La corrección de Natalia Díaz

Ante las cámaras, en conferencia de prensa, el mandatario buscaba continuar con la política de lanzar culpas por la crisis de delincuencia. Se quejó de que, la noche del martes, los diputados archivaron su proyecto de ley sobre prisión preventiva y llamó a la ministra para que se refiriera al tema, alegando que su iniciativa habría evitado la liberación de un detenido por una supuesta vinculación con la banca narco La H (aunque la Fiscalía aclaró que no había pruebas sobre esa persona ni se le decomisaron armas).

Contrario a lo que el mandatario esperaba, Natalia Díaz le explicó que el proyecto fue archivado para dar paso inmediato al texto de consenso construido en la mesa de trabajo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la cual ella representa al gobierno y ha trabajado desde enero.

El nuevo proyecto recibió el apoyo unánime de los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y, tal como la ministra lo previó, fue dictaminado positivamente al día siguiente, el jueves 15 de febrero, con lo que pasó al plenario legislativo para su trámite previo al primer debate. Se aprobó como texto sustitutivo en un expediente presentado por el diputado Gilberth Jiménez, del PLN.

Ante la explicación, Chaves dijo que, en todo caso, el proceso le parecía “complejo y enredadísimo”.

En realidad, no hay tal grado de enredo. Es normal que se archiven proyectos inviables para dar paso a textos de consenso y, además, las reformas legales que rigen a todo un país siempre serán complejas, porque se debe escuchar y atender criterios técnicos, legales y constitucionales.

En este caso, el proyecto del gobierno fue desechado porque contenía inconstitucionalidades, de acuerdo con criterios expuestos por la propia Fiscalía General, lo que eventualmente habría favorecido a sospechosos de delitos a la hora de impugnar los procesos judiciales en su contra.

Natalia Díaz pudo sumarse a la política de dinamitar puentes, pero prefirió honrar el compromiso adquirido con todas las partes y defenderlo en pos de que la reforma a la prisión preventiva se convierta en realidad. Ese es el papel del Ministerio de la Presidencia.

El proyecto es el resultado de un trabajo en el que han aportado conocimiento figuras como el fiscal general, Carlo Díaz, y la diputada de Nueva República (PNR) y presidenta de la Comisión de Seguridad, Gloria Navas (abogada penalista), a quien Rodrigo Chaves ataca directamente.

Esta mesa de trabajo sobre seguridad nació, precisamente, después de que Chaves renunció a impulsar sus proyectos en esta materia. Con el nuevo texto de consenso, los jueces dictarán prisión preventiva cuando:

-Exista peligro para la comunidad.

-Con base en indicios comprobados, exista la probabilidad de que la persona cometió o participó en un hecho delictivo sancionado con prisión, como en los casos de homicidio simple, homicidio calificado, delitos en los que medien el uso de armas de fuego, narcotráfico y lavado de dinero.

-Los hechos investigados constituyan actos de terrorismo.

-Se haya hecho partícipe a menores de edad en la comisión de delitos.

La semana pasada, también la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) salió a defenderse de un ataque del presidente Rodrigo Chaves en torno a la participación de los representantes empresariales en la Junta Directiva de la CCSS.

El miércoles, Chaves dijo que había hablado en privado con la Uccaep sobre la reinstalación de gerentes a los que el gobierno no quiere en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero los patronos no le respondieron como él lo esperaba.

El jueves, la Uccaep respondió que, con apego a la realidad de los hechos, no está de acuerdo con lo dicho por el mandatario y reafirmó su compromiso con la institucionalidad de la CCSS. Además, explicó por qué sus delegados votaron en la manera en que lo hicieron.

Me despido deseándoles una excelente semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.