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La Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo presentado por el expresidente de la República Óscar Arias Sánchez en el cual objeta la acusación penal que presentó en su contra el Ministerio Público.
Al exmandatario se le sigue causa por el delito de prevaricato en relación con la declaratoria de interés público del proyecto minero Crucitas. La acusación y solicitud de juicio fue presentada en agosto.
De acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa del Poder Judicial, al acoger para estudio el reclamo del exmandatario, los magistrados pidieron a la Fiscalía un informe sobre las actuaciones realizadas. La solicitud se hizo al fiscal coordinador de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República.
Luego de que los integrantes de la Sala Constitucional reciban el informe, analizarán si es necesario solicitar prueba para mejor resolver o conferir audiencia a otra autoridad.
El conocimiento del amparo no afecta el trámite de la causa penal.
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En el recurso presentado el 26 de setiembre, los abogados Rodolfo Brenes Mora y Francisco Castillo González, piden a los magistrados constitucionales que la investigación contra Arias sea devuelta a su etapa preliminar, pues alegan la violación los derechos fundamentales del expresidente.
Alegan, sobre todo, que se le pide al exmandatario el aporte de “prueba imposible”.
Los defensores también solicitaron que se ordene al Ministerio Público abtenerse de pedir la acumulación del expediente en el cual figura como imputado el expresidente Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) con otro que se tramita por el mismo asunto, contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles Mora y otras seis personas.
El proyecto minero
El proyecto Crucitas se desarrollaría en Cutris de San Carlos por parte de la empresa canadiense Industrias Infinito.
En su defensa, se argumentó que la explotación de oro traería “beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el decreto presidencial Nº. 34801-MINAET firmado por el entonces presidente Óscar Arias Sánchez.
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Desde sus inicios, sin embargo, el plan enfrentó objecciones y reclamos de supuestas anomalías de procedimiento. Por tal razón, en el 2008 se abrió una investigación penal en el expediente 08-0000-11-0033-PE.
Finalmente, en noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la minera canadiense.
Un año después, trascendió una presunta donación de parte de Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz, datos que llevó al Ministerio Público a testimoniar piezas y abrir un segundo expediente, el 12-000124-621-PE, en el cual se investigó únicamente a Óscar Arias.
Empero, esta pesquisa fue desestimada el 16 de setiembre del 2014, lo que significa que se archivó de manera momentánea en espera de la posibilidad de que surjan pruebas nuevas.
En tanto, el primer expediente en el cual estaban imputados Roberto Dobles y otras seis personas de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, siguió el trámite y llegó a juicio en el 2015.
En ese debate se condenó a Dobles por el delito de prevaricato y se absolvió a los otros implicados. Empero, luego de impugnaciones, un Tribunal de Apelación de Sentencia ordenó un nuevo debate.
En setiembre del 2017, cuando se iba a realizar el nuevo juicio, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.
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