La comisión máxima de 2,5% que pagan los comercios a los bancos para poder aceptar pagos con tarjeta generaría, en el primer año de aplicación de la tarifa, un ahorro de ¢66.500 millones, a 22.000 establecimientos comerciales.
Por esta razón, la Cámara de Comercio insitió este martes 18 de mayo en la necesidad de continuar con la reducción de la tarifa, pues implicará beneficios para todos los comerciantes, así como para los consumidores, argumentan.
El ente emisor debe efectuar una revisión anual de las comisiones, precisamente para actualizarlas.
El tope a la tarifa de adquirencia comenzó a regir en noviembre del año pasado, mientras que en enero del 2021, fue el cobro máximo de ¢20.000 al mes por el alquiler de datáfonos a cada establecimiento comercial.
Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara, destacó que desde el año pasado el BCCR señaló un camino de reducciones sucesivas para las comisiones de adquirencia, desde el 2,5%, en noviembre del 2020, hasta 1,75%, en julio del 2022.
“Depositamos nuestra confianza en la gestión del BCCR y confiamos en que los futuros ajustes sean acordes a los modelos de comparación internacional que reflejan espacios para reducciones progresivas”, destacó Elizondo.
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Asimismo, rechazó la posibilidad de que se haga una diferencia por tipo de consumidor, tal como lo propuso la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), días atrás, para el caso de los turistas.
“Vemos con gran asombro como algunas agrupaciones han sugerido subir las tasas de operaciones internacionales justificando el cobro que realizan las marcas. Desde la Cámara no estamos de acuerdo en diferenciar las comisiones”, destacó el vocero.
En setiembre del año pasado, el BCCR publicó el reglamento de la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas que estableció la tarifa máxima por el uso de datáfonos en los comercios.
Antes, los proveedores del servicio tenían tarifas hasta del 12% en algunos establecimientos, según el análisis hecho por el ente emisor.
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Los comercios deben pagar comisiones de adquirencia a las entidades financieras por el suministro del datáfono y toda la red de pagos; además, se aplica una comisión de intercambio que se paga si la tarjeta de crédito o débito del cliente es de distinto proveedor al del datáfono y la red.
La Ley estableció que el Banco Central deberá determinar las comisiones máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores, así como las comisiones máximas de adquirencia y límites máximos a otras comisiones y cargos que establezcan los proveedores de servicio por el uso de los dispositivos de pago.
El objetivo de la tarifa es promover la eficiencia y seguridad del sistema de tarjetas y garantizar el menor costo posible para los afiliados.
Antes de esta legislación estas comisiones se habían definido por un acuerdo entre bancos y eran, generalmente, de 1% para gasolineras, 2% para supermercados y 4% para el resto de comercios; no obstante, según la Cámara de Comercio, en algunos casos eran incluso más altas.
