“Nosotros no tenemos conocimientos de qué se conversó en estas seis llamadas que se realizan en este periodo corto de tiempo (del 1.° de noviembre al 9 de diciembre del 2015), porque el Ministerio Público no puede faltar a la verdad y decir que se habló específicamente de este caso.
“Sin embargo, es un indicio fuerte para unirlo con otros y para que el Tribunal, haciendo un análisis de la prueba indiciaria, directa, testimonial y documental con la que contamos, logre llegar a la conclusión inequívoca que fue la participación de los encartados en la acción delictiva que atribuye el Ministerio Público.
“Esta comunicación que don Celso (Gamboa) había negado, porque declaró aquí ante el Tribunal que no tenía ni el número de don Johnny Araya, que no había existido comunicación previa y que no había existido una gestión previa se viene dando no solo de forma reiterada, sino que también fuera de horario hábil, lo que no es propio de un usuario ordinario.
“Sabemos que un usuario ordinario, un usuario de a pie, tiene que presentarse al despacho, pedir número del despacho y no va a tener acceso al teléfono celular del fiscal auxiliar, ni del fiscal coordinador, tampoco del fiscal adjunto uno o dos y jamás del subjefe del Ministerio Público para que le atienda diligencias ordinarias dentro del debido proceso (...), esto obedece a una ilicitud como lo ha venido plasmando el Ministerio Público a lo largo de este contradictorio.
“Porque como veremos más adelante, estas llamadas aumentan, se hacen mas frecuentes y vienen a determinar irregularidad”.
El anterior es un extracto de las conclusiones realizadas por la fiscala Melissa Quirós Rodríguez este lunes por la tarde, en el juicio que se sigue contra el actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge; la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla, y el exmagistrado y ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez.
A los tres se les vincula con un presunto delito de tráfico de influencias antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según el ente acusador del Estado, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
Durante cuatro horas, Quirós y su compañero, José Pablo Miranda Hurtado, brindaron una amplia exposición, la cual continuará este martes en la Sala 3 de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea.
La funcionaria dijo que Gamboa mintió en una de las respuestas que brindó ante el Tribunal luego de una consulta de su abogada y hermana, Natalia Gamboa Sánchez, el pasado 25 de febrero, en el primer día del debate.
Ese día, la litigante le consultó a también exministro de Seguridad si él tenía una amistad con Araya Monge y él lo descartó.
“No, no somos amigos. Sé que la esposa de don Johnny es de Limón, porque mucha gente se conoce. Hemos compartido actos protocolarios, yo como ministro de Seguridad o jerarca de la DIS y él como alcalde de San José, pero no somos amigos. Si lo veo en la calle lo saludo, pero no compartimos, no conozco su número de teléfono, nunca llegué a su casa (...)”, afirmó Celso Gamboa hace casi tres semanas.
Procuraduría: ‘A don Johnny Araya se le dio una atención especial’
Por su parte, este mismo lunes pero en horas de la mañana, la Procuraduría General de la República planteó un reclamo civil de ¢42 millones contra Araya, Smith y Gamboa.
La representante de esa institución, Paola Madriz Pérez, especificó que ese monto se divide en ¢12 millones al jerarca municipal y ¢15 millones a cada uno de los exfuncionarios judiciales.
“Los funcionarios incurrieron en un delito (...), ya que a don Johnny (Araya) se le dio una atención especial (...) y cuando esto trasciende a los medios el daño social es mayor”, argumentó Madriz.
Agregó que Gamboa y Smith, a su criterio, violentaron el deber de probidad y destacó que el hecho de no contestar la nota enviada a Araya por parte de Natalia Rojas Méndez, quien para el momento de los hechos era la fiscala adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, constituía una aceptación.
La abogada también destacó que con esta situación la imagen del Poder Judicial se vio dañada.
Desde el inicio, todos los defensores de los imputados han insistido en que no hubo ninguna ilegalidad de sus representados y que eso lo demostrarán en sus conclusiones, programadas para esta misma semana.
El caso
A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, la cual, al final, fue desestimada en marzo del 2016.
Por estos hechos, se abrieron dos expedientes penales, uno contra Gamboa y otro contra Smith y Araya.
No obstante, como en abril del 2019 un total de 39 diputados votaron a favor de destituir a Celso Gamboa como magistrado penal, por interesarse “indebidamente” en asuntos judiciales del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, la acusación se agrupa ahora en un mismo expediente para los tres.
Los hechos que originaron el primer expediente se remontan a diciembre del 2015, cuando La Nación pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.
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Información actualizada a las 6:02 p. m. con conclusiones de la Fiscalía.