Los 270 niños de la Escuela Jamaica de Pocosol, en San Carlos, reciben clases sin servicio eléctrico, en aulas carentes de cielorraso y llenas de goteras.
Sin embargo, desde inicios del 2015 el Ministerio de Educación Pública (MEP) le depositó a la Junta de Educación ¢215 millones para levantar un nuevo centro educativo, que aún no se ha podido construir.
En el caso de la escuela María Vargas, en Ciruelas de Alajuela, los niños reciben lecciones en unas bodegas que tienen orden sanitaria. No obstante, desde el 2014, tienen disponibles ¢876 millones para una nueva infraestructura.
Las Juntas de Educación son las encargadas de ejecutar los fondos destinados a construir y reparar centros educativos. Sin embargo, en la actualidad tienen engavetada la mitad de los dineros que han recibido en los últimos años para este fin.
Un informe del MEP revela que, a marzo del 2017, se le habían girado a estas asociaciones un total de ¢269.000 millones.
Ese monto está conformado por recursos que se acumularon en la Caja Única del Estado, antes de mayo del 2014, y los que se han desembolsado durante la presente administración.
El reporte del MEP señala que casi la mitad de todos esos fondos (¢133.000 millones) se encontraban sin uso al tercer mes del presente año.
En el territorio nacional existen 5.383 Juntas de Educación. De ese total, solo 1.267 cuentan con dineros para realizar obras de infraestructura.
¿Por qué hay dinero sin usar? La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) considera que la demora en la entrega de fondos es por el modelo de gestión de las juntas, el cual ya esta “rebasado”.
Los integrantes de esas organizaciones son personas que trabajan ad honorem y no necesariamente poseen conocimientos en administración o contabilidad para la ejecución de los recursos asignados. La DIEE solo les da asesoría.
“Con el modelo vigente, las Juntas deben hacer contratación de profesionales, pago de mano de obra y compra de materiales, lo que aumenta la posibilidad de errores por desconocimiento de la ley de contratación, esto genera eventuales atrasos en el proceso”, explicó el director de Infraestructura del MEP, Wálter Muñoz.
Muñoz añadió que la Ley de Contratación Administrativa es “muy tiesa” y también se presentan “trabas” en lo interno de la DIEE.
Si bien afirmó que parte del dinero se ha ejecutado, no logró demostrar qué obras se han hecho en cada una de las juntas a las cuáles el Ministerio les depositó dinero.
La Nación solicitó en reiteradas ocasiones a la DIEE un informe sobre las obras realizadas en cada escuela. No obstante, el mismo no fue enviado, aunque el funcionario aseguró que hacen cortes bimensuales de la ejecución de las juntas y de que hay informes periódicos del avance de los trabajos.
“La información la tenemos en varios departamentos. Ahorita estamos actualizando la base de datos que teníamos para unificar la información”, dijo.
La DIEE aún no cuenta con un inventario de infraestructura educativa nacional. La dependencia traslada los fondos de acuerdo con las solicitudes que llegan.
Actualmente, el proyecto para tener ese inventario se está gestionando.
Poca capacidad. En el informe técnico de setiembre del 2016 del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2017, la Contraloría General de la República advirtió de que los saldos para infraestructura que las juntas mantienen en Caja Única son de “magnitud considerable”. En la fecha del informe, las asociaciones tenían acumulados mucho menos de lo que tienen ahora (¢101.423 millones a agosto del año pasado).
“La poca capacidad de ejecución se refleja en la acumulación de saldos en Caja Única. Por este rubro las juntas han llegado a mantener saldos incluso superiores a la asignación anual para tal efecto dentro del programa de Infraestructura.
” Resulta pertinente cuestionar la efectividad del modelo de infraestructura educativa tal como ha funcionado hasta el momento y dada la baja capacidad ejecutora de las juntas”, detalla el documento.
En procura de solventar la problemática, la Contraloría informó, en ese entonces, de que para el primer Presupuesto Extraordinario 2016 se incluyeron 30 plazas por servicios especiales (ingenieros y arquitectos) para apoyar a las juntas.
En el caso de la Escuela Jamaica de Pocosol las obras están paralizadas.
Según la directora, Alicia Araya, el problema obedece a que la anterior asociación terminó funciones y no hizo algunos trámites administrativos como la firma del contrato.
“No tenemos fecha para iniciar los trabajos mientras hay urgencia de la nueva escuela”, declaró Araya, quien añadió que con el dinero solo alcanza para la primera etapa dejando por fuera una segunda fase.
El congresista Mario Redondo, presidente de la comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, aseguró que pedirán al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, un “plan urgente” para que se agilice el uso de los recursos de infraestructura educativa.
“Ningún Gobierno como este ha recibido de la Asamblea Legislativa más recursos para hacer infraestructura en la historia del país, lamentablemente, tener los recursos no es sinónimo de obras.
”Le facilitamos a la DIEE fondos con el fin de que contratara ingenieros para que ayudaran a las Juntas; pero no hemos visto los resultados”, comentó el legislador. Colaboró. Carlos Hernández