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A través del mecanismo de "mesa de diálogo", empleado por la admnistración Solís Rivera, cinco sectores que reúnen a pescadores, instituciones gubernamentales y a universidades presentaron hoy al Poder Ejecutivo una propuesta de proyecto de ley que pretende regular el aprovechamiento del camarón, con el objetivo de hacer de esta una actividad sostenible.
La propuesta busca "combinar la pesca responsable con la conservación, así como con la reducción del desempleo en las zonas costeras golpeadas por este flagelo y la pobreza", se detalla en un comunicado de Casa Presidencial.
"Esto es parte de los esfuerzos para profesionalizar la pesca y apoyar a los trabajadores de esta actividad. Hoy tenemos este producto, pero esto no termina aquí; tenemos que dar muchos productos más", expresó Gustavo Meneses, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), en dicho comunicado.
Entre las medidas que se proponen está la incoporación de criterios científicos y técnicos para valorar el impacto ambiental por parte de esta actividad económica.
Esto debido a que, en el 2013, la Sala Constitucional prohibió a Incopesca otorgar nuevos permisos para la pesca de camarón utilizando la técnica de red de arrastre. Los magistrados argumentaron que el impacto ambiental de este arte de pesca se refleja en la pesca incidental, lo cual perjudica a otras especies marinas que no son objetivo y luego son descartadas, lo cual es insostenible.
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Asimismo, y según detalló Prensa de Casa Presidencial, la propuesta recoge los puntos contenidos en la Política Nacional de Aprovechamiento Sostenible del Camarón, presentada en conjunto por Incopesca y el Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en marzo de 2015.
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Valga aclarar que esta es apenas una propuesta, la cual entrará en valoración por parte del Poder Ejecutivo y por ello, no se descarta que sufra cambios durante este proceso de revisión.
Sobre el proceso de consulta. La Mesa de Diálogo para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón, Generación de Empleo y Combate a la Pobreza se estableció en marzo por directriz el Poder Ejecutivo con el objetivo de trabajar en un proyecto de ley para el aprovechamiento sostenible del camarón.
En esta mesa de diálogo participaron representantes de los sectores de pesca semi-industrial de arrastre, artesanal y molusquero, semi-industrial de cerco, pesca deportiva y turística así como representantes de la academia.
El sector ambiental, representado por 16 organizaciones, renunció a participar en dicho proceso al denunciar "mala gestión del proceso, el irrespeto en las reglas de trabajo y la falta de una línea base de información para la discusión entre sectores, afectando la transparencia del proceso".
"Durante el proceso, el sector ambiental ha interpelado a las autoridades sobre el objetivo del mismo, a lo cual han respondido que no se pretende reinstaurar el arrastre semi-industrial. Sin embargo, entran en contradicción cuando se revisa el contenido de la propuesta de anteproyecto de ley y se evidencia que el 80% de las disposiciones que se proponen están dirigidas a la operación de la flota semi-industrial", se lee en la carta de renuncia enviada por este sector a Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia; Fernando Mora, viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales; y Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca.
Esta tarde, las organizaciones ambientales no tardaron en reaccionar a la propuesta enviada al Poder Ejecutivo como producto de esta mesa de diálogo.
"Este es un proceso que, desde un inicio, olvidó la responsabilidad que tiene el Estado sobre la gestión de recursos públicos. Esta responsabilidad, fue plasmada de manera muy clara por la Sala Constitucional en su voto sobre la pesca de arrastre y ha sido, a todas luces, ignorada. Habiendo participado de buena parte de las reuniones del proceso de la mesa de diálogo, me parece que este careció desde el inicio de un objetivo claro y de una metodología efectiva. Para la redacción de esta propuesta, nunca se evaluó con seriedad ni transparencia la información científica existente. Se "reinventaron" principios de gestión, como el precautorio, el de sostenibilidad y el ecosistémico, vaciándolos de su significado e impacto. La palabra "sostenible" aparece más de 30 ocasiones en el documento del proyecto de ley, sin que exista una definición clara de su significado", comentó Marco Quesada, director de Conservación Internacional (CI) en Costa Rica.
"El mal llamado proceso de diálogo no fue un proceso de diálogo y no fue participativo. Carente de una sólida base técnica, el proceso generó lo que podía generar: un mal producto derivado de un mal proceso", agregó Jorge Jiménez, director de Fundación MarViva.
* Esta información sigue en construcción.
