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En el 2019 vencen las últimas licencias para pescar camarón utilizando red de arrastre. Eso da al país un periodo de seis años para definir el futuro de ese sector.
Aunque la Sala IV prohibió otorgar nuevas autorizaciones, renovar las vencidas o reactivar las inactivas, todavía hay 44 permisos vigentes que caducarán paulatinamente de aquí al 2019.
Las primeras cinco licencias acabarán en el 2014 y otras dos en el 2016. Para el 2017 caducarán 17 permisos más, el año siguiente vencerá una cantidad similar y las últimas tres en el 2019.
La técnica del arrastre consiste en lanzar una red que es sostenida por dos palas (una a cada lado). Con ayuda de pesos, esta red “barre” el suelo marino para capturar el recurso pesquero.
La Sala IV, en su resolución N.º 2013-010540, prohibió la técnica, al argumentar un grave daño ambiental por el alto porcentaje de pesca incidental; es decir, la captura “por accidente” de especies que no son objetivo de pesca, como tortugas, tiburones y rayas.
Sin embargo, en la misma resolución, la Sala IV menciona que podrá reinstaurarse ese mecanismo, siempre y cuando exista una reforma legal y se demuestre científicamente una “reducción significativa” en la captura de otras especies.
Dada la urgencia por el vencimiento de las licencias y el impacto social que esto conlleva, el Gobierno apuró la búsqueda de soluciones y trabaja en un proyecto de ley.
Propuesta. La iniciativa de ley es impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Con el plan, el Gobierno pretende regular la utilización de redes de arrastre para aprovechar el recurso, y así lograr que la industria camaronera sea rentable, para que genere fuentes de empleo.
Aún no existe una propuesta definitiva porque está en construcción, pero ya los sectores camaronero y artesanal reaccionaron.
Según Román Chavarría, gerente de la planta procesadora Talmana y representante de los exportadores de camarón, el sector camaronero aboga porque el Código de Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sea la médula del proyecto de ley por establecer un equilibrio entre lo ambiental y lo social.
“La FAO lo que indica es que se debe garantizar que la biomasa desovante se mantenga o incremente. Eso significa no pescar cuando el camarón cuando está en reproducción, tampoco pescarlo pequeñito porque porque hay que dejarlo reproducirse y si hay fauna acompañante, procure que esta sea aprovechada manteniendo los mismos principios de sostenibilidad”, comentó Chavarría.
Asimismo, él agregó: “Para que eso se mantenga, ese camarón debe generar ingresos; entonces vendámoslo a precios justos. De modo que el camaronero quede satisfecho y no tenga que pescar más de la cuenta. Además, hay que darle valor agregado”.
Los pescadores artesanales están molestos porque no creen que la pesca de arrastre logre ser sostenible y porque no se les ha invitado a participar en el proceso. Dicen que mientras que el Gobierno busca soluciones para el sector camaronero, ellos siguen en la pobreza.
Wílliam Carrión, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera y Pescadores Artesanales, dijo que el sector artesanal pide a Incopesca, desde 1992, más controles para los camaroneros.
A lo largo de un año, unas 18 organizaciones trabajaron en una comisión para impulsar medidas como vedas, tallas mínimas y controles al arte de pesca.
Sin embargo, y según Carrión, tres agrupaciones camaroneras rechazaron la propuesta del sector artesanal en cartas dirigidas a Incopesca y fechadas en el 2012.
Gobernanza. La situación que se vive con el recurso camarón es tan solo un síntoma de la falta de una política de mar, que sea capaz de equilibrar la necesidad de conservar el recurso para que esté disponible a largo plazo y el aprovechamiento se convierta en un motor de desarrollo para las comunidades.
A pesar de ser 10 veces más grande en su territorio marítimo, Costa Rica se desarrolló de espaldas al mar. Evidencia de ello es que sus tres provincias más pobres son precisamente las costeras.
Eso derivó en un problema de gobernanza, caracterizado por una institucionalidad debilitada, un sector pesquero fragmentado y en constante conflicto, así como problemas para establecer un diálogo que consiga acuerdos.
Así lo concluyó la comisión de expertos que conformó la mandataria Laura Chinchilla para estudiar el tema, cuyo informe fue dado a conocer en el 2012 .
Los camaroneros y artesanales no son los únicos. Esas mismas consecuencias las experimentan el sector atunero, palangrero y turístico con respecto al recurso atunero . En su caso, los palangreros y turísticos pidieron una moratoria de seis años a los barcos de cerco .
“Esta omisión en la toma de decisiones como país, ha hecho que la problemática se vaya incrementando y el recurso sea cada vez menos; al punto donde la Sala IV prohibió la actividad, porque en este momento no es sostenible”, dijo Viviana Gutiérrez, de MarViva.
“Para que un programa de pesca sea exitoso, requiere que alguien lo gobierne y sea fuerte”, manifestó Chavarría.
