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Con el curso lectivo del 2023, el MEP ordenó que aprobar el sexto año de escuela y el bachillerato ahora depende del resultado de las Pruebas Nacionales Estandarizadas. Fotografía: (Cortesía MEP)
Las pruebas nacionales que se aplicarán a 160.000 alumnos de centros públicos y privados generarían “detrimento, atrasos y errores” al sistema educativo costarricense debido a un inadecuado desempeño técnico y administrativo en los superiores del Ministerio de Educación Pública (MEP) a cargo de su confección.
La advertencia proviene de 11 asesores nacionales del área de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. Ellos reaccionan después de que se conociera otra denuncia desde el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, donde otros asesores también advirtieron que esas evaluaciones carecen de sustento técnico y teórico.
En un oficio del 7 de febrero a los encargados de esa Dirección, los 11 asesores firmantes hablaron de consecuencias perjudiciales para los estudiantes por lo que consideran una serie de omisiones y errores de diseño y concepto de los test, que los afectarían cuando realicen las llamadas Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE).
Una primera aplicación de estas pruebas sería en abril a estudiantes de 6.° grado y 11.° año (12.° en caso de colegios técnicos) para medir sus conocimientos y planear contenidos a evaluar en el año, por lo cual no tiene valor en la aprobación del curso lectivo.
No obstante, una segunda ronda en octubre si representará el 40% de la nota final de todos esos alumnos.
De paso, el documento denuncia una falta de respuestas a consultas de estos funcionarios planteadas a las autoridades superiores y que toda instrucción sobre las PNE han sido únicamente verbal, casi como si se tratara de prevenir registro escrito alguno al respecto.
Problemas hallados
La primera luz roja, expresaron, es la ausencia de marcos teóricos y metodológicos que respalden y definan de forma puntual el modelo de evaluación que sustenta esta prueba y la segunda es la falta de indicaciones claras y por escrito para su gestión.
“Se continúa con la práctica de girar instrucciones de forma verbal y confusa, e incluso en un mismo día se da una contraorden sobre lo que se había indicado realizar y se debe replantear, otra vez, el trabajo”, se lee en el documento.
Otras carencias, prosigue el escrito, incluyen planes piloto para estos exámenes, modelos estadísticos y de validación de los resultados y, principalmente, una completa carestía de criterios de evaluación representativos.
Por ejemplo, los cuestionarios estandarizados de primaria incluyen 25 consultas mientras los de secundaria 30, según información verbalmente recibida por parte de las jefaturas del MEP.
Esto, previenen los asesores, “es insuficiente para brindar informes sobre el nivel de logro en que se encontraría el estudiante o de las capacidades que posee o sobre si el estudiante es competente, o demuestra las capacidades en una asignatura o si domina las habilidades o criterios de evaluación”.
El grupo incluso duda que las PNE brinden insumos válidos y confiables para ser considerados en la elaboración de un informe nacional y califican de “contraproducente” certificar al estudiantado sobre sus capacidades o habilidades en esos ciclos de educación con una prueba de 25 o 30 ítems con la cual se pretenden abarcar cinco o siete asignaturas.
“El número de ítems por asignatura no permite brindar un informe adecuado sobre el desempeño, ya que la cantidad de preguntas no es suficiente ni representativa desde el punto de vista psicométrico para hacer análisis confiables”, reitera el oficio.
Para las asignaturas de Biología, Química y Física, por ejemplo, estas tendrían apenas dos o tres consultas en la prueba y, con ello, supuestamente se debe informar al país si los estudiantes alcanzaron la competencia científica.
Esto impone otro problema de evaluación: podría darse el caso de que un estudiante no acierte ningún item de una asignatura (o que decida no responderlos) y de todos modos aprobar el año si acierta la mayoría de los ítems de las otras.
“Esto es preocupante porque podría suceder que al comprender esa situación, los estudiantes decidan, con antelación, no esforzarse en lo mínimo por el aprendizaje de una asignatura en particular y aun así se les certificaría la conclusión de estudios, durante toda su experiencia educativa”, señalaron.
Responsabilidad superior
Según los asesores, “el impacto nacional producto de la falta de dirección en este proyecto, para establecer una ruta correcta de trabajo”, deberá ser asumido por la jerarquía del MEP.
“Con el pasar del tiempo surgieron cada vez más inquietudes e interrogantes técnicas que el equipo le comunicó mediante correos electrónicos, a los cuales nunca se tuvo respuesta”, detalla el mensaje, el cual dice que la situación “se volvió más compleja” después del receso de fin de año y luego de consultas iniciales que datan del 20 de enero del 2023.
Por esa razón, los asesores solicitaron el mes pasado “respuestas claras, concisas y por escrito debido a los vacíos que están detrás de la ruta de trabajo, en el entendido que también es nuestro derecho solicitar ser escuchados y que se nos responda”.
Esto contrasta con los descargos sobre el tema de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, quien a inicios de mes dijo a este diario que preocupaciones expresadas por los asesores de Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada se debían a su presunta falta de capacitación.
Según ella, las PNE se trabajaron con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. No obstante, es justo desde esa área que otros asesores alzan la voz de alerta.
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