La irresponsabilidad fiscal de la administración Solís no deja de sorprender. Se fue calladita para la casa y hasta presumió de heroísmo en el manejo de las finanzas públicas, pero dejó un auténtico desastre. En las postrimerías del cuatrienio, el Ministerio de Hacienda enfrentó una crisis de liquidez y se vio obligado a emitir bonos a corto plazo, con altas tasas de interés, para pagar las obligaciones del Estado, incluidos los disparadores del gasto público que nunca quiso meter en cintura.
Luego de emitir los bonos, “olvidó” presupuestar ¢600.000 millones para pagar a los inversionistas en el momento del vencimiento de los títulos y la sorpresa se la acaban de llevar la ministra Rocío Aguilar y la administración Alvarado. Inicialmente, la administración Solís pensó colocar ¢292.700 millones en bonos durante el segundo semestre del 2017, pero, con el agua al cuello por los gastos excesivos, emitió títulos por ¢599.000 millones más de lo previsto.
Con ligereza, estimó posible posponer pagos por ¢300.000 millones mediante el canje de bonos, pero apenas se llegó a ¢88.000 millones. El último intento de fuga de la administración Solís frente al problema fiscal sirvió para ganar tiempo, entregar el poder y dejar al nuevo gobierno en una situación, más que precaria, peligrosa.
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El presidente Alvarado y su ministra de Hacienda salieron en carrera hasta Cuesta de Moras para pedir a los diputados un presupuesto extraordinario. A los legisladores no les quedará más remedio que complacerlos porque no atender la deuda tendría consecuencias catastróficas, pero las bancadas opositoras ya advierten de graves repercusiones en el trámite del plan fiscal.
Por otra parte, el presupuesto extraordinario difícilmente dejará de engrosar la deuda en relación con el producto interno bruto (PIB). Es impensable que el mismo mercado que exigió rendimientos más altos en las últimas colocaciones y se quedó corto en la aceptación de canjes, esté dispuesto a suscribir bonos con la misma tasa de interés de los títulos cuyo vencimiento está por ocurrir.
El olvido de los ¢600.000 millones, un 1,73 % del PIB estimado por el Banco Central para este año, no es el único desliz del gobierno pasado en materia contable. Según la Contraloría General de la República, el déficit fiscal del 2017 no fue el 6,2 % del PIB, como se informó inicialmente, sino el 6,6 %, porque en marzo del 2017 el Ministerio de Hacienda hizo inversiones a corto plazo por ¢130.675 millones en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y no las pudo recuperar. El gobierno anterior se resistía a permitir el cierre de un banco estatal durante su mandato.
Quizá la peor noticia para la nueva administración y el país es que al errorcito de cálculo del gobierno pasado se le suma una dramática caída de los ingresos fiscales. La ministra de Hacienda admite la probabilidad de un segundo presupuesto extraordinario para sustituir el faltante, en este caso, al menos ¢300.000 millones.
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La caída en la recaudación solo se explica por una pérdida de dinamismo de la economía. La simple observación puede, en estos casos, ser engañosa, pero los datos de Hacienda confirman las percepciones. Lo sucedido es una advertencia al Ejecutivo y a los diputados sobre la importancia de considerar las medidas fiscales también por su impacto sobre las empresas y la inversión. Una economía estancada no produce ingresos para el fisco, no importa cuán altas sean las tasas impositivas. El cien por ciento de nada es nada. Si la dinámica se mantiene y las soluciones demoran, el déficit crecerá y también el endeudamiento. Es difícil ponerle fecha, pero la crisis será inevitable y sus consecuencias temibles. Es mejor terminar la fiesta de manera ordenada.
