y después hay que hacer miniconcursos para establecer, por precio, a quién se adjudica", explicó el director de la DIEE.
Esa elección estará a cargo de la Proveeduría del Ministerio.
El funcionario explicó que, cuando el concurso se suba al sistema Sicop, se informará a las Juntas del "apoyo" que, en su criterio, se les dará a través de esta nueva forma de contratar.
"No es que las estemos dejando de lado, si no que estamos dándoles un apoyo y ayudando con mucho más cercanía de como se hacía anteriormente", expresó.
Los proyectos que las Juntas desarrollan en este momento se mantendrán con el modelo vigente.
Para Amadeo Quirós, presidente de la Fundación Gente, organización no gubernamental que trabaja capacitando a las Juntas en la administración de recursos y procesos de contratación, es claro que los miembros de estas organizaciones necesitan mayor apoyo.
"Me parece que (el MEP) está queriendo solucionar un problema real que existe. Lo que hemos visto es que hay oportunidades de mejora ya que en algunos casos se presenta una subejecución de fondos o muchas veces estos no se ejecutan de la mejor manera por falta de experiencia", manifestó Quirós.
Explicó que la fundación que dirige ha impactado cerca de 1.000 Juntas.
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Greivin Porras, del CTP Rosario, explicó que como los miembros de las Juntas fungen ad honorem, muchos laboran y no tienen tiempo para dedicarse a revisar los carteles y realizar todo el proceso de contratación como debe de ser. Este CTP, actualmente, está en etapa de construcción; tiene un valor de ¢1.400 millones.
"El plan del MEP tiene sus pros y sus contras. En el MEP se entraba mucho pero a la vez ellos tienen los abogados y la experiencia, aunque no así el personal para llevarlo a cabo, ya que son muchos proyectos", dijo Porras.
El portafolio de proyectos de infraestructura bianual del MEP supera las 700 obras.
Estudiantes sufren en carne propia secuelas de mala gestión
Los alumnos de 65 centros educativos dañados por el terremoto de Nicoya, ocurrido en setiembre del 2012, todavía reciben clases en estructuras dañadas y falseadas aunque el dinero para repararlos existe desde que se dio la emergencia.
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La dificultad de las Juntas de Educación de esos centros educativos para echar a andar los proyectos aunado a la "mala gestión" de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) han impedido atender esta necesidad.
Este es uno de los ejemplos de cómo el actual modelo de trabajo, liderado por las Juntas de Educación, no da los resultados necesarios en el tiempo requerido.
En 2017, el 95% (175) de 184 de los proyectos que entraron a la DIEE fueron ejecutados por las Juntas de Educación, solo un 5% fue liderado por los profesionales de esta dependencia.
La misma Auditoría Interna del MEP ha alertado de casos en donde los problemas de gestión de las Juntas y la falta de acompañamiento del MEP ocasiona sobreprecios en las obras y que estas no se terminen.
Tal es el caso del Colegio Técnico Profesional (CTP) Fernando Volio Jiménez, en Cartago , en donde la Junta pagó ¢87 millones de más por mano de obra y materiales cuando realizaban mejoras. La Auditoría ligó el error a la escasa supervisión del DIEE a la Junta.
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Al final, la obra quedó inconclusa y abandonada debido a que el dinero se acabó; solo se hizo en un 60% del proyecto.
En el caso del Liceo San Jorge de Upala, en Alajuela, los 121 alumnos estudian en salón comunal mientras su nuevo liceo se cae a pedazos.
El centro educativo comenzó a construirse en 2014. Aquel edificio no solo nunca se terminó sino que, lo que logró levantarse , quedó abandonado al año siguiente. Actualmente, las instalaciones y gran cantidad de material se están deteriorando
EL contratista no terminó el proyecto y el MEP dio la orden de suspender las labores. Hasta ahora no se ha retomado el proyecto.
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