En el 2008, el país no tenía déficit fiscal y la deuda pública equivalía a un 24,1% del producto interno bruto (PIB).
Ese fue el último año en que el Gobierno gastó menos dinero del que recibió, excluyendo el pago de la deuda pública y los ingresos obtenidos mediante financiamiento. A ese resultado se le denomina superávit primario.
Ese lejano superávit primario fue de un 0,2% del PIB, unos ¢36.000 millones de la época. De hecho, fue el segundo consecutivo pues, en el 2007, el Ejecutivo también tuvo un resultado favorable (0,6% del PIB), algo que no se había visto durante los 50 años previos.
No obstante, el Estado costarricense decidió tomarse un coctel lleno de efectos negativos, que lo encaminó hacia la crisis. La copa contenía aumentos salariales, gran cantidad de instituciones, crecimiento desmedido de pluses salariales, transferencias descontroladas a instituciones, desaceleración de la economía y caída en la recaudación de impuestos.
Hoy, el Gobierno cumple una década de no tener números azules.
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En el 2017, el déficit cerró en un 6,2% del PIB y amenaza con superar el 7,2% este año, al tiempo que la deuda pública roza el 50% del PIB, un escenario que todos los organismos financieros internacionales catalogan como peligroso.
Y en vez de superávit primario, ahora el país tiene un déficit primario del 3% del PIB, equivalente a unos ¢990.000 millones, con tendencia a subir aún más al cierre del 2018. Es decir, el Gobierno gasta mucho más dinero del que recibe, sin tomar en cuenta el dinero que se va en la deuda pública.
¿Qué pasó en diez años para que la fotografía de las finanzas públicas costarricenses cambiara tanto? La Memoria Anual del 2017 de la Contraloría General de la República (CGR) hace un recuento de los hechos para explicar cómo ocurrió el descalabro.
Según la CGR, el superávit del 2008 fue el resultado del aumento en la recaudación de impuestos y de la contención en el gasto público que el Gobierno practicó a inicios de los años 2000.
En el 2009; sin embargo, los ingresos por impuestos empezaron a caer de la mano con el final del auge económico de los dos años anteriores, pero el Gobierno de Óscar Arias (2006-2010) aumentó sus gastos.
Así lo explica la CGR: “El auge económico que llegó hasta el 2008 fue seguido por una crisis económica internacional que repercutió a nivel mundial con una baja en la producción (...).
"Pero, simultáneamente, el gasto aumentó, principalmente por un aumento en los salarios, atribuible a que el Gobierno decretó correctivos en las bases salariales de los puestos profesionales del Servicio Civil que pretendía llevar a un sitial intermedio en las escalas del sector público (percentil 50) y continúa aumentando de manera inercial”.
Ese crecimiento inercial tiene entre sus causas la gran cantidad de instituciones (330 en total) que trabajan gracias a los recursos que les transfiere el Gobierno de su presupuesto.
Muchas de esas transferencias, a su vez, aumentan año con año porque están amarradas a leyes que obligan al Gobierno a hacerlas. Tal es el caso de la norma constitucional que obliga a invertir en la educación pública un 8% del PIB cada año.
Fernando Herrero, quien dirigió el Ministerio de Hacienda durante los primeros dos años de la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), dijo que, desde el 2009, el país debe endeudarse más para pagar gastos ordinarios, especialmente los salarios.
“A la vez, conforme la deuda crece, tenemos que pagar intereses más altos para poder endeudarnos más e, incluso, podría suceder que, en algún momento, tengamos problemas para pagar la deuda. Para prevenir estos problemas, debemos bajar y ojalá eliminar el deficit primario”, recomendó.
Los salarios, precisamente, son otra de las causas del crecimiento inercial del gasto público, según la CGR. Algunos de los sistemas salariales de las 330 entidades que componen el Gobierno crecen a un ritmo más acelerado que en el propio Gobierno Central.
El gasto sube remolcado por el crecimiento inercial que también presentan los beneficios salariales que el Estado paga a sus empleados.
Entre estos, la CGR cita las anualidades, puntos profesionales, recalificación de plazas y puestos, ajustes extraordinarios de salarios, aumento en la cantidad de funcionarios públicos, creación de nuevas unidades por reorganización y nuevas leyes que crean más funciones y obligaciones al Gobierno sin prever nuevas fuentes para financiarlas.
“En promedio, para el periodo 2012-2017, los incentivos crecieron a una tasa del 6,3% en comparación al 5,2% promedio de las remuneraciones básicas.
Algunos incentivos se ajustan por concepto de inflación o se encuentran asociados a la cantidad de años servidos, como es el caso de las anualidades, explicó la CGR.
Los ingresos también son un problema para el Gobierno a partir del 2009. La Memoria indica que, en este rubro, las exoneraciones y la evasión fiscal son significativas.
En el 2015, los impuestos que se dejaron de cobrar por un tratamiento tributario diferenciado fue equivalente a un 5,34% del PIB, afirmó la CGR citando datos del Ministerio de Hacienda.
La situación actual se explica, además, porque desde el 2009 la recaudación de impuestos con respecto al PIB permanece quieta en un 13% y, a partir del 2017, se empezó a notar una desaceleración en el cobro de tributos, principalmente porque han caído el impuesto de ventas, el selectivo de consumo y el arancel de aduanas, lo cual calza con la pérdida de dinamismo de la economía costarricense.
“En síntesis, en la actualidad el crecimiento inercial del gasto, combinado con ingresos que crecen menos, originan ese mayor déficit primario y mayor déficit financiero que se financia con más deuda, la cual también incrementa los intereses en un ciclo continuo y que podría considerarse como perverso", advirtió la CGR.
Al respecto, Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda del segundo gobierno de Óscar Arias, manifestó: “Al no haber superávits primarios, el endeudamiento crece. Como el endeudamiento crece, se comprometen recursos a futuro para pagar el servicio de la deuda y no alcanza para financiar otros programas de desarrollo económico social. Tomará tiempo revertir esos efectos”.
No obstante, detrás de las palabras, se esconde un riesgo latente: el del aumento en las tasas de interés.
En el 2017 estas ya comenzaban a mostrar una tendencia al alza con la reducción paulatina de la inversión privada y del consumo de las familias.
Y, si la economía no levanta cabeza, tampoco lo hará la recaudación de impuestos. Mientras persista el déficit primario, la deuda del Gobierno Central seguirá creciendo, recalcó la Contraloría.
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El Gobierno del presidente Carlos Alvarado espera ver aprobada una reforma fiscal que le dejó caminando el Gobierno pasado.
Ese proyecto impactaría el déficit fiscal en cerca de un 3% del PIB, lo cual reduciría a la mitad la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central.
El proyecto se centra el reformar el actual impuesto de ventas para transformarlo en el impuesto al valor agregado con la misma tasa actual de un 13% pero con una base imponible más amplia, con lo cual Hacienda cobraría el tributo sobre bienes y servicios hoy exentos.
La administración Alvarado también anunció recortes en el gasto por el orden de los ¢55.000 millones, principalmente en las remuneraciones sobre las que tanto ha advertido la Contraloría, como medida para intentar acercarse al equilibrio fiscal.