Crecen vorazmente sin importar si el Gobierno tiene el dinero para pagarlas, pues diversas leyes o acuerdos lo obligan a financiarlas. Hoy, llegaron al grado de que se comen ¢6 de cada ¢10 recaudados en impuestos.

Se trata de las transferencias de dinero que el Poder Ejecutivo debe hacer a un conjunto de instituciones públicas, porque así lo decidieron los diputados a lo largo de los años, o porque así lo negociaron los gobiernos.

Las transferencias obligatorias rompieron los récords de crecimiento en el 2017 y amarraron, todavía más, las posibilidades de que Hacienda haga un manejo estratégico del presupuesto del Gobierno Central.

Entre el 2016 y el 2017, estos giros crecieron de ¢2,8 billones a ¢3,1 billones, es decir, casi un 10%. Se comen una tercera parte del Presupuesto Nacional (de ¢9,3 billones).

Viendo más atrás, en tan solo seis años, pasaron de representar un 8% del producto interno bruto (PIB) a un 9,6%, entre el 2011 y el 2017.

Y cada año que pasa consumen más y más de los recursos del Gobierno, por lo que este tiene que endeudarse para cubrirlas.

Las transferencias más grandes son las que financian las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que financia a las universidades públicas.

“Se tiene que las transferencias son el principal rubro de gasto del Gobierno, crecen a una tasa elevada y, en su mayoría, responden a destinos específicos de carácter legal o constitucional, no con base en las posibilidades de la hacienda pública ni de la capacidad ejecutora de la institución receptora", analizó la Contraloría General de la República sobre las transferencias en su Memoria Anual 2017.

"Las asignaciones se convierten en una meta en sí misma y no responden a la realidad institucional ni fiscal”, añade.

Según ese mismo documento, en el 2015, las pensiones le costaron al Gobierno casi ¢660.000 millones y, para el 2017, la cifra ya había subido a ¢718.000 millones. El monto creció casi un 9% en cuestión de dos años.

Esta partida devoró casi un 23% de las transferencias el año pasado.

Con respecto al FEES, la transferencia creció de ¢410.500 millones a ¢479.000 millones entre el 2015 y el 2017. Esta partida crece con mucho más fuerza que las pensiones. En dos años, aumentó casi un 17%.

Las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y Universidad Estatal a Distancia (UNED) destinan la mayoría de este dinero al pago de salarios y beneficios para sus empleados.

El FEES se come un 15,3% del presupuesto para transferencias.

La tercera transferencia en tamaño que hace el Gobierno es la que va destinada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El año pasado fue de ¢408.000 millones y tuvo una variación de un 6,4% con respecto al 2016.

En el cuarto sitio, se encuentran los envíos de dinero a las Juntas de Educación. El año pasado, estas recibieron ¢306.285 millones, un 19,4% más que en el 2016, cuando la cifra fue de ¢256.000 millones.

También hay transferencias para entidades autónomas, sobre todo del área social. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), encargado de asistir a las familias en condición de pobreza, recibió ¢71.264 millones en el 2017, ¢13.000 millones más que en el 2016.

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El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) experimentó el año pasado un incremento de un 50,7% en la transferencia que recibe del Gobierno Central. En el 2017, recibió ¢51.000 millones, mientras que en el 2016 se le transfirieron ¢34.000 millones.

Del monto total para transferencias, apenas un fracción se destina a las transferencias de capital, que se utilizan para inversión. El año pasado ese monto apenas alcanzó un 17,5%, es decir, unos ¢551.000 millones.

La CGR ponderó el impacto de las transferencias sobre el ejercicio fiscal que hace el Gobierno Central y cómo su peso ha ido creciendo.

En el 2007, representaron poco menos del 32% del dinero recaudado en impuestos. Diez años después, equivalen a casi el 59% de los ingresos tributarios.

"En otras palabras, para hacer frente al pago de transferencias corrientes se destina casi un 60% de la recaudación tributaria”, cita la Contraloría.

En su análisis, el órgano agregó que no es de menor importancia el hecho de que las transferencias están vinculadas a obligaciones legales del Gobierno con otras instancias, como ocurre con el FEES, el PANI, la Caja, los gobiernos locales, el IMAS y el Consejo Nacional de Vialidad.

Es decir, el Gobierno no puede evadirlas, pues los diputados crearon leyes que lo obligan a cumplirlas, con el inconveniente de que muchas dependen de porcentajes del PIB o de ciertos impuestos, en vez de la realidad.

“De ahí la necesidad apremiante de revisar la pertinencia, magnitud y enganches de los destinos específicos con variables como el PIB y la recaudación tributaria”, destacó.

Además, la CGR consideró que se debe evaluar la capacidad ejecutora de las instituciones que reciben las transferencias y puso como ejemplo al PANI que, en el 2017, solo pudo ejecutar un 58% de los recursos que recibió. Las Juntas de Educación tampoco ejecutaron un 10% de la transferencia del ciclo anterior.

“A pesar del aumento sostenido en la asignación de recursos a las Juntas, y esfuerzos de capacitación en áreas sensibles como contratación administrativa, los resultados físicos asociados a infraestructura educativa son catalogados por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) como poco efectivos o parcialmente efectivos, al tiempo que se observa un alto crecimiento en el saldo disponible en la Caja Única del Estado, con la consecuente afectación para los estudiantes”, comentó la CGR.

Exministros de Hacienda opinan sobre transferecias

Los exministros de Hacienda Guillermo Zúñiga (2006-2009) y Fernando Herrero (2010-2012) coincidieron en que es urgente acometer la tarea de contener el crecimiento de las transferencias y reducir su peso en el presupuesto del Gobierno.

A pesar de que opina que hay que hacer ese esfuerzo, Zúñiga aceptó que no es fácil recortar las transferencias.

“Ahí hay platas para la CCSS, para Asignaciones Familiares, Avancemos, pensiones del régimen no contributivo, para las universidades, para las municipios, para las pensiones con cargo al presupuesto, asociaciones de desarrollo, juntas educativas (...). Mi sugerencia es que se evalúen los resultados de las transferencias que se ha dado. Utilizar indicadores que muestren los resultados; efectividad del gasto. De otra forma puede haber arbitrariedades inconvenientes”, consideró.

Fernando Herrero, en tanto, afirmó que la transferencia que ve más urgente de evaluar es la del FEES: “Es injusta porque beneficia principalmente a grupos medios y altos y la pagamos todos, los más pobres incluidos. Es peligrosa porque es un gasto desenfrenado, que es decidido por las universidades sin que les importe quién tendrá que pagarlo. Hay incluso un conflicto de interés evidente, que no ha recibido la atención que merece”.

Una posible salida al problema de las transferencias, agregó el exministro Zúñiga, es que se apruebe el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente N.° 20.580) que contiene una norma que le daría al Ministerio de Hacienda discrecionalidad para evaluar si hace o no la transferencia presupuestaria.