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El Tribunal de Juicio de Goicoechea absolvió por duda de un delito de tráfico de influencias al actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge; al ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, y a la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla.
La determinación fue dada a conocer este miércoles por la tarde, casi un mes después del inicio del juicio.
A los tres implicados se les había relacionado con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
La jueza Adriana Tenorio Jara argumentó que la decisión fue unánime, lo cual quiere decir que sus compañeros Ivannia Delgado Calderón y Roy Jiménez Mata coincidieron en el criterio de declarar una absolutoria por el principio de in dubio pro reo.
“En aplicación del principio de in dubio pro reo se absuelve del delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio de los deberes de la función pública a Berenice Smith Bonilla, Celso Gamboa Sánchez y Johnny Araya Monge.
“Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria y se resuelve sin especial condenatoria en costas”, afirmó Tenorio.
La argumentación de la absolutoria por duda estuvo a cargo de la jueza Delgado, quien explicó que el Ministerio Público fundó su acusación en el testimonio de la entonces fiscala adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Natalia Rojas Méndez.
Precisamente, contra ella el Tribunal ordenó un testimonio de piezas ante la Fiscalía, con el objetivo de que se investigue la presunta comisión de un delito de falso testimonio.
Agregó que en el contradictorio quedó constatado que fue ella quien ordenó borrar a Johnny Araya del expediente y descartó que la acción fuese influenciada por Gamboa y Smith.
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Por otra parte, los jueces cuestionaron el testimonio de la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas Vindas, quien alegó que Gamboa había ordenado al entonces letrado, Justo Pastor López, llamar a Araya para que enviara una carta a la Fiscalía.
“El testimonio de Tatiana (Vargas) tiene falencias importantes, su fiabilidad está entredicho, sobre todo porque con la prueba documental analizada se observa que la periodista no cumplió con su deber de ley de resguardar el principio de privacidad de las actuaciones y protección de datos”, precisó.
Contacto ‘no es transparente’
La jueza Delgado también profundizó en el por qué la absolutoria fue por duda y no por certeza, como lo pidieron los defensores de los acusados en este caso.
Destacó, que entre las partes hubo contactos telefónicos, lo cual consideraron “no adecuado”.
“Se dicta una absolutoria por duda porque en el periodo entre 25 de noviembre del 2015 y enero del 2016 se verificaron múltiples comunicaciones telefónicas entre Gamboa y Araya.
“Si Johnny Araya solo pretendía clarificar dentro del expediente su condición, gestión que es justa y legal, por qué mantener conversaciones con un fiscal de la República y propiamente con una persona de alto rango dentro de esa institución.
“Mismo cuestionamiento se le debe realizar al entonces subjefe del Ministerio Público, por qué mantener comunicación constante con un político que mantenía una causa penal en trámite.
“Dicha actuación, estima el Tribunal, no es transparente ni es propia del ejercicio del cargo, pero sobre estos aspectos se hablará en sentencia.
“En cuanto Smith Bonilla, la duda surge a partir del cambio del expediente a su escritorio dentro del periodo acusado por el Ministerio Público y por haber mantenido contacto telefónico con Celso Gamboa poco tiempo después que aquel mantuvo comunicación también telefónica con Araya Monge”, explicó detalladamente Delgado.
La jueza también destacó que al no acreditarse el hecho punible acusado se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria sin condenatoria en costas.
Después de la lectura de la resolución absolutoria, la exfiscala Berenice Smith rompió en llanto, mientras abrazaba a sus familiares y amigos, al tiempo que los otros acusados celebraron el fallo en medio de una sala repleta de público y medios de comunicación.
A la espera de la sentencia integral
El 15 de marzo pasado, la Fiscalía había pedido cinco años de prisión contra cada uno de los acusados, por lo que al conocer la decisión del Tribunal, el fiscal José Pablo Miranda Hurtado dijo que tanto él como su compañera, Melissa Quirós Rodríguez, esperarán la sentencia integral para definir qué decisión tomar.
“Nosotros somos respetuosos, por supuesto, del orden jurisdiccional que existe en el país y del orden legal, no compartimos varios de los argumentos que fueron expuestos de manera parcial, hoy (miércoles) nos dan una simple pincelada de la argumentación que lleva al Tribunal a tomar la decisión, nosotros tenemos que esperar a leer el documento integral para poder entender y comprender a profundidad la totalidad de razonamientos que ellos valoraron para tomar su decisión.
“Una vez con el documento, podremos determinar si existen vicios o no en el análisis probatorio que se realiza, si nos parece desde antes que algunos razonamientos no los compartimos de manera muy respetuosa, pero esperaremos a la sentencia integral para poder referirnos de manera formal a una impugnación”, explicó Miranda.
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En tanto, el alcalde josefino Johnny Araya adelantó que apelará que su absolutoria sea por duda y no por certeza.
Agregó que tiene argumentos para demostrar que su actuación fue apegada a derecho y dijo que las llamadas a las que hizo referencia el Tribunal fueron antes de los hechos y que no tienen relación con el caso.
“He logrado una absolutoria ante una acusación absolutamente injustificada”, aseguró el jerarca municipal.
El caso
Según la Fiscalía, a los tres implicados se les relacionó porque supuestamente habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”, antes de las elecciones del 2016.
El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, del cual, al final, fue desestimada en marzo del 2016.
Por estos hechos, se abrieron dos expedientes penales, uno contra Gamboa y otro contra Smith y Araya.
No obstante, como en abril del 2019 un total de 39 diputados votaron a favor de destituir a Celso Gamboa como magistrado penal, por interesarse “indebidamente” en asuntos judiciales del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, la acusación se agrupó en un mismo expediente para los tres.
Los hechos que originaron el primer expediente se remontan a diciembre del 2015, cuando La Nación pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
Información actualizada a las 8:18 p. m. con más datos.
