El Juzgado Penal de Hacienda acumuló los expedientes que se siguen contra el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez y el exministro de Ambiente, Roberto Dobles Mora por el caso Crucitas, con la finalidad de que ambos exfuncionarios sean llevados a juicio en un mismo momento.
Asi lo determinó la jueza Ana Laura Arce Hidalgo en una resolución tomada el jueves, en la cual también comunicó que la audiencia preliminar, donde se debe determinar si el asunto irá a debate, iniciará el 17 de enero del 2019 y terminará el 7 de febrero.
A ambos se les señala por la presunta comisión de prevaricato, al aprobar resoluciones contrarias a la Ley o hechos falsos. Durante el mandato de Arias se firmó el decreto que declaró de interés público la explotación minera en Crucitas de Cutris, San Carlos.
Lo dispuesto por la jueza penal de Hacienda fue criticado por el defensor de Arias, Rodolfo Brenes Vargas.
“Esto es una muestra más de como el expediente de don Óscar Arias se ha venido tramitando de manera irregular, con cosas que son violatorias a sus derechos constitucionales”.
Los representantes legales del exmandatario se oponen a que ambos expedientes sean llevados a debate al mismo tiempo, pues aseguran que los asuntos no están en una misma etapa procesal aunque si tratan el mismos tema. Alegan que en el caso de Dobles y otros seis imputados ya fue a juicio y en cambio, será hasta ahora que Arias conozca el detalle del caso.
“Muy sorprendido con la resolución, porque el 6 de noviembre de este año el Juzgado Penal (de Hacienda) rechazó la solicitud de acumulación de los expedientes diciendo que no procede porque no están en la misma etapa procesal.
“Ahora, el 29 de noviembre, otra jueza de ese mismo juzgado penal, de manera oficiosa, sin que existiera una solicitud nueva de parte del Ministerio Público y sin que haya cambiado la situación procesal del expediente, viene y dice que sí procede la acumulación y la ordena”, agregó Brenes.
Para la jueza Ana Laura Arce el argumento de “perjuicio” al que se refiere la defensa de Arias “no resulta tan evidente como se pretende, habida cuenta de que la acumulación no tiene consecuencias negativas, tomando en cuenta que se trata de causas conexas, donde se trata de los mismos hechos, existen pruebas comunes, se encuentran en la misma etapa y por economía judicial, es clara la necesidad de ordenar esta acumulación”.
Recuento del caso
El caso Crucitas tiene su origen en el 2008, luego de que el entonces presidente Óscar Arias firmara un decreto que declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.
Dicho plan se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos por parte de la empresa canadiense Industrias Infinito.
En defensa del proyecto, se argumentó que la explotación de oro traería “beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el decreto presidencial Nº. 34801-MINAET firmado por Arias Sánchez.
Sin embargo, la iniciativa enfrentó objeciones y reclamos de supuestas anomalías de procedimiento, por lo cual, en noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la minera canadiense.
Ante los cuestionamientos, el Ministerio Público, en octubre del 2008, también abrió una investigación penal que se llevó en el expediente 08-0000-11-0033-PE. Luego de cuatro años de pesquisas en el 2012, el Ministerio Público decidió separar la investigación contra Óscar Arias en el expediente 12-000124-0621-PE.
En tanto, en ese mismo año acusó por el delito de prevaricato (aprobar resoluciones contrarias a la Ley o hechos falsos), Roberto Dobles y otras seis personas de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, quienes llegaron a juicio en el 2015.
En ese debate se condenó a Dobles por prevaricato y se absolvió a los otros implicados. Empero, luego de impugnaciones, un Tribunal de Apelación de Sentencia ordenó un nuevo debate.
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En setiembre del 2017, cuando se iba a realizar el nuevo debate, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado. La Fiscalía –a cargo de Jorge Chavarría Guzmán–, había desestimado ese proceso desde el 2014.
El 20 de octubre del año anterior, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, solicitó la reapertura de la investigación contra Arias, alegando que no se habían agotando todos los medios de investigación correspondientes. Es así como el expresidente es indagado el 8 de noviembre del 2017.
Nueve meses después, el pasado 22 de agosto, la fiscala Navas presentó la acusación contra Óscar Arias por dos aparentes delitos de prevaricato, los cuales él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
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Para la Fiscalía, con su firma, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
El pasado 26 de setiembre, los abogados del expresidente, Rodolfo Brenes y Francisco Castillo González, presentaron un recurso de amparo en el que solicitan que la investigación contra Arias por el caso Crucitas sea devuelta a su etapa preliminar, pues alegan violación a los derechos fundamentales del expresidente.
Alegan, sobre todo, que se le pide al exmandatario el aporte de “prueba imposible”.
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