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Los defensores de Celso Gamboa Sánchez, Berenice Smith Bonilla y Johnny Araya Monge sondearon, en el juicio por tráfico de influencias contra sus clientes, la forma en la que se obtuvo la información periodística que dio pie a esa investigación.
Se trata de una declaración de la encargada de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas Vindas, la cual fue obtenida por la periodista Mercedes Agüero Rojas, quien luego corroboró y confrontó con los involucrados la información.
A partir de eso, se hizo una publicación en el periódico La Nación, sobre la presunta intervención de Gamboa y Smith para que se realizara una corrección en el sistema informático de la Fiscalía sobre una causa de la que, en su momento, Araya formó parte.
Empero, tiempo después, la misma persona que puso la denuncia por un supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, descartó la participación del actual alcalde josefino en los hechos y, en el 2016, el caso fue desestimado.
La comunicadora Mercedes Agüero fue la primera en testificar en el debate por tráfico de influencias y luego de responder consultas del representante del Ministerio Público, José Pablo Miranda Hurtado, y de Paola Madriz Pérez, de la Procuraduría General de la República, despejó dudas a los abogados de los imputados en esta causa.
La primera fue Natalia Gamboa Sánchez, hermana y una de la representantes del exmagistrado Celso Gamboa.
Ella planteó varias consultas, entre estas la forma en la que se tuvo acceso a la declaración de Vargas.
“El origen es una declaración que nos llega de una funcionaria judicial, pero no basamos la nota en eso, corroboramos que ella había hecho esa declaración, intentamos ampliar con la funcionaria, corroboramos que el nombre de don Johnny (Araya) no estaba en el expediente, hablamos con don Johnny, con don Celso (Gamboa) y verificamos datos de otras publicaciones hechas”, afirmó la periodista.
Poco después fue Federico Campos Calderón, representante de Berenice Smith, quien planteó una serie de preguntas, entre ellas varias referente a la declaración de Vargas.
– Sin violentar secreto de la fuente, ¿en qué contexto consiguió usted la información?
– No le puedo revelar detalles, se filtra la información, esto es usual. Llega información y, a partir de eso, se investiga si es real o no, si es oficial o no y busco todas las partes, es un documento que se me hace llegar con parte de la declaración (de Tatiana Vargas).
– ¿De dónde proviene?
– No sé de donde, solo me llega declaración de un proceso administrativo en la Corte.
– ¿Cómo sabe legitimidad?
– Con las fuentes. Lo primero que hago es corroborar si ella (Tatiana Vargas) hizo esa declaración, intentamos ampliar, nos dijo que era de ella, pero no dio más datos.
En la misma línea, hacia el final de su interrogatorio, Juan Marco Rivero Sánchez, quien representa a Johnny Araya, consultó sobre la forma en la que se obtuvo la declaración.
“En ocasiones se nos hace llegar información por correo electrónico, otras puede ser un sobre con información, hay diversas formas, pero a eso me refiero con que la información fue filtrada, que alguien nos la hace llegar por algún medio, alguien con interés en que esa información sea investigada la hace llegar y a partir de eso se verifica”, puntualizó Agüero.
Rivero también pidió que a la comunicadora se le pida los correos que intercambió con la Fiscalía para una de sus publicaciones; sin embargo, el Tribunal no tomó una decisión inmediata con respeto a esta solicitud, por lo que esta será analizada más adelante.
El debate continuará el próximo lunes con la recepción de la prueba testimonial.
El caso
A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública que, al final, fue desestimada en marzo del 2016.
Por estos hechos, se abrieron dos expedientes penales, uno contra Gamboa y otro contra Smith y Araya.
No obstante, como en abril del 2019 un total de 39 diputados votaron a favor de destituir a Celso Gamboa como magistrado penal, por interesarse “indebidamente” en asuntos judiciales del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, la acusación se agrupa ahora en un mismo expediente para los tres.
Los hechos que originaron el primer expediente se remontan a diciembre del 2015, cuando La Nación pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.
Información actualizada a las 11: 51 p. m. con ajuste de redacción en el cuarto párrafo.
