Carlos Arguedas C., Eillyn Jiménez B.. 2 noviembre, 2017

La Fiscalía General de la República ordenó reabrir la investigación contra el expresidente de la República Óscar Arias Sánchez por el denominado caso Crucitas.

El hecho lo confirmó este jueves la oficina de prensa del Ministerio Público, luego de consultas de La Nación. En un comunicado de prensa se dice que la fiscala Emilia Navas Aparicio ordenó la reapertura de la causa penal 12-000124-0621-PE, seguida contra el exmandatario por el presunto delito de prevaricato.

La causa se tramitaba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde el año 2014. Dicha resolución estaba fundamentada en la falta de elementos probatorios.

El expresidente de la República, Óscar Arias fue notificado el pasado 30 de octubre sobre la decisión de reabrir el caso y que debía presentarse a la Fiscalía. Arias en este momento está fuera del país. Foto: Jeffrey Zamora
El expresidente de la República, Óscar Arias fue notificado el pasado 30 de octubre sobre la decisión de reabrir el caso y que debía presentarse a la Fiscalía. Arias en este momento está fuera del país. Foto: Jeffrey Zamora

Sin embargo, tras el reciente análisis jurídico realizado, la Fiscalía determinó que "era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación".

“Siendo uno de los actos primordiales y necesarios en la investigación obtener la declaración del señor Arias Sánchez, el mismo lunes 30 de octubre el expresidente fue notificado personalmente para que se presente (en próximos días) con su abogado defensor a rendir la declaración indagatoria ante la Fiscalía”, dijo Emilia Navas.

El Ministerio Público comunicó que el día y hora de la indagatoria, así como otros detalles del caso no serán comunicados, en apego estricto al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual exige al Ministerio Público la privacidad de las actuaciones en la fase de recolección y análisis de pruebas en el proceso penal (etapa preparatoria de la investigación).

La Nación trató de localizar a Óscar Arias, pero en su residencia se informó de que se encuentra fuera del país.

En su perfil de Facebook el exmandatario expresó que se encontraba en la Universidad de Princeton, pero aclaró que atenderá la citación y colaborará con la investigación.

"Al final del camino prevalecerá la verdad y se confirmará mi plena inocencia. Dejo testimonio de mi confianza en la autoridad e independencia del Poder Judicial, así como en la objetividad e imparcialidad de los fiscales encargados del caso", escribió Arias.

La Fiscalía General de la República tomó la decisión de reabrir la investigación penal en el caso conocido como “...

Posted by Óscar Arias Sánchez on Thursday, November 2, 2017

La fiscala Navas dijo que la reapertura del expediente obedece a un análisis que ella había anunciado desde el momento en que asumió su gestión, el pasado 13 de octubre y en el cual se incluyeron otros expedientes cuyas causas habían sido desestimadas.

En esa oportunidad, Navas señaló que el estudio pretendía establecer si los hechos de cada caso en particular merecían o no tener una investigación más profunda, siempre y cuando no estuvieran prescritos.

El Ministerio Público comunicó que por tratarse de asuntos de interés de la ciudadanía se informará de manera oportuna, en las próximas semanas, qué otros expedientes serán analizados y eventualmente reabiertos.

Historia del caso

El caso Crucitas está relacionado con un proyecto de explotación minera a cielo abierto que se pretendía realizar en una finca de 850 hectáreas en Cutris de San Carlos, Alajuela.

El terreno era pretendido por diversos grupos para sacar oro desde agosto de 1991.

Sin embargo, fue hasta el 18 de diciembre de 1999 que la empresa Industrias Infinito obtuvo un derecho para iniciar operaciones y, seis años después, en el 2005, la firma recibió la concesión de explotación minera.

Tras algunas complicaciones, fue ratificada en octubre del 2008, mediante el decreto N.°34.801-Minaet, que declaró el plan de conveniencia nacional y de interéspúblico.

No obstante, en noviembre del 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a Industrias Infinito, al considerar que hubo irregularidades en el proceso. Ese fallo fue confirmado en noviembre del 2011 por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

En la sentencia, el Contencioso recomendó investigar penalmente al exmandatario y a siete funcionarios.

La acción comenzó el 24 de noviembre del 2010 contra Roberto Dobles Mora, exministro de Ambiente y Energía; Cinthya Cavallini, exjefa del Registro Nacional; Sonia Espinoza, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena); y cuatro antiguos funcionarios de esa secretaria identificados como Eduardo Lezama, Jorge Boza, Tatiana Cruz y José Rafael Corrales.

El caso contra Arias fue desestimado por la Fiscalía.

El 28 de enero del 2015 Dobles fue condenado a tres años de prisión por prevaricato en el caso Crucitas, mientras que los otros seis imputados fueron absueltos.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año el Tribunal de Apelaciones ordenó un nuevo juicio contra el exministro y otras seis personas, luego de resolver un recurso interpuesto por Laureano Castro, el abogado de Dobles, quien alegó falta de fundación del tribunal de juicio.

De acuerdo con la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones a finales del 2015, la orden de un nuevo juicio se dio al estimar que la fundamentación de la sentencia fue "deficiente, tanto en la exoneración de responsabilidad de unos como en la motivación de la condena de Dobles".

Lucha constante

A pesar de la ilegalidad para extraer oro de la mina Crucitas que pretendió Industrias Infinito, centenares de personas invadieron la finca para sacar el metal. En los últimos meses la Policía ha realizado varias incursiones para sacar a los coligalleros.

Los hechos están en investigación en la Fiscalía de San Carlos, que indaga la extracción del oro, los daños ambientales y el tráfico de mercurio.

El último ingreso se dio a finales de octubre, cuando según el Ministerio de Seguridad detuvo a 100 personas. Empero, la Fiscalía informó de que solo tres de ellos irán a juicio.

La pena por realizar actividades “mineras de reconocimiento, exploración o explotación, sin contar con el respectivo permiso o concesión”, es de tres meses a cinco años de prisión, según el artículo 141 del Código de Minería.

Información actualizada a las 3:55 p. m. con más datos del caso y la versión de Óscar Arias.