En consecuencia, cuando los bancos locales deben trasladar a sus pares en el extranjero las comisiones por el uso de sus tarjetas en el país, la comisión cobrada aquí resulta insuficiente.

A raíz de una ley aprobada por los diputados en marzo del 2020, el BCCR fijó en un 2,5% la comisión máxima por venta que pagan los comercios a las entidades que les suministran los datáfonos, en este caso los bancos.

Esta fijación fue hecha en setiembre anterior, con algunas excepciones.

Al mismo tiempo, el Central definió en un 2% la comisión máxima de intercambio, es decir, la que cobra el emisor de la tarjeta a la empresa dueña del datáfono, que generalmente es el mismo banco.

Según el asesor legal de la ABC, como los porcentajes fijados por el BCCR son más bajos que los internacionales, estos no resultan “suficientes para cubrir los costos” por el uso de las tarjetas de los turistas.

“Aunque el cálculo lo estamos elaborando, yo le diría que las pérdidas son cuantiosas y en muchos millones de dólares”, aseveró el abogado.

Como la ABC está en el proceso de recabar toda la información, Gómez se excusó de no tener datos como las tasas que se cobran, sobre el uso esas tarjetas, en los países de origen de los visitantes.

Solo dijo que, generalmente, los plásticos pertenecen a turistas que llegan de Estados Unidos o de América Latina

“El comercio que acredita la cuenta es el banco local, pero este banco local tiene que trasladar y cobrar y relacionarse con bancos en el exterior. En ese intercambio es donde la operación se convierte en deficitaria”, explicó Gómez.

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Agregar una excepción

Ante ese problema, el asesor bancario explicó que han elevado el tema ante el Banco Central, con tal de que pueda resolverlo a través de una excepción, para lo cual la ABC sugiere dos alternativas.

Para él, el problema lo podría arregla el BCCR por las amplias potestades que le otorgó la legislación y no es preciso de una reforma de ley.

“Una es aceptar que la regulación costarricense no aplica en el caso de tarjetas emitidas en el exterior, o establecer una comisión diferenciada para las tarjetas emitidas en el exterior.

“En este segundo escenario, el comercio verá si las acepta y hasta donde las acepta”, expuso el asesor.

La ABC expuso esas dos alternativas al ente emisor porque una tercera, sería inviable, según agregó Gómez.

Esta consistiría en que los bancos dueños del datáfono le cobren el diferencial al comercio o una tasa más alta; pero el negocio se podría negar a aceptar esa condición, según valoró Gómez.

“Pero no ponga al banco a pagar parte de la operación. En este caso, hay bancos estatales que tienen una prohibición legal de hacer operaciones deficitarias”, argumentó el asesor legal.

Gómez dijo que, si los comercios se niegan a aceptar tarjetas extranjeras, se afectaría el turismo. “¿Qué pasaría con el turismo ahora que está tan débil o una vez que se reactive?”, se preguntó.

La legislación

En marzo del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Comisiones máximas del sistema de tarjetas, la 9831, cuyo objetivo es bajar las comisiones que se cobraban a esa fecha que, en algunos casos, alcanzaba hasta el 10% sobre el valor de la venta.

La legislación, impulsada principalmente por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, aunque fue aprobada por varias bancadas, no estableció comisiones o porcentajes.

Pero la norma sí concedió al BCCR las potestades regulatorias y, en setiembre, este fijó las comisiones que tienen una vigencia de un año, cuando se volverían a revisar.

Además de la tasa, el Banco definió un cobro máximo de ¢20.000 por el costo de la terminal de punto de venta y de la tecnología de comunicación requeridos para operar dicho dispositivo.

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Para Gómez, como las operaciones de intercambio con esas tarjetas se dan en el exterior, insistió en que la legislación nacional no aplicaría para estas.

“La operación es muy simple. El ciudadano extranjero tiene su propio banco, tarjeta. Viene aquí, pero toda la operación de carga y descarga se realiza en el exterior con una cuenta bancaria en el exterior. El extranjero paga su cuenta en el exterior”, explicó.

“Una manera fácil de resolver, si el BCCR no elimina la regulación, sería fijar una comisión más alta que cubra los costos relacionadas con el uso de tarjetas del exterior usadas en Costa Rica”, reiteró el asesor legal de la ABC.

Gómez sostuvo que el Central podría hacer el ajuste, dado que la ley le dio amplias facultades. De hecho, en la primera fijación de setiembre, dicha entidad ya estableció algunas excepciones.

Para organizaciones de beneficencia la comisión de adquiriencia, que es la que se le paga a la empresa administradora del datáfono, la fijó en 1,5% sobre el valor de la venta, mientras que para el intercambio, en 1%.

Lo mismo definió para las tarifas de transporte regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El problema con las tarjetas extranjeras, según alegó Gómez, se detectó desde que empezaron a regir las nuevas tasas.

“Casi de inmediato detectamos el problema y casi de inmediato enviamos comunicación al Banco Central, que duró muchos meses en responder”, lamentó.

Ahora existe un canal abierto entre los bancos nacionales y el BCCR. Este último, según dijo Gómez, le solicitó información a la ABC para hacer las valoraciones.

La Nación envió consultas sobre este tema al Banco Central, las cuales se mantienen en trámite.