El Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, determinó la tarde del miércoles acumular las investigaciones contra el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez y el exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora por el denominado caso Crucitas.
Debido a dicha resolución, la mañana de este jueves el Juzgado Penal de Hacienda inició la audiencia preliminar sobre este caso con la finalidad de determinar si el asunto es elevado a juicio.
A ambos se les señala por la presunta comisión del delito de prevaricato al declarar, hace más de una década, de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minero en Crucitas de Cutris, en San Carlos.
La diligencia se realiza sin la presencia del exmandatario pero sí asisten sus abogados defensores, quienes se habían opuesto a que los expedientes se acumularan.
Precisamente, uno de ellos, Rodolfo Brenes Vargas, dijo que luego de esa decisión presentaron un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, pues la defensa había solicitado una audiencia oral al tribunal para manifestar el porqué estaban opuestos a la integración de ambos expedientes –aunque se trata del mismo asunto– pero dicha diligencia nunca se realizó.
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“Al forzar de esta manera lo que la defensa considera una acumulación indebida de expedientes, se están amenazando los derechos constitucionales de don Óscar Arias, no sólo su libertad personal, sino además derechos conexos y los ligados al debido proceso, como se ha venido exponiendo”, argumentaron Brenes y Francisco Castillo, defensores del expresidente.
La acumulación la había ordenado el Juzgado Penal de Hacienda el 29 de noviembre del 2018. Esa medida fue impugnada por la defensa de Arias el 5 de diciembre. El tribunal convocó a una audiencia oral para el 15 de enero, pero luego fue suspendida y el miércoles 16 de enero, el tribunal rechazó la apelación.
En el habeas corpus, la defensa de Óscar Arias está solicitando a los magistrados que se “declare nula la resolución dictada por el juez que rechazó la apelación y se le ordene al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José convocar a una audiencia oral, para conocer el recurso planteado por la defensa”.
Historia del caso
El caso Crucitas tiene su origen en el 2008, luego de que el entonces presidente Óscar Arias firmara un decreto que declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.
Dicho plan se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos por parte de la empresa canadiense Industrias Infinito.
En defensa del proyecto, se argumentó que la explotación de oro traería “beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el decreto presidencial Nº. 34801-MINAET firmado por Arias Sánchez.
Sin embargo, la iniciativa enfrentó objeciones y reclamos de supuestas anomalías de procedimiento, por lo cual, en noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la minera canadiense.
Ante los cuestionamientos, el Ministerio Público, en octubre del 2008, también abrió una investigación penal que se llevó en el expediente 08-0000-11-0033-PE. Luego de cuatro años de pesquisas, en el 2012 el Ministerio Público decidió separar la investigación contra Óscar Arias en el expediente 12-000124-0621-PE.
En tanto, en ese mismo año acusó por el delito de prevaricato (aprobar resoluciones contrarias a la Ley o hechos falsos) a Roberto Dobles y a otras seis personas de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, quienes llegaron a juicio en el 2015.
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En ese debate se condenó a Dobles por prevaricato y se absolvió a los otros implicados. Empero, luego de impugnaciones, un Tribunal de Apelación de Sentencia ordenó un nuevo juicio.
En setiembre del 2017, cuando se iba a realizar el nuevo debate, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado. La Fiscalía –a cargo de Jorge Chavarría Guzmán–, había desestimado ese proceso desde el 2014.
El 20 de octubre del 2017, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, solicitó la reapertura de la investigación contra Arias, alegando que no se habían agotando todos los medios de investigación correspondientes. Es así como el expresidente es indagado el 8 de noviembre del 2017.
Nueve meses después, el pasado 22 de agosto, la fiscala Navas presentó la acusación contra Óscar Arias por dos aparentes delitos de prevaricato, los cuales él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
Para la Fiscalía, con su firma, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
El pasado 26 de setiembre, los abogados del expresidente, Rodolfo Brenes y Francisco Castillo González, presentaron un recurso de amparo en el que solicitan que la investigación contra Arias por el caso Crucitas sea devuelta a su etapa preliminar, pues alegan violación a los derechos fundamentales del expresidente.
Alegan, sobre todo, que se le pide al exmandatario el aporte de “prueba imposible”.
Recuento de la primera audiencia
En cuanto a la audiencia preliminar que inició este jueves, se conoció que esta prevista para terminar el 7 de febrero próximo y se realiza en la sala 6 de los Tribunales de Goicoechea. Es dirigida por la jueza Karla Bonilla Ballestero.
El primer acto fue la lectura de la querella contra todos los imputados que presentó la Procuraduría General de la República.
Luego siguió la querella de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) planteado solo contra Arias.
Sobre esa acusación, Roberto Brenes, defensor del expresidente dijo: “La querella de la Procuraduría es una acusación muy poco coherente porque antes estuvieron de acuerdo con todo lo que hizo Óscar Arias y ahora vienen a acusar por un delito de prevaricato, alegando que él debió de conocer la ilegalidad que la misma Procuraduría no conoció en su momento”.
Sobre a la acusación fiscal, agregó que la conocerá más adelante, pero alegó de que se trata de una pieza “sumamente débil. Lo que tiene son dos testigos nuevos respecto a la prueba anterior y se fundamenta en 16 testigos que no entrevistaron”.
Mientras que José Miguel Villalobos, defensor de Roberto Dobles y de los funcionarios del Setena, manifestó: “Estoy convencido de que don Roberto y los miembros del Setena nunca actuaron de forma irregular. Siempre actuaron con recomendaciones técnicas, jurídicas y científicas. No fueron ocurrencias. Lo hicieron sobre la base de recomendaciones
Finalmente, Bernal Gamboa, abogado de Apreflofas, afirmó que en el querella contra Arias, “demostramos que el decreto de interés público y de conveniencia nacional para el proyecto minero son dos actos que don Óscar los hizo con dolo (...) ahí se demuestra una voluntad y un conocimiento. Además, hay prueba testimonial de personas que dicen que don Óscar tenía un especial interés en el proyecto".
