EscucharCuando se habla de bóveda de un banco, la imagen es de gruesas paredes y una puerta blindada con un complejo sistema de apertura. Y eso fue lo que las autoridades judiciales también esperaban encontrarse cuando trascendió, el 23 de octubre, el robo de ¢3.293 millones del Banco Nacional (BN), en San José.
Sin embargo, lo cierto es que el recinto del que salió el dinero, ubicado en los sótanos del edificio en el centro de la capital, es más parecido a una “oficina con un desorden absoluto”, describió el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, este viernes, en una entrevista con La Nación.
La bóveda, aclaró el fiscal, es en realidad una caja fuerte de un metro y medio de alto, por medio metro de ancho, en la que se guardaba el dinero dentro de la oficina. Está rodeada de anaqueles con bolsas desordenadas, algunas con monedas, papeles sueltos, un escritorio, una silla y una calculadora, según consta en algunas capturas de video, una de ellas del 26 de setiembre, suministradas a este medio por Telenoticias.
Lo pequeño de la caja fuerte demuestra que en el sitio nunca hubo ¢3.293 millones en un mismo momento, sino que las sustracciones fueron periódicas y que se habrían efectuado a lo largo de dos años: “Van tomando las sumas de dinero y al sumarlas, dan esa suma”, indicó Díaz. Explicó que aunque en los sistemas electrónicos bancarios se registraba la realización de arqueos, lo cierto es que estos no se ejecutaban desde el 2019.
Además, la cámara que graba el interior de la oficina tiene un punto ciego, como lo evidencia la imagen suministrada por Telenoticias. Cuando el funcionario bancario abría la puerta de la caja fuerte, dicha puerta se desplazaba hacia el frente del lente, lo cual impedía detectar qué estaban haciendo las manos del trabajador dentro de la armazón de hierro.
De esa manera, el sospechoso, de apellidos Olivas Valle, de 47 años y quien ejercía como tesorero de Procesamiento de Efectivo en esa misma área, habría sacado fajos de dinero, los cuales colocaba en una mesa lateral, a su derecha, que estaba parcialmente tapada por la caja fuerte. Allí, de espaldas a la cámara, el investigado introducía los billetes en sobres de manila, puntualizó el fiscal general.
Sin embargo, de toda esa maniobra, lo único que se aprecia claramente en las grabaciones es que el sujeto salía con sobres de manila doblados con la forma típica de fajos de billetes. Luego pasaba por un primer control de seguridad y saludaba al vigilante que estuviese allí. Continuaba hasta su casillero (locker) y echaba los sobres dentro de un salveque.
Por último, salía a la calle con el salveque, pasando por el último puesto de control, donde incluso le regalaba confites al guarda, que era contratado a una empresa privada. En ninguno de los puntos de control era requisado y así consta en las 10 grabaciones que pudo revisar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entre el 17 de agosto y el 26 de setiembre de este año.
“Usted se imaginaba una defraudación muy elaborada, no algo tan sencillo como en realidad ocurrió. Fue algo muy sencillo porque les dieron la facilidad. Entonces, cuando usted tiene esa facilidad, ellos se confiaron y no hubo ningún control, y ahí tenía que haber control, porque para eso están otras cadenas de mando que tenían que verificar lo que él hacía. Al no haber control interno, entonces, permitió esa sustracción y de alguna manera que ellos se confiaran. Eso no puede ser. ¿Cómo en un banco no va a haber una auditoría?, se cuestionó Díaz en la relación con la última, en 2019.
Con respecto a los otros imputados en la causa, el fiscal general afirma: “No descartamos que haya colusión con otros imputados y entonces estos obtenían un beneficio”.
Robo con denuncia tardía
El robo de los ¢3.293 millones se conoció oficialmente el 23 de octubre cuando el Banco Nacional, en conferencia de prensa, luego de que trascendieran noticias con fuente anónima, reconoció que tenía un faltante en sus bóvedas. Las autoridades del ente bancario se esperaron hasta la tarde de ese mismo día para presentar la denuncia, pese a que tenían certeza del desfalco desde 20 días atrás.
Tras la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y el OIJ, las autoridades judiciales desplegaron 11 allanamientos este miércoles 8 de noviembre que permitieron la captura de ocho personas.
Los detenidos son el tesorero de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Olivas Valle; un contador, apellidado Hernández Saborío, tres supervisores de procesamiento de efectivo, de apellidos Ramírez Sandí, Ugalde Morales y Blanco Oviedo y un oficial de seguridad externa que es de apellidos Bolaños Zúñiga.
También se arrestó a una mujer de apellidos Cerdas Méndez, autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo y al jefe de Tesorería, de apellidos Madrigal Faerron. Este último se acogió a la jubilación el 4 de octubre y era el encargado de supervisar a Olivas.
Olivas, quien aparece en las cámaras con los sobres de manila es, hasta ahora, al único al que se le atribuye la sustracción.
La Fiscalía señala que en este caso se persigue el delito de peculado, que tiene una pena de 3 a 12 años. Además, no se descarta tampoco que hubiese ocurrido lavado de dinero, pues Olivas apostaba entre ¢100.000 y ¢3 millones diarios en loterías oficiales y clandestinas.
Lo que ganaba en dichas apuestas lo depositaba en su cuenta bancaria y de esa forma, convertía el dinero sustraído, en dinero limpio de la lotería. Precisamente, la mañana que detuvieron a Olivas, el sujeto portaba ¢300.000 en efectivo. Sin embargo, era una persona que no hacía ostentación de dinero pues, según contó el fiscal general, hubo quienes le decían “por qué si invertía tanto en lotería no se compraba carro y él decía que no le interesaban las cosas materiales”.
Las cámaras de seguridad del banco solo almacenan grabaciones de los últimos 45 días, aunque, como indicó Carlo Díaz, la sustracción se dio en un largo periodo.
El fiscal general sigue cuestionando que los allanamientos se realizaran tardíamente, por la respuesta tan lenta del BNCR.
“Esa evidencia se vio afectada por la presentación tardía de la denuncia, o el no querer denunciar. Porque esa persona andaba el día que lo detienen, ¢300.000 en efectivo. O sea, que sabiendo que lo estaban investigando, y anda esa suma, si lo hubiéramos hecho con sorpresa, como se hacen normalmente los allanamientos y las investigaciones, quizás hubiéramos podido encontrar más, o más evidencia. Pero cuando a usted lo sacan por sospechas del banco (lo suspendieron el 22 de octubre), obviamente, usted va a tratar de deshacerse de la evidencia que lo pueda vincular, eso afecta las investigaciones, por eso nosotros hacemos la crítica de que se pusiera tan tarde la denuncia, porque eso afecta la investigación”, criticó.
