EscucharLima. La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó este viernes que está dispuesta a asumir la presidencia del país si el presidente Pedro Castillo, investigado por corrupción desde la Fiscalía y cercado políticamente en el Congreso, fuese destituido como mandatario.
“Hay un mandato que el pueblo nos ha otorgado, gobernar por cinco años y esa es la única agenda que tenemos. Trabajar estos cuatro años que quedan (de período constitucional) por los más vulnerables, los más necesitados” aseguró Boluarte, al ser consultada sobre la posibilidad en una rueda con la prensa extranjera acreditada en Perú.
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Pedro Castillo ha superado dos intentos de destitución en el Congreso, pero enfrenta una tormenta de acusaciones políticas y fiscales, que incluye hasta cinco investigaciones judiciales por cargos como corrupción, tráfico de influencias u obstrucción de la justicia en beneficio de su círculo interno de colaboradores.
Boluarte manifestó que en reiteradas ocasiones Castillo le ha negado personalmente haber cometido algún acto de corrupción. Sobre las actuaciones de la Fiscalía, la vicepresidenta dijo que “las investigaciones que están allí, que se den dentro del marco legal, dentro de las competencias autónomas que tiene las instituciones, que nosotros seremos respetuosos de ello”.
En diciembre del 2021, Boluarte había mencionado, cuando Castillo enfrentaba un segundo intento de destitución en el Parlamento, que renunciaría a su cargo, con lo cual rechazaba así una sucesión por mandato constitucional. Sin embargo, la propia Boluarte, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, enfrenta una posible remoción del cargo tras un informe parlamentario que la acusa de supuestas irregularidades administrativas.
Se recomienda que sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. En caso de su eventual sanción y remoción, ello colocaría al jefe del Congreso en la línea de sucesión de Castillo. Al respecto, Boluarte afirmó este viernes que “desde una minoría en el Congreso” hay una corriente “bastante rápida por quererme inhabilitar de manera express (...) es tan fácil de deducir que la intención no es hacer justicia sino política”.
Agregó que “no nos aceptan, no nos han aceptado, no nos quieren y harán todo lo posible por traerse abajo este gobierno del presidente Pedro Castillo”. Castillo, originalmente un maestro de escuela rural, ganó las elecciones presidenciales en julio del 2021 por un estrecho margen sobre la derechista Keiko Fujimori.
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La vicepresidenta peruana Dina Boluarte habla durante conferencia de prensa, en Lima. (LUIS JAIME CISNEROS/AFP)
Fiscalía retoma quinta investigación contra Castillo
La Fiscalía peruana informó este viernes que reactivó una investigación contra el presidente Castillo, la quinta en casi un año de mandato, por un caso de presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la empresa estatal Petroperú en el 2021.
La nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió anular una decisión de enero pasado de su predecesora, Zoraida Ávalos, de suspender las indagaciones por ese caso hasta tanto Castillo culminara su mandato, en julio del 2026, debido a que cuenta con inmunidad.
“La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición N°1 del 4 de enero del 2022 que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial”, tuiteó este viernes el Ministerio Público.
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En enero se informó que el jefe de Estado habría intervenido en un proceso para la adquisición de biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022 “con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de $74 millones”. Castillo negó cualquier implicancia en el caso y el contrato se anuló luego que la prensa destapó irregularidades.
El mandatario enfrenta otras cuatro investigaciones de la fiscalía: por supuesta obstrucción a la justicia en la destitución del ministro de Interior Mariano González; por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, y por plagio en su tesis universitaria.
El presidente y su abogado han argumentado reiteradamente que no existe prueba alguna de ninguno de esos delitos. Su victoria en las elecciones ha sido cuestionada desde el primer día por los partidos derechistas y populistas que controlan el parlamento, a pesar del aval al proceso electoral otorgado por observadores de la OEA y la Unión Europea.
