Judiciales

Hubo ‘persecución desmedida, desproporcionada y arbitraria de la Fiscalía’, afirma defensa de Celso Gamboa

Abogada del exmagistrado pidió absolutoria para su cliente en causa por presunto tráfico de influencias

“En el peor momento de la carrera de Celso Gamboa Sánchez, cuando estaba sometido a un mar de cuestionamientos de prensa un día sí y el otro también, empiezan a vincular a todas las personas que en algún momento tuvieron relación con él, aunque sea que lo saludaran.

“Lamento en el caso de doña Berenice (Smith) y de don Johnny (Araya) que los arrastraran en esta causa por una persecución desmedida, desproporcionada y totalmente arbitraria de la Fiscalía General”.

El anterior es un extracto de las conclusiones expuestas por Natalia Gamboa Sánchez, abogada y hermana del ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, durante el juicio que se le sigue a él, a la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla, y al actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge.

A los tres se les vincula con un presunto delito de tráfico de influencias antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según el ente acusador del Estado, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.

La litigante expuso los argumentos por los cuales debe absolverse al también exmagistrado, pues considera que no existe ningún elemento probatorio para acreditar el ilícito que se acusó.

Criticó que no se ofreciera como testigo al exletrado Justo Pastor López, quien fue mencionado a lo largo del contradictorio porque, supuestamente, recibió la orden de Celso Gamboa de llamar a Araya, para que este último remitiera a Smith una carta en la que le pedía aclarar su situación jurídica dentro de un expediente del 2012.

Para ella, sin la versión de Pastor López fue imposible comprobar si existió o no esa comunicación y recalcó que los registros telefónicos previos a los hechos no vienen a demostrar nada.

Según la licenciada, quedó claro durante el debate que no hubo ningún interés de su representado de ayudar al jerarca municipal y defendió que era obligación de Celso Gamboa, como subjefe de la Fiscalía General, atender las quejas de usuarios, según consta en el manual de puestos de esa institución.

“Las personas en este país se conocen y el hecho de que una persona se comunique con otra no implica un tráfico de influencias, el hecho de que una persona conozca otra que es muy común y no significa que la decisión de un funcionario público va a comprometer su objetividad (...).

“No hay un solo elemento probatorio ni hubo un solo testigo que coteje la pieza acusatoria, por el contrario, son los testigos de cargo los que permitieron a la defensa confirmar la prueba y es por esa razón que de manera muy respetuosa se solicita que se absuelva de toda pena y responsabilidad por certeza tanto a Celso Gamboa como a Berenice Smith Bonilla y a Johnny Araya Monge porque ninguno de ellos ha realizado ningún acto ilegítimo y tenerlos en el banquillo fue un acto de arbitrariedad e injusticia”, afirmó Natalia Gamboa.

La abogada también criticó que el fiscal encargado de este caso sea José Pablo Miranda Hurtado, quien a en su opinión quiso dar una clase de protección de datos, pese a que él había sido sancionado en el 2015 por acceder a los registros del futbolista Keyor Navas Gamboa.

En el momento en que la licenciada hizo mención a este argumento, la fiscala Melissa Quirós Rodríguez se opuso, al considerar que no tenía relación con los hechos que se juzgan. Miranda no se encontraba en la sala.

Sin embargo, las juezas Adriana Tenorio Jara e Ivannia Delgado Calderón y el juez Roy Jiménez Mata, rechazaron la petición fiscal y destacaron que ellos podían abordarlo en las réplicas.

Poco después, Miranda llegó a la audiencia y aunque no se refirió a lo dicho por Natalia Gamboa, sí confirmó que hablaría de ello en las réplicas.

Críticas a testigo

Por otra parte, Natalia Gamboa también criticó las declaraciones de la fiscala Natalia Rojas Méndez, quien fue una de las testigos claves del Ministerio Público en este contradictorio.

“Doña Natalia (Rojas) es una testigo que no se acuerda de nada, ni siquiera del Código Procesal Penal (...). Me sorprende cuando el Ministerio Público concluye que fue una testigo coherente, creo que yo estuve en otro juicio porque si hubo una testigo con poca coherencia fue ella (...).

“Independientemente de lo que se decida en este contradictorio a esta testigo hay que hacerle un testimonio de piezas porque o faltó a la verdad o tiene que ser declarada inidónea o me van a decir que la administración de justicia le va a confiar la vida de las personas a una fiscal que aquí afirmó sin vergüenza que no sabía nada”, criticó la abogada de Celso Gamboa.

En la misma línea, Jazmín Rodríguez Hernández, también representante de Celso Gamboa y quien se refirió a la acción civil, cuestionó el testimonio de Natalia Rojas, ya que consideró que se contradijo al explicar por qué, aparentemente, se había borrado el nombre de Johnny Araya del asiento informático.

Además, dijo que no se puede afirmar que la entonces fiscala adjunta de Probidad, Transpariencia y Anticorrupción haya sido presionada por Gamboa y Smith para realizar la diligencia solicitada por Araya.

“Olvidémonos de esa supuesta influencia de don Celso y doña Berenice en la fiscala Natalia Rojas, una fiscala que tiene un carácter tan fuerte y que ha preferido quedar como una tonta, como una ignorante ante el pueblo entero, porque salió en los noticieros, antes de dejar salir la verdad tal y como corresponde”, aseguró Rodríguez.

La abogada también dijo que en el juicio no se probó la existencia de una ventaja indebida y ni tampoco la relación entre la queja y la elección. “Lo de la ventaja electoral es temerario”, concluyó.

El caso

A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando supuestamente se afectó la información de un expediente en el que figuraba Araya Monge.

El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, la cual, al final, fue desestimada en marzo del 2016.

Los hechos que originaron este asunto se remontan a diciembre del 2015, cuando La Nación pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.

La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas Vindas.

De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.

Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.

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