Tribunal peruano ordena embargo de bienes de Pedro Castillo por intento de disolver el Congreso

Los jueces de la Corte Suprema atendieron la solicitud presentada por la Procuraduría, la cual actúa en defensa del Estado en este proceso legal contra el exmandatario. Según el comunicado emitido por el organismo, se dictaminó “el embargo de los bienes de los imputados, Pedro Castillo y Aníbal Torres”, quien fue exjefe de gabinete.

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El propósito detrás de esta solicitud presentada por la Procuraduría es asegurar el pago de una posible reparación en caso de que Castillo y su mano derecha sean encontrados culpables de rebelión y conspiración. La defensa del Estado tiene como objetivo obtener una reparación de 67 millones de soles (alrededor de $18 millones).

El abogado penalista Vladimir Padilla, en declaraciones al diario El Comercio, explicó que esta medida cautelar impide que Castillo y Torres puedan transferir o vender sus propiedades, ya que de lo contrario, una vez que sean condenados y se establezca una reparación civil a favor del Estado, no podrían cubrir la deuda.

En concreto, el embargo recae sobre cuatro propiedades de Castillo ubicadas en la región andina de Cajamarca, mientras que Torres cuenta con nueve bienes en Lima, según información proporcionada por la Procuraduría.

Es importante destacar que esta situación se enmarca en una severa crisis política que enfrentó Castillo, quien intentó disolver el Congreso después de 17 meses en el cargo. Esto llevó a su destitución y posterior reclusión en una cárcel especial en Lima, donde permanece en prisión preventiva.

Dicha decisión desencadenó violentas protestas entre diciembre y febrero, que dejaron como resultado la muerte de más de 50 personas, la gran mayoría de ellas manifestantes que fueron reprimidos por la fuerza pública con balas, según denuncias de organismos independientes.

Por otro lado, la fiscalía inició una investigación contra la sustituta de Castillo en la presidencia, Dina Boluarte, debido a la represión de las movilizaciones, considerando la posibilidad de la comisión de delitos graves como “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.