Ministerio Público denuncia a jueces de Tribunal Penal ante Inspección Judicial por presuntas anomalías

Por: Gerardo Ruiz R. 6 septiembre
Durante su segundo mandato, Óscar Arias emitió un decreto para declarar de interés público la explotación minera a cielo abierto en Cutris de San Carlos. Por ese hecho en el 2015 un Tribunal condenó al exministro de Ambiente, Roberto Dobles, a tres años de prisión por prevaricato.
Durante su segundo mandato, Óscar Arias emitió un decreto para declarar de interés público la explotación minera a cielo abierto en Cutris de San Carlos. Por ese hecho en el 2015 un Tribunal condenó al exministro de Ambiente, Roberto Dobles, a tres años de prisión por prevaricato.

San José

El Tribunal Penal del Segundo Circuito de San José devolvió a su fase intermedia el juicio por la mina Crucitas para determinar si el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, debe o no enfrentar una querella por prevaricato, por haber declarado de interés público ese proyecto de explotación minera a cielo abierto en el 2008.

Por este caso, el Tribunal Penal de Hacienda había condenado a tres años de prisión el exministro de Ambiente de Arias, Roberto Dobles. Él apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones y esta instancia ordenó hacer un nuevo juicio, el cual se inició este lunes. No obstante, el martes, los jueces consideraron que el caso debía devolverse al Juzgado Penal a una etapa aún más temprana.

Según la resolución de mayoría, tomada por los jueces Rodrigo Obando y Hugo Vargas, la relación de hechos de la querella que presentó la Procuraduría General de la República le atribuye a Óscar Arias, quien no formó parte del primer juicio, acciones que podrían acarrearle responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa.

Por esto, para garantizar que el Tribunal no dicte sentencia en ausencia de Arias y para respetar en pleno su derecho de defensa, los jueces retrotrajeron el trámite del asunto hasta su fase intermedia, durante la cual se estudia si el caso se eleva o no a juicio.

"(...) Con pleno respeto de las garantías de todas las partes, se aclare la situación jurídica del ciudadano Óscar Arias Sánchez quien, aunque no se menciona como acusado formalmente, sí aparecía en tres de los hechos querellados por la Procuraduría General de la República (hechos numerados 40, 42 y 46 de la querella), como posible autor —en conjunto con el encartado Roberto Dobles Mora (exministro de Ambiente)— de dos delitos de prevaricato", se lee en una transcripción facilitada por la oficina de Prensa de la Corte sobre el acuerdo oral y público que tomaron los jueces.

En contra de la resolución, voto el juez José María Arguedas.

Ahora, un Juzgado Penal deberá definir si procede o no citar a Óscar Arias a rendir testimonio en una audiencia preliminar para determinar si, en efecto, fue coimputado por la Procuraduría General de la República (PGR) por dos delitos de prevaricato. Los jueces tomaron esa decisión al advertir que la Procuraduría ni imputó ni eximió al exmandatario, aunque sí querelló al exministro Dobles por un decreto que ambos firmaron: el declaratoria de interés público de la explotación de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.

En enero del 2015, el Tribunal Penal de Hacienda condenó por prevaricato al exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, por haber firmado dicho decreto que data del 2008, el cual también llevó la firma del presidente de la República en aquel momento. Ese Tribunal concluyó que Dobles incurrió en un supuesto favorecimiento ilegal a la empresa minera Industrias Infinito, al haber firmado un decreto de conveniencia que consideró ilegal.

Esta semana, los jueces determinaron, tras hacer una "simple lectura" de la querella que surgió del caso Crucitas, que Arias habría sido coautor del supuesto delito por el que se condenó a Roberto Dobles, informó la oficina de Prensa del Poder Judicial.

El problema es que solo el exministro fue remitido a juicio por el Juzgado Penal, lo cual el Tribunal consideró como violatorio del principio de igualdad procesal y de ejercicio legítimo de la defensa.

"En esa tesitura, no fue valorado por el Juzgado Penal que si se imputó en la querella una autoría conjunta, debió brindarse oportunidad de defensa al señor Arias Sánchez, pues al tenor de la definición del artículo 81 del Código Procesal Penal, gozaba de la condición de imputado, aunque la querella no lo señalara formalmente dentro del grupo de personas acusadas", argumentaron los juzgadores.

La resolución la tomaron a propósito de la apertura de un juicio de reenvío producto de una impugnación que presentó Dobles contra la sentencia que se dictó en su contra en el 2015.

Ahora, le corresponderá al juez de la etapa intermedia analizar los datos que le remitió el Tribunal, el cual aclaró que su resolución no implica una orden para indagar a Óscar Arias, pues esa decisión la deberá tomar el Juzgado Penal.

Lo que sí pidieron los jueces es que se aclare la situación jurídica de Óscar Arias: sea que la Procuraduría General de la República opte por desistir de la querella expresamente, lo cual en criterio de Tribunal no hizo durante el juicio; modificar su imputación y eliminar los hechos acusados como ejecutados en coautoría, lo cual deberá hacerlo expresamente; o bien, mantener la atribución de cargos tal cual está.

Este diario intentó obtener un criterio de la PGR este miércoles por la tarde, pero la solucitud no fue respondida al cierre de esta entrega.

Polémica entre Tribunal y Fiscalía

Por su parte, el Ministerio Público comentó que le resulta "altamente irregular" la decisión del Tribunal Penal de anular la resolución de elevar a juicio el caso Crucitas y devolver el proceso a la fase intermedia.

"Esto en razón de que el viernes anterior, la institución recibió información de que los dos jueces del voto de mayoría que anuló el debate (Rodrigo Obando y Hugo Vargas), expresaron a viva voz que ellos no deseaban hacer ese juicio", denunció el Ministerio Público.

El órgano adelantó que comunicará las presuntas anomalías del Tribunal a la Inspección Judicial a través de los fiscales que llevan el caso, para que esta proceda con la respectiva investigación disciplinaria.

La institución dijo que ese hecho anómalo se suma a la advertencia hecha al Tribunal por la representante de la PGR de que la entidad no está imputando ningún hecho al expresidente Arias, por lo que su indagatoria sería innecesaria.

"Pese a eso, los dos jueces decidieron anular el auto de elevación a juicio. Es una situación que resulta altamente irregular para el ente acusador del Estado. Adicionalmente, el Ministerio Público planteará un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia, con el fin de intentar revertir la anulación del juicio", comunicó la tarde de este miércoles.

El Ministerio Público, además, considera que la etapa de elevación a juicio ya es una fase superada y vaticinó que, de cumplirse la resolución del Tribunal Penal, el expediente pasaría a formar parte de la mora judicial con plazos de hasta cinco años para llegar a juicio, "lo cual es contrario a las políticas que sigue la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia", agregó.

Daño sin resarcirse

La empresa que operaría la mina Crucitas, Industrias Infinito, salió de Costa Rica y vendió sus fincas en Cutris de San Carlos, lo cual dejó sin respaldo el pago de los daños ambientales causados por su actividad en la zona norte.

En el 2015 el Tribunal Contencioso Administrativo determinó que el daño ambiental provocado por la explotación minera asciende a $6,4 millones que debían pagar de forma solidaria la empresa, el Estado y el Sistema de Áreas de Conservación (Sinac).

No obstante, la empresa lo único que dejó en el país fueron $600.000 correspondientes a un depósito de garantía ambiental, embargado desde el 2012, pues vendió cinco fincas de su propiedad y dejó de disponer de bienes a su nombre en el país.

En ese momento la Procuraduría explicó que desde hacía varios veces veía venir la posibilidad de que al Estado le correspondiera pagar en su totalidad por el daño ambiental, ante la actitud de la empresa.

La reapertura de la etapa intermedia del proceso sobre el caso Crucitas despertó celebraciones en el Partido Frente Amplio (FA), uno de los que más confrontaciones tuvo con la empresa Industrias Infinito durante su operación en el país.

El jefe de la bancada legislativa de ese partido, Francisco Camacho, atacó al expresidente Óscar Arias por haber decretado el interés público de la actividad minera a cielo abierto hace 9 años.

"La minería a cielo abierto es un crimen contra el ambiente, contra la naturaleza, pero seguramente por los contactos que pudo tener Óscar Arias Sánchez había salido librado y solo se acusó de prevaricato a (Roberto) Dobles, su primo. Sin embargo, los molinos de Dios muelen despacito, pero fino, y ahora llamarán a Arias a rendir cuentas, como debe ser", aseguró Camacho.