Seguridad

Coligalleros extrajeron de Crucitas oro valorado en $197 millones en casi dos años

Según el Minae, entre marzo del 2017 y diciembre del 2018, sacaron 149.243 onzas troy de oro. OIJ cree que organizaciones criminales compran precioso metal para exportarlo a EE. UU.

Los coligalleros extrajeron oro valorado en $197 millones (cerca de ¢113.400 millones), de la zona minera de Crucitas, ubicada en San Carlos, en poco menos de dos años.

El dato consta en un informe elaborado el 15 de octubre del 2019 por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el cual fue aportado a un expediente en la Sala Constitucional, en el que se analiza un recurso de amparo en contra del Estado por permitir el uso de mercurio en la minería ilegal.

En el documento DGM-CMRHN-125-2019, confeccionado por la Dirección de Geología y Minas, se detalla que entre el 21 de marzo del 2017 y el 31 de diciembre del 2018 se estima que los mineros ilegales sacaron de Crucitas 149.243 onzas troy de oro (la onza troy es una medida del sistema británico que se emplea para calcular el peso de los metales preciosos y equivale a 31,1 gramos).

El monto de $197 millones lo obtuvieron al estimar el precio del oro en mercados internacionales. Empero, el estudio del Minae no menciona el precio de venta de una onza troy de oro que se usó para el cálculo. Sin embargo, el jueves pasado una onza troy de oro se cotizaba en $1.868. Eso significaría que los 149.243 onzas troy de oro valdrían en este momento $278 millones.

El informe del Minae fue confeccionado para explicar a los magistrados todas la acciones ejecutadas por el gobierno, luego de que en el 2017 se produjera un ingreso masivo de coligalleros en la zona de Crucitas y ocurriera un grave daño ambiental. Además, se descubrió que estaban usando mercurio, un material prohibido para sacar oro.

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) pidió a los magistrados, el 25 de junio del 2019, mediante un recurso de amparo, que se obligue al Estado a erradicar el uso de ese producto químico, pues causa problemas ambientales, que van desde tala ilegal, así como la contaminación de suelos, fuentes de agua superficiales y mantos acuíferos.

El caso se tramita en el expediente 19-001277-007-CO y, el 9 de octubre del 2019, los magistrados pidieron al Minae, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a los ministerios de la Presidencia y de Salud, emitir un informe sobre lo que acontecía en la zona para resolver el recurso.

La zona objeto de análisis se encuentra entre los distritos de Cutris, Pocosol y Pital de San Carlos. La conforman en 19 fincas.

Las propiedades son conocidas como fincas Vivoyet, que abarcan un área de unas 720 hectáreas, de las cuales, luego de varios inspecciones, se determinó que hay 45 hectáreas con explotación minera: 34 en la superficie y 11 en sistemas subterráneos.

El interés por el oro de Crucitas comenzó a gestarse desde 1987; sin embargo, fue hasta 1993 cuando se otorgaron permisos de exploraciones. En diciembre de 1999, la empresa Industrias Infinito propuso explotar un gran proyecto minero a cielo abierto en una porción de 192 hectáreas, donde pretendía extraer entre 800.000 a 1,2 millones de onzas troy de oro.

Inicialmente, se concedieron las autorizaciones, pero luego un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo de Goicoechea anuló los permisos. Incluso, el hecho desencadenó un juicio penal en el que estuvo involucrado el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez. Arias, quien, por prescripción de la causa penal, quedó fuera del proceso, pero todavía está pendiente de resolverse el caso de otros imputados.

Luego de cancelarse los permisos de explotación, los terrenos pretendieron dedicarse a la ganadería, pero a inicios del año 2017 se generó una gran invasión de mineros ilegales y, consecuentemente, un enorme daño a la naturaleza.

El Minae, en el informe que rindió ante la Sala Constitucional señaló que los coligalleros, en principio, explotaban los cauces de los ríos, para buscar el llamado oro de placer (es decir, partículas del metal que fueron arrastradas por el agua en el tiempo). Luego hicieron excavaciones superficiales en las cercanías de donde hay o hubo ríos y, por último, construyeron túneles profundos con galerías.

Asimismo, en ese momento fue cuando se empezó a descubrir mercurio en las cercanías de la zona de extracción. Expertos estiman que para extraer un gramo de oro, se requieren, al menos, 14 gramos de mercurio.

El uso de ese producto químico en la extracción de oro está prohibido en nuestro país desde agosto del 2016, cuando se aprobó el Convenio de Minamata que regula el uso de ese producto y que fue firmado por Costa Rica en marzo del 2013.

Por su parte, Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, en otro análisis que entregó a la Sala Constitucional el pasado 14 de mayo, explicó que debido a la actividad minera ilegal en la zona, se han generado una serie de delitos, los cuales han venido en aumento.

Manifestó que desde inicios del 2019, la Policía Judicial desarrolla una investigación para identificar a los grupos criminales que operan en la región.

Inicialmente, señaló que en la zona hubo un incremento de inmigrantes nicaragüenses, que fue facilitado por costarricenses.

Se identificaron distintos grupos de costarricenses, los cuales utilizan sus vehículos para transportar inmigrantes coligalleros desde distintas lugares en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, hasta campamentos rudimentarios conocidos como champas.

“Ahí les dan hospedaje y alimentan, todo esto para hacerlos trabajar en las fincas donde se extrae oro. Una vez finalizada la extracción, el inmigrante se deja una parte del mineral como pago por la labor realizada, dejándose el transportista y dueño de la vivienda la otra parte”, comunicó el director del OIJ a los magistrados.

En el texto se especifica que los inmigrantes ingresan de manera ilegal con la colaboración de funcionarios públicos.

Según Espinoza: “los encargados del transporte, los que alquilan cuartos, o los que extraen el material, realizan pagos a funcionarios públicos a cambio de poder realizar su actividad ilícita sin ningún inconveniente. Dejando así evidente la comisión del delito de corrupción a funcionario público”.

Igualmente, dijo que la actividad minera ilegal propicia que grupos se dediquen a ingresar mercurio proveniente de Nicaragua ,o bien a obtenerlo, “de forma irregular de distintas empresas costarricenses”.

El director del OIJ también hizo ver que un avance importante de la investigación fue descubrir cómo sacan el oro de país.

“Son organizaciones debidamente estructuradas. Se dedican a la compra de oro ‘chatarra’ en compra-ventas o subastas para trasladarlo a Estados Unidos y venderlo allá. Sin embargo, se ha definido que la cantidades obtenidas en esos lugares no son suficientes para la cantidad que se exporta (...)

“Estas organizaciones, para aumentar la cantidad de oro exportado, compran este en distintos lugares donde se extrae oro ilegalmente (...). Para lograr esas exportaciones se cometen otra serie de delitos como la corrupción de funcionarios públicos, la legitimación de capitales, evasión de impuestos (...). Las sumas de dinero al año obtenidas por estos grupos son de aproximadamente $25 millones”, señaló Espinoza .

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) registra con detalle en su página digital la cantidad de oro legal que exporta el país. En ella se especifica que durante el año 2017 salió oro valorado en $32.217; en el 2018 el monto fue de $30.877 y en el 2019 se alcanzó un total de $31.155.

Carlos Manuel Rodríguez, titular del Minae, en un informe que elaboró el 30 de enero de este año, manifestó que de ser correctas las estimaciones sobre la cantidad de oro que se extrae de Crucitas, “se calcula que el Gobierno de Costa Rica habría dejado de percibir ingresos directos por el canon de extracción de oro (2%, según la normativa actual) por aproximadamente $4 millones, entre marzo del 2017 a diciembre del 2018”.

Por su parte, Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de la República, en otro documento que aportó también a la Sala Constitucional como respuesta a la situación en Crucitas, comunicó que desde enero pasado se solicitó a la Dirección General de Aduanas que intervenga y verifique los permisos de exportación de oro “para evitar el movimiento ilegal de este recurso metálico”.

Con respecto a la contaminación con mercurio en la región, el 18 de diciembre del 2018 fue dado a conocer un informe del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), el cual encontró elevados niveles de ese producto en muestras de peces, plantas, agua y sedimento que se recolectaron dentro y fuera de las zonas afectadas por la actividad minera.

Las muestras procedían de humedales y lagunas de la zona, así como el río San Juan Abajo, el Caño Crucitas, el Astillero, el río Infiernito, la quebrada El Manzano, la quebrada Camino Viejo y el río San Juan Arriba.

En enero del 2019, expertos de la Universidad Nacional (UNA), Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Cornell en Ithaca (Nueva York, Estados Unidos), revelaron que el daño ambiental en la zona de Crucitas sería mucho más grave de lo que el gobierno ha informado y supondría un riesgo para la salud de los habitantes de aquella región.

“Confirmamos la presencia de niveles anormalmente altos de mercurio en los sedimentos fluviales de las cuencas de los ríos Infiernito, Caño Crucitas y Caño Descubrimiento, producto de la minería ilegal”, refiere el informe.

Sin embargo, la vicepresidenta Epsy Campbell, en el documento presentado a los magistrados, asegura que en un nuevo análisis hecho por el IRET y cuyos resultados fueron entregados en abril de este año, se señala que la “presencia de mercurio en biota muestreada, tanto en finca Vivoyet como en sitios aledaños, presentan para febrero del 2020 contenidos de mercurio semejantes a los del estudio realizado por el mismo organismo en 2018, e incluso en algunos sitios niveles más bajos a los de dicha fecha”.

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