Daniela Cerdas E.. 24 febrero
Fotografías de la infraestructura del edificio administrativo del Colegio Técnico Profesional Fernando Volio Jiménez, no fue terminado por la mala administración del dinero por parte de la junta directiva y además no tuvo asesoría del MEP, foto Rafael Murillo
Fotografías de la infraestructura del edificio administrativo del Colegio Técnico Profesional Fernando Volio Jiménez, no fue terminado por la mala administración del dinero por parte de la junta directiva y además no tuvo asesoría del MEP, foto Rafael Murillo

"La escasa supervisión del MEP" a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional (CTP) Fernando Volio Jiménez, en Cartago , provocó que ese centro educativo pagara ¢87 millones de más por mano de obra y materiales cuando realizaban mejoras.

Este es uno de los hallazgos de un informe de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública (MEP), de julio del 2017.

Se trató de una evaluación del procedimiento efectuado para la contratación y construcción de la infraestructura en sus dos etapas (aulas académicas, comedor, cerramiento perimetral, baterías sanitarias y edificio administrativo), que se realizó entre el 2010 y 2013.

Este centro, cuyo costo presupuestado fue de ¢330 millones, se realizó por medio de un proceso abreviado, es decir, en el cual Junta fue la encargada de realizar la contratación directa concursada del arquitecto o ingeniero responsable de las obras (para la confección de planos, y administración de la obra).

Además, debía realizar la contratación, por separado, de la mano de obra y materiales, todo bajo los lineamientos establecidos por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.

"Como se demuestra en los documentos aportados por la Junta, existe una inadecuada supervisión por parte de la DIEE lo que permitió que se realizara la contratación de mano de obra para la primera etapa con un sobreprecio de ¢17.421.333 esto con respecto al presupuesto referencial.

"Con la adquisición de materiales la situación es aún más grave, por cuanto de un presupuesto de ¢32.673.250 se determina que se canceló un monto de ¢102.053.563 (según cheques y facturas entregados a esta Auditoría Interna) lo que implica un 212,35% más del presupuesto", explica la Auditoría del MEP.

Fue la directora de este centro la que detectó el sobregiro en el proceso constructivo.

Para la Auditoría, la DIEE incumplió su deber de acompañar a la Junta en el proceso de contratación y ejecución. Explica que al no dar acompañamiento a las Juntas las deja "indefensas" en el mercado de la construcción para el cual los miembros no están capacitados.

"La ineficiente administración y control de los recursos implica que los costos de los proyectos se incrementan, impidiendo contar con las instalaciones oportunamente, lesionándose los derechos de los estudiantes de tener infraestructura adecuada en el menor tiempo posible", advierte la dependencia del MEP.

Cabe destacar que, a pesar de las irregularidades que encontró la Auditoría en este liceo, no se señalan responsables ni se recomienda abrir una investigación.

Otros pagos de más

La empresa contratada como proveedora de mano de obra recibió pagos adicionales por otros rubros que ya estaban contempladas.

Por ejemplo, cita la Auditoría, se le efectuaron pagos por alquiler de una formaleta por un monto de ¢1 millón, por compactación del terreno por un monto de ¢113.289 y la chorrea de concreto con equipo pesado por un monto de ¢140.926; actividades que ya estaban consideradas dentro de la contratación de mano obra.

"Nótese que la Junta Administrativa pagó de más la suma de ¢1.270.306, en virtud de que estas obras ya estaban contempladas dentro del precio de la mano de obra. El incumplimiemo de los deberes estipulados y la falta de interés, generaron egresos de más en la contratación de la mano de obra, además de la compra de un material de construcción que debió ser adquirido por un proveedor y por la empresa contratada para la mano. Además hubo una sobreejecución presupuestaria que no permitió concluir con la II etapa del proyecto", dijo la Auditoría.

La dependencia del MEP explicó que el profesional contratado por la Junta no cumplió con todas las funciones a las cuales se comprometió; hizo modificaciones durante el proceso de construcción que no contaron con el aval de la DIEE y la Auditoría no encontró documentos que comprobaran el pago extra a la empresa encargada de la mano de obra.

La dependencia del Ministerio no encontró los resultados de las pruebas de laboratorio de los materiales de construcción, en donde se justifiquen las resistencias solicitadas al contratista adjudicado.

"La desidia de la DIEE presente en todo el desarrollo del proyecto de infraestructura del CTP Femando Volio Jiménez es la causante del uso ineficiente no solo de los recursos económicos, sino también del control en cuanto a la ejecución de la obra y la certificación de que los materiales utilizados cumplen con los requisitos para la infraestructura, o cual podría poner en riesgo la integridad de los usuarios de las instalaciones", explica el ente.

Sin asesoría

Pese a que es obligación de la DIEE la supervisión y asesoría a la Junta en el proceso de contratación, en los expedientes analizados la Auditoría no encontró documento alguno que respaldara que la dependencia del MEP brindara la asesoría a la Junta Administrativa para realizar el análisis e investigación de la razón de la diferencia en los precios de dos oferentes que se presentaron.

"A pesar de que las ofertas por mano de obra presentaban un precio más alto que el monto presupuestado, el ingeniero no emitió su opinión y tampoco se evidencia la intervención de la DIEE en la aprobación de un contrato de mano obra por ¢69.800.000 cuando el monto destinado era de ¢52.378.666, una erogación mayor de ¢17.421.333", indica la Auditoría.

La Junta contrató de forma "innecesaria y onerosa" un asesor legal al que se le pagaron ¢545.000. Según la Auditoría esta contratación "no tenía razón de ser", ya que la DIEE tiene personal para hacerlo y es su obligación legal.

Al final, la obra quedó inconclusa y abandonada debido a que el dinero se acabó; solo se hizo en un 60% del proyecto.

Ricardo Jiménez, presidente de la Junta Administrativa del CTP desde hace cuatro meses, dijo que nada ha cambiado desde entonces. La Junta es nueva, no quedó ningún miembro de la anterior administración.

"Años después el centro educativo está exactamente igual, inconcluso. Hace poco vino la gente de la DIEE a levantar un informe de lo que está pendiente por hacer, pero todavía no han resuelto. Hemos trabajado para ver si empiezan a gestionar los fondos para concluir el edificio. Nuestra junta tiene poco de conformada, nos recibió una demanda del ingeniero a cargo del proyecto. Demandó al MEP y a la Junta porque no se le pagó la totalidad del proyecto, pero este nunca se terminó", explicó Jiménez.