Con urgencia, se necesita un diálogo para enfrentar “la peor crisis educativa” que ha sufrido Costa Rica en los últimos 40 años. Este es el primero y más enfático llamado que hace Isabel Román Vega, directora del Informe Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación (PEN).
Román, quien desde el PEN le sigue el pulso a la educación desde 1996, se declara preocupada porque no se discuten los temas de fondo, aquellos que más afectan a los 1,2 millones de estudiantes de escuelas y colegios. Aparte de que no hay discusión, dijo la socióloga y especialista en políticas públicas, muchos actores no se sienten tomados en cuenta por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
“Hoy por hoy tenemos que hacer un análisis del cambio de época y ciertamente el último informe del Estado de la Educación planteó que estábamos en la peor crisis de los últimos 40 años y eso es una crisis que está compuesta por distintos componentes”, expresó Román en una entrevista con La Nación.
Las razones de esa crisis, según la experta, son los problemas estructurales que Costa Rica arrastra por décadas, la infraestructura, el bajo rendimiento, la calidad de la formación inicial de los docentes.
“Esos problemas de fondo que se vieron agravados con la pandemia y el apagón educativo (...) Hay un ambiente cargado de desconfianza, cacofonías y disonancias entre actores”, expresó Román.
En este momento, en medio de estas crisis, advirtió, “no se valen las respuestas simples a problemas complejos”, los cuales han sido señalados en los informes del Estado de la Educación. Esos, añadió, son documentos con los que cuentan los ministros para que, desde ahí, puedan tomar decisiones basadas en evidencia científica.
“Si algo nos ha dicho la investigación es que en educación todos los temas pueden verlos desde distintas aristas. La solución implica distintos componentes y, bueno, el hecho de que sean problemas complejos no es excusa para no abordarlos”, manifestó.
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El llamado de Román es claro e insistente: diálogo, diálogo y diálogo. El objetivo, agrega, sería recuperar la generación de estudiantes que les tocó vivir el “apagón educativo”, en referencia a la pérdida de aprendizajes durante las huelgas de docentes en 2018 y 2019, así como por la educación a distancia durante la pandemia que provocó una fuerte reducción en los contenidos con respecto a los programas de estudio.
“Se requiere diseño técnico adecuado, compromiso político y recursos financieros y eso es muy importante; no se trata de medidas sueltas, desarticuladas, sin metas evaluables o sin claridad de los recursos para hacerle frente, sino más bien, necesitamos una planificación”, manifestó Román.
Para la experta, lo “peor” que puede pasar actualmente es cancelar la conversación y no aceptar los diferentes puntos de vista que tienen los sectores.
“Tenemos que abrir la conversación, tenemos que tender puentes, generar un diálogo constructivo basado en evidencias no en ocurrencias. Tenemos que cambiar la conversación partiendo de la evidencia: dónde estamos, cuáles son las debilidades que tenemos y también cuáles son las capacidades que tenemos, porque no todo es borrón y cuenta nueva, como si no hubiese existido la historia”, advirtió.
Así como hay que ver los serios problemas que se arrastran, expresó, también es necesario ver las fortalezas que se venían construyendo.
Ese distanciamiento del MEP y la necesidad de planificación que mencionó Isabel Román son aspectos que también han remarcado en las últimas semanas las universidades públicas e incluso dependencias del mismo ministerio.
Quedó evidenciado, principalmente, luego de la presentación del programa Ruta de la Educación de la ministra Anna Katharina Müller, sobre el cual lo que hay son 56 diapositivas en el sitio web del MEP.
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De acuerdo con las universidades públicas, ellas no fueron incluidas en el proceso del plan y, a la fecha, no conocen un documento que incluya metodología, cronograma o financiamiento.
‘El diálogo con la señora ministra de Educación ha sido muy difícil’, afirmó a principios de marzo el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González.
‘Hay que evaluar, pero bien’
La evaluación de los conocimientos de niños y jóvenes es otro aspecto urgente de recuperar, expresó Isabel Román.
Recordó que los controles se redujeron durante la pandemia y las estadísticas de rendimiento perdieron valor, ya que prácticamente se aprobó a todos los alumnos en los últimos años, lo que implicó, que pasaran de nivel sin claridad de que tuvieran aprendizajes y conocimientos necesarios.
Eso sí, indicó, la evaluación que se implemente debe ser de calidad.
“Cuando hablamos de evaluar, hay que hacerlo bien, con instrumentos robustos, probados, piloteados y que no incrementen la carga de los docentes. La experiencia internacional nos dice que los países que han podido responder más rápidamente a toda esta crisis son los países que tenían sistemas de evaluación robustos”, argumentó.
Los cambios más recientes en evaluación son, precisamente, los incluidos en la Ruta de la Educación, entre estos las pruebas diagnósticas para todos los alumnos y las pruebas estandarizadas para estudiantes de último año de escuela y colegio.
No obstante, la creación de estos exámenes generó fuertes cuestionamientos, porque según los propios técnicos del Ministerio, tanto de la Dirección Curricular como del área de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, no se conocen los criterios técnicos a partir de los cuales se elaboraron. Ellos pusieron en duda la confiabilidad de los resultados y temen que resulten perjudiciales para los estudiantes.
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Pablo Chaverri, académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE-UNA), advirtió que las dudas y vacíos en torno a esa evaluación deben ser aclaradas antes de realizar las pruebas. Estas se aplicarán en este mes de abril y octubre. Solo las segundas pesarían para la nota del alumno.
La investigadora del Estado de la Educación también mencionó el acuerdo del Consejo Superior de Educación (CSE) para disponer que, nuevamente, los niños deben saber leer y escribir para pasar a segundo grado, pues desde el 2014 el proceso se había ampliado a primero y segundo.
En ese sentido, Román recordó que no es un decreto el que establece cuándo los niños tienen la capacidad de aprender.
“El tema de aprender a leer no ocurre en un momento específico por decreto, arranca en preescolar con lectoescritura inicial,y por eso necesitamos docentes que manejen bien todos estos procesos”, dijo la experta.
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La investigadora no dejó de lado el desvelo por la reducción de recursos para la educación, a pesar de que el artículo 78 de la Constitución Política establece que se debe invertir el 8% del producto interno bruto (PIB) en ese campo.
Para ella, el país entró a la tercera década del Siglo XXl en la dirección incorrecta y se está “retrocediendo”.
“Si hay una política de Estado que este país asume sin manifestaciones en las calles es asumir el compromiso del 8% del PIB y hoy vamos en la dirección contraria, como si no hubiésemos vivido la crisis de los 80 y lo que implicó en esos años reducir la inversión en educación, parece que no aprendimos esa lección” dijo la experta.
Para el Estado de la Educación, es indiscutible que se debe hacer un uso eficiente de recursos, pero, advirtió, sin afectar la inversión educativa.
Pruebas de idoneidad
Las pruebas de idoneidad en educadores son otro punto clave para combatir la crisis educativa que enfrenta el sistema costarricense. El propósito es que los docentes que lleguen a las aulas en los próximos años posean conocimientos y destrezas para la enseñanza de niños y jóvenes. El fin último es elevar la calidad del servicio educativo.
“Estamos en un recambio generacional y por eso es muy importante el examen de idoneidad porque tenemos la oportunidad de seleccionar a los mejores, pero eso hay que planificarlo”, dijo Román.
Las pruebas son obligatorias luego de la reforma al Estatuto de Servicio Civil, en 2020, deberán aplicarse para los próximos concursos que se hagan para llenar plazas en el MEP. Sin embargo, hasta este momento, la institución no ha dado fecha de cuándo las realizará.
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“Un tema relevante es contar con docentes capacitados, con competencias digitales avanzadas recurriendo a entidades especializadas en el tema, por ejemplo, la Fundación Omar Dengo, una entidad altamente reconocida en América Latina. Este es un claro ejemplo de una capacidad nacional que el país ha desarrollado y que el MEP no puede darse el lujo de desechar”, destacó.
Román lamentó que el país no esté discutiendo sobre políticas de Estado de apoyo a los docentes, como “procesos de formación inicial de calidad, aplicación del marco nacional de cualificaciones, procesos de acompañamiento y tutoría de docentes”, entre otros.