Después de varias horas de discusiones, los diputados destituyeron este martes al magistrado penal Celso Gamboa Sánchez, de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión tuvo el apoyo de 39 legisladores, en una votación pública y nominal, y se dio por petición de los magistrados del Poder Judicial, luego de determinar que el juez penal se habría interesado indebidamente en asuntos judiciales de su amigo, el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Dos diputados se abstuvieron de votar, Otto Guevara, del Libertario; y Aracelli Segura, del PLN.
A favor de la destitución se pronunciaron 11 congresistas del PAC, 10 del PLN, 7 del Frente Amplio, 6 del PUSC, 2 del Movimiento Libertario, 1 de Restauración, 1 de Renovación y 1 independiente.
Estuvieron ausentes 7 diputados del PLN, 1 del PAC, 1 del FA, 2 del PUSC, 1 de Renovación, 1 de Alianza Demócrata Cristiana, 1 del PASE y 2 independientes.
Votaron a favor
Por el PAC: Javier Cambronero, Marlene Madrigal, Ottón Solís, Epsy Campbell, Marcela Guerrero, Marvin Atencio, Nidia Jiménez, Marco Vinicio Redondo, Steven Núñez, Emilia Molina y Laura Garro.
Por el PLN: Juan Luis Jiménez, Carlos Arguedas, Rolando González, Sandra Piszk, Maureen Clarke, Julio Rojas, Maureen Fallas, Ronald Calvo, Marta Arauz y Michael Arce.
Por el Frente Amplio: Frank Camacho, Patricia Mora, Gerardo Vargas Varela, Jorge Arquedas, José Ramírez, Carlos Hernández, Suray Carrillo y Edgardo Araya.
Por el PUSC: Johnny Leiva, Rosibel Ramos, William Alvarado, Jorge Rodríguez, Luis Vásquez y Rafael Ortiz.
Por el Movimiento Libertario: José Alberto Alfaro y Natalia Díaz.
Por Restauración Nacional: Alexandra Loría.
Por Renovación Costarricense: Gonzalo Ramírez.
Se ausentaron
Por el PLN: Silvia Sánchez, Ronny Monge, Karla Prendas, Lorelly Trejos, Paulina Ramírez, Danny Hayling y Olivier Jiménez.
Por el PUSC: Gerardo Vargas Rojas y Humberto Vargas.
Por el PAC: Franklin Corella.
Por el Frente Amplio: Ligia Fallas.
Por Renovación: Abelino Esquivel.
Por el PASE: Óscar López.
Por ADC: Mario Redondo.
Y los independientes Víctor Morales Zapata y Carmen Quesada.
La sesión estuvo precedida por denuncias por los diputados Marco Redondo y Marcela Guerrero, del PAC, quienes dijeron que Gamboa se puso en contacto con ellos la noche del lunes para pedirles que se reportaran enfermos y que no asistieran a la sesión de hoy, pues él podría lograr un bajo cuórum y que algunos legisladores se opusieran a su destitución.
Según mensajes mostrados por Marcela Guerrero, Gamboa alegó que Google le había ofrecido un puesto de gerente en México y que se vería afectado si era despedido del cargo de magistrado.
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Para Ottón Solís, las razones por las que Celso Gamboa debía ser despedido eran básicamente dos: Primero, “porque intentó corromper el Poder Judicial, incidiendo en procesos penales que involucraban a sus amigos empresarios y a sus amigos políticos y, segundo, porque cuando empieza a ser cuestionado construyó una escalada de mentira sobre mentira”.
Aunque la sesión se inició con 44 legisladores presentes en el plenario, a la hora de la votación solamente había 41.
El presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, dijo que le había dado permisos para ausentarse a las liberacionistas Paulina Ramírez, Karla Prendas y Lorelly Trejos, así como Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
En el caso de Ligia Fallas, del Frente Amplio; Ronny Monge, del PLN, y la independiente Carmen Quesada, el jerarca del Parlamento dijo que tenían permiso dado por acuerdo del Directorio legislativo para los viajes en que están.
En cuanto a Gerardo Vargas Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, quienes no estaban, el presidente de la Asamblea dijo que no tenían permiso para ausentarse.
En tanto, Humberto Vargas, de la Unidad, casi nunca asiste a las sesiones plenarias.
Por muchos momentos, la discusión se alejó del asunto principal, sobre si Gamboa debía ser destituido o no, y se centró en debatir si el procedimiento para despedir al magistrado era correcto o no.
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Desde el lunes, se consolidó el criterio de que la votación sería pública y nominal, no secreta, como lo establece el artículo 104 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, para asuntos donde se utilice, análogamente, el procedimiento para suspensión de funcionarios de algún Poder de la República.
Varios socialcristianos, entre ellos Rosibel Ramos, Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, así como el libertario Otto Guevara y el liberacionista Rolando González, estuvieron en contra de la votación pública.
Su argumento es que, con esa decisión, se generan vicios en el procedimiento y se le dan herramientas a Celso Gamboa para que, por la vía judicial, trate de demostrar que su despido fue contrario a la legalidad.
En una opinión contraria, Edgardo Araya, del Frente Amplio, aseguró que a los magistrados no les quedó duda de que Gamboa cometió una serie de faltas contra la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"La prueba de descargo del magistrado Gamboa Sánchez no tuvo el alcance para desvirtuar los cargos", leyó Araya del informe del órgano disciplinario acogido por la Corte Plena.
El frenteamplista leyó fragmentos del informe acogido por la Corte Suprema y enfatizó que, a diferencia de lo dicho por Gamboa, no se le sanciona por su amistad con Bolaños, sino por los actos en que, a pesar de esa amistad, incurrió el magistrado.
Araya recordó que los magistrados pidieron la revocatoria del mandato considerando que, en todo momento, hicieron las gestiones de un viaje a Panamá en conjunto, tanto la compra de los tiquetes de avión, como el registro y salida del hotel en Panamá, así como los viajes de ida y vuelta.
"A causa de esa relación de amistad, el magistrado Gamboa realizó tres injerencias indebidas en asuntos judiciales de Juan Carlos Bolaños", enfatizó el frenteamplista.
Se probó una participación indebida de su parte, machacó el legislador. "No, don Celso, no es porque tiene una amistad con alguien, lo destituimos porque sus actitudes tuvieron un impacto directo en la administración de justicia", indicó Araya.
William Alvarado, jefe de fracción del PUSC, explicó que era necesario retirar la credencial de magistrado a Gamboa por los hechos señalados en los diferentes informes, tanto el del caso del cemento chino, analizado por la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, como en los de la Corte Suprema.
"Hay una cuestión de probidad, de la imagen de la Corte Suprema de Justicia. Además, tenemos que confiar en los magistrados, el análisis que ya había hecho la Corte Plena cuando nos pidió levantar la inmunidad. Ahora que nos piden revocarle el mandato, también tenemos que confiar en los magistrados", dijo Alvarado.
Las razones del despido
Los legisladores destituyeron a Gamboa ante solicitud de la Corte Plena, luego de que un procedimiento disciplinario estableciera que el magistrado penal, actualmente suspendido, se "interesó indebidamente" en asuntos judiciales de Juan Carlos Bolaños.
Además, se le imputó el haber viajado a Panamá en el mismo vuelo que Bolaños, tanto de ida como de vuelta, y el haber instado a su exletrado, Justo Pastor López, a que hiciera tres gestiones relaacionados con asuntos judiciales de interés para Bolaños.
Entre las conclusiones del informe acogido por los magistrados, se determinó que Gamboa es "responsable disciplinariamente" por "haber incurrido en faltas gravísimas en el ejercicio del cargo".
El informe lo halla responsable de “haberse interesado indebidamente en asuntos judiciales vinculados al escándalo del ‘cementazo’ en que figura como interesado su amigo Juan Carlos Bolaños Rojas”.
La Corte da por sentado que Gamboa y Bolaños son amigos, no solo porque ambos viajaron a Panamá en octubre del 2016 y sus boletos se compraron mediante la misma agencia y la misma tarjeta de crédito, sino porque se dio por probado que el magistrado llevó al empresario a consultar sus causas en una oficina del Ministerio Público.
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Y, a pesar de la amistad, el exletrado de Gamboa participó e hizo observaciones en una reunión de fiscales, en la cual se discutía una causa judicial de interés para Juan Carlos Bolaños.
Se trata de la participación de Justo Pastor López Vargas (quien ya fue despedido) en una reunión que el exfiscal auxiliar de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa Solera, le solicitó al exfiscal general Jorge Chavarría, para hablar del expediente contra el exsubgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Guillermo Quesada Oviedo.
Según relató Pessoa en la investigación, cuando él entró a la reunión, el letrado de Celso Gamboa estaba ahí e hizo observaciones, pero él pensó que era un fiscal más.
Pessoa llevaba esa causa seguida contra Guillermo Quesada, exsubgerente del BCR, por supuesta violación al secreto bancario, acusado por Bolaños Rojas y ese Banco.
Entonces, solicitó al Jorge Chavarría una reunión de fiscales que se le dio el propio día, para hablar del tema, y cuando llegó, encontró a Justo Pastor López.
“En esa oportunidad, en la que el señor Pessoa expuso ampliamente el expediente en cuestión, el señor López intervino e incluso le hizo ver al señor Pessoa que la resintalación del señor Quesada había sido acordada en la vía contencioso administrativa, de manera anómala”, relata el informe sobre Gamboa.
Después de eso, López incluso le hizo más de cinco llamadas en 25 días a Francarlo Pessoa para que le informara de las medidas cautelares que se estaban pidiendo en la causa contra Guillermo Quesada.
Esas gestiones de Justo Pastor López se dieron, según determina el informe, por instrucciones de Celso Gamboa
Las injerencias indebidas
En el informe enviado por la Corte Suprema al Congreso, se establece que hubo tres injerencias indebidas de parte de Celso Gamboa en asuntos judiciales vinculados con Juan Carlos Bolaños.
Estas intervenciones son:
-“El 18 de abril del 2017, cuando acudió a las oficinas de la Fiscalía con el citado señor (hecho en el que, lejos de demostrarse la existencia de encuentros casuales o que el magistrado se limitara a señalar el lugar donde se obtenía información, se probó una participación activa y directa de su parte).
-La intervención de su letrado Justo Pastor López Vargas en una causa penal, en la que figura como imputado un señor de apellido Quesada Oviedo, exsubgerente del Banco de Costa Rica, cuyos denunciantes son el Banco de Costa Rica y el señor Bolaños Rojas.
-La intervención de ese mismo letrado, quien visita al fiscal Ricky González Fanguharson para comentar un documento en un expediente judicial (...) seguido contra los diputados Guevara Guth, Morales Zapata, y los señores Bolaños Rojas y Céspedes Salazar”, explicaron los magistrados.
Es más, luego de la declaración de Justo Pastor López, el órgano director del procedimiento administrativo contra Gamboa tuvo por demostrado que sus actuaciones se dieron siguiendo instrucciones del magistrado penal.